Jueza Ralenis Tovar Guillén decidirá
en el caso de Leopoldo López
■ Para la Fiscalía Voluntad Popular es un “grupo criminal”.
■ Solo tres de los 75 testigos no laboran en el Ministerio Público o el Cicpc.
■ A la audiencia preliminar debe participar el dirigente opositor, quien permanece detenido desde el pasado 18 de febrero en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques).
Caracas.- 8 de mayo. Este es el día en el que la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, decidirá si autoriza o no el enjuiciamiento del líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, por los destrozos sufridos por la sede principal del Ministerio Público y la quema de seis patrullas registrados al finalizar la marcha opositora del pasado 12 de febrero.
La funcionaria fijó para ese día, a las 10 de la mañana, la audiencia preliminar, acto en el que la funcionaria luego de escuchados los argumentos de los fiscales y la defensa decidirá si ordena que el opositor se siente en el banquillo para responder por los delitos de incendio, daños a la propiedad, instigación y asociación para delinquir por los que fue acusado el pasado 4 de abril.
La información la suministraron fuentes judiciales, las cuales revelaron que la suerte de los seis estudiantes detenidos el 12 de febrero y señalados de destruir las patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) será decidida el próximo 30 de abril.
Grupo criminal:
Voluntad Popular no es un partido político que persigue el poder por medios lícitos y pacíficos, sino que es una “estructura criminal” cuyo “fin principal es la salida del poder del Presidente de la República” a cualquier costo.
Así ve el Ministerio Público a la organización fundada por el exalcalde de Chacao, Leopoldo López; y así lo dejó plasmado en la acusación que interpuso contra él el 4 de abril como presunto planificador de los sucesos registrados al finalizar la marcha opositora del pasado 12 de febrero.
En el escrito, de 228 páginas que ya reposa en el Tribunal 16 de Control de Caracas y al que El Universal tuvo acceso, no solo se responsabiliza al dirigente por los destrozos que sufrió el edificio donde la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho y por la quema de las seis patrullas de la policía científica (Cicpc), sino que también se le señala de querer incitar una revuelta que provocara la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, aunque no se le acusó de rebelión.
Además de decenas de fotografías, videos, triangulaciones telefónicas y otras experticias, los fiscales pidieron a la jueza Ralenis Tovar que les permita llamar al estrado a 75 personas, cuyos testimonios aseveraron demostrarán la culpabilidad de López.
No obstante, en el documento solo se aporta la declaración de cuatro testigos presenciales del ataque al edificio del Ministerio Público, todos funcionarios de seguridad de ese organismo. Pese a que los cuatro coincidieron en señalar que el opositor estuvo en la concentración y arengó a los manifestantes, sólo uno aseveró que le escuchó a éste decir que “no se iban a mover hasta que bajara la bruja mayor (por la Fiscal General), y que sino iban a quemar” la sede.
Sobre los testigos y expertos es de destacar que de los 75, 55 son funcionarios del Cicpc, 14 del Ministerio Público, 3 de la Guardia Nacional y solo tres particulares.
La lengua, castigo del cuerpo:
Otro elemento en que el Ministerio Público sustentó su acusación fue en las conclusiones de un estudio de cuatro discursos del acusado, en los cuales llamaba a los venezolanos a participar en “La Salida”, el cual fue realizado por la profesora de la Universidad de Los Andes, Rosa Amelia Asuaje.
“Para mí, lo que sucedió el día 12 de febrero de 2014 en horas de la tarde, frente a la Fiscalía es una muestra de que la incitación de un líder político a luchar en las calles para salir de un Gobierno constitucional puede generar actos erráticos, desesperados y muy probablemente, violentos”, concluyó la catedrática, quien es integrante del colectivo oficialista Clase Media Revolucionaria.
Para los fiscales que López declarase el 23 de enero que “tenemos que salir a conquistar la democracia” es otro elemento que la justicia debe tomar en cuenta, pues “su fin no era otro que sembrar la idea en sus seguidores, que solo la calle podía generar un cambio, invitándolos a ser protagonistas, con el fin de desconocer la legitimidad del Ejecutivo Nacional”.
Por: Juan Francisco Alonso
jalonso@eluniversal.com
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EL UNIVERSAL
jueves 10 de abril de 2014
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