La policía política no está facultada
para controlar el orden público
■ En varios videos aparecen funcionarios del Sebin.
■ Eduardo Guzmán Pérez y Rocío San Miguel exigen que todos los funcionarios que dispararon sean investigados
No es suficiente que el presidente Nicolás Maduro haya admitido que la policía política se encuentre fuera de su control, porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia está adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores; es decir, un órgano del Ejecutivo nacional por cuyos eventuales excesos debe responder el jefe del Estado. Así lo explicaron el sociólogo militar Eduardo Guzmán Pérez y la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Guzmán Pérez indicó que en la práctica la policía política reporta directamente al Presidente de la República y esto lo hace responsable de sus actuaciones. “Lo que dijo Maduro sobre la salida a la calle del Sebin el 12-F, pese a tener instrucciones de no hacerlo, revela que el organismo no responde a líneas de mando y a las órdenes de operaciones”, insistió.
Guzmán Pérez considera que el primer mandatario desconoce el funcionamiento del Sebin, pues el término de acuartelamiento está reservado para las instituciones militares: “A sus funcionarios del Sebin se les coloca a las órdenes de sus oficinas generales”.
Dijo que si un funcionario de la policía política desobedece las instrucciones superiores tiene que ser sometido a sanciones disciplinarias, entre ellas la suspensión del servicio.
Y si se presume de la comisión de un delito, debe ponerse a la orden del Ministerio Público.
Oficialmente la Fiscalía no ha informado sobre sus actuaciones con respecto a funcionarios del Sebin.
Averiguaciones:
Fuentes extraoficiales informaron que el comisario del Sebin Melvin Collazo, presentado por Fiscalía ante un tribunal de control el sábado por su presunta implicación en los hechos del 12 de este mes en la tarde entre las esquinas de Monroy y Tracabordo en Candelaria, no estaría implicado en la muerte de Bassil Dacosta, de 24 años de edad, ni en la de Juan Crisóstomo Montoya González, de 47 años. La detención de Collazo, que está preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar, habría ocurrido por haber accionado un arma de fuego, reveló una fuente.
El Cicpc prosigue las experticias de comparación balística con las armas de funcionarios del Sebín que estaban en el lugar del suceso con el fin de establecer cuál de ellos ocasionó la muerte de esas dos personas. En varios videos aparecen funcionarios del Sebin accionando armas de fuego entre Ferrenquín y Tracabordo. En esta última esquina cayó herido gravemente Dacosta.
El primero en ser alcanzado por un proyectil fue Montoya, que murió en la clínica La Arboleda. Recibió un tiro en la cara. Se informó que Collazo también habría laborado en Policaracas y, por tanto, conocía a Montoya González. La investigación se orienta a establecer qué hacía en el sitio Montoya González, que si bien aparecía en la nómina de Policaracas, no era funcionario activo. Tenía años figurando en esa nómina.
Cacería de brujas:
“Maduro salió con esta excusa de último momento al verse arrinconado por la contundencia de las fotografías y videos que registraron las diversas oportunidades en que funcionarios del Sebin dispararon armas de fuego, prohibidas por la Constitución, contra los manifestantes en los alrededores de la Fiscalía”, afirmó San Miguel.
La directora de Control Ciudadano recordó que solo Melvin Eduardo Collazo Rangel habría sido puesto a la orden de la Fiscalía y los tribunales penales: “Lo ponen a derecho porque fue uno de los pocos que utilizó un vehículo, específicamente una motocicleta, con placas del Sebin, pero es un hecho publico y notorio que en la represión de la manifestación había muchos más funcionarios de ese organismo de inteligencia”.
Lamentó que el Ministerio Público no haya divulgado los delitos que se le imputan a Collazo Rangel y que solo de manera extraoficial se sepa que fue remitido a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
La defensora de derechos humanos considera que absolutamente todos los funcionarios del Sebin que actuaron contra los manifestantes el 12 de febrero tienen que ser investigados, y que el director, general del Ejército Manuel Gregorio Bernal Martínez, debe ser removido del cargo y sometido a consejo de investigación.
“También se incurre en delito por omisión”, agregó.
San Miguel sostiene que Maduro narra una cacería de brujas que permite presumir una ruptura en las filas del Sebin; y que Juan Montoya, integrante de un colectivo oficialista asesinado en la marcha estudiantil, pudo ser víctima de ajusticiamiento como brutal estrategia de unos contra otros.
“La participación de Montoya, que había estado involucrado en varios hechos de violencia y durante muchos años trabajó con Freddy Bernal, apunta en este sentido”, enfatizó.
No podían estar armados:
Los cuerpos de seguridad del Estado encargados de controlar el orden público son la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales y la Guardia Nacional Bolivariana; en ningún caso el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, explicó el abogado criminalista Fermín Mármol García.
“Lo único que podría hacer el Sebin en una marcha es labores de inteligencia, y para eso tenían que estar desarmados y sin placas”,dijo.
Mármol denunció que en Venezuela las instituciones policiales no cumplen con las funciones que claramente les son atribuidas por ley.
La Ley de la Policía Nacional Bolivariana establece en el artículo 43 que este cuerpo y las policías de los estados tienen atribución de controlar las manifestaciones que comprometan el orden público, mientras que el artículo 328 de la Constitución le da poder a la FANB para cooperar en el mantenimiento del orden interno.
Por: Sofía Nedder
Sandra Guerrero
Edgar López
Diana Lozano Perafán
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Caracas, martes 18 de febrero, 2014
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