Exigen el respeto de la
libertad de información
■ ONU Repudian la violencia.
■ Piden activar Carta Democrática.
■ Cerca de 90 manifestantes desaparecidos.
■ Deben garantizar el derecho a la protesta.
■ Alianza por la Libertad de Expresión pide al gobierno el cese del hostigamiento contra periodistas, y a los editores actuar sin temor.
Al analizar la escasa divulgación de la manifestación estudiantil del 12 de febrero, así como su desenlace violento, la Alianza por la Libertad de Expresión llegó a dos conclusiones: 1.- La recurrente política de Estado contra los medios de comunicación que le son adversos y sus periodistas causó un silenciamiento informativo, y 2.- Los editores, propietarios de medios e intermediarios en la distribución de canales deben rendir cuentas sobre los mecanismos que aplican para ocultar información y, al mismo tiempo, denunciar las presiones que reciben.
La coalición de organizaciones no gubernamentales dedicada al fomento y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información denunció por igual la censura y la autocensura.
Identificaron como un antecedente determinante el comunicado del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emitido el 11 de febrero en la noche. En el documento se indica: “El directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífi ca de los confl ictos”.
La alianza considera que el comunicado constituye un mecanismo institucionalizado de amenaza y coerción para los medios radioeléctricos y contribuyó al silenciamiento de eventos informativos en las estaciones de radio y televisión.
“Fue evidente que las movilizaciones pacíficas no tuvieron cobertura en directo por los medios locales. Todo ello contribuyó a que circularan rumores e información no verifi cada y generó incertidumbre en amplios sectores de la sociedad”.
Para mayor gravedad, indican las ONG: “Alrededor de las 6:00 de la tarde del 12 de febrero de 2014 las cableoperadoras de Venezuela Movistar y DirectTV eliminaron de sus canales disponibles la programación de noticias NTN24. Era el único canal de televisión que transmitía información”.
Las exigencias también fueron dirigidas a los medios: “Cumplan su deber de informar a la colectividad sobre los hechos noticiosos que sucedan en el país, venciendo el temor y actuando con responsabilidad profesional”.
Sobre la orden gubernamental de excluir a NTN24, una fuente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción dijo que las compañías del gremio no son responsables directas de los contenidos de los canales. Sin embargo, reconoció que son corresponsales por transmitirlos, lo cual les podría acarrear sanciones. Admitió que esto sentará un mal precedente en el sector.
Desde Miami, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero denunció otros atropellos: “Haciendo uso abusivo de las cadenas de radio y televisión, (el gobierno) impidió que los medios radioeléctricos informaran. También algunos medios, de manera vergonzosa, optaron por la autocensura cuando todavía podían transmitir”.
Cerca de 90 manifestantes desaparecidos:
El paradero de por lo menos 90 manifestantes que participaron en la marcha del miércoles seguía sin conocerse al cierre de esta edición, según abogados y dirigentes universitarios.
José Vicente Haro dijo que no han podido ser ubicados en las sedes del Cicpc en Parque Carabobo y del Sebin ni en el CORE 5 de la GNB, lugares a los cuales fueron trasladados los detenidos.
Piden nombres, números de cédula y fotos a los familiares de los buscados para que los apresados que van siendo dejados en libertad puedan identificarlos. De esta forma han confeccionado las listas de detenidos y desaparecidos.
Tammy Suárez, presidente de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, indicó que manejan una lista de 20 universitarios desaparecidos, aunque todavía no pueden confirmar sus nombres debido a que algunos familiares se niegan a entregar datos personales por temor a represalias. Tres serían estudiantes de la UCV.
Ayer en las redes sociales fueron reportando la aparición de varias personas. Habían estado detenidos y Haro denunció que algunos de los liberados presentaban señales de violencia física.
La ONU y la violencia:
Amérigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a los venezolanos a abstenerse de recurrir a la violencia y a privilegiar en todo momento los espacios de diálogo.
“Acudir a la violencia no es el medio para reivindicar derechos”, afirmó.
El funcionario considera que el Estado debe garantizar en todo momento el debido ejercicio del derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de opinión y expresión.
“Estos derechos son fundamentales e indispensables en una democracia dinámica”.
Solicitó que se investiguen las denuncias sobre participación de grupos armados en los hechos violentos, los excesos policiales y militares, así como en ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas que cubrían las manifestaciones.
Incalcaterra urgió a las autoridades venezolanas a que garanticen el pleno respeto al debido proceso y que las personas detenidas sean llevadas sin demora ante la justicia para ser juzgadas dentro de un plazo razonable o puestas en libertad.
Piden activar Carta Democrática:
El jurista Asbrúbal Aguiar solicitó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que se convoque un consejo permanente. “Que analice y considere la grave deriva dictatorial que ha tomado el gobierno del señor Nicolás Maduro”, se indica en la misiva que envió ayer.
El abogado fundamentó su petición en la represión de las manifestaciones pacíficas, en el número de homicidios del año pasado y en la escasez de alimentos e insumos médicos.
Resalta que la Carta Democrática Interamericana precisa que la democracia es un derecho de todos los ciudadanos y que los gobernantes deben promoverla y defenderla.
“No se trata, por ende, de una dádiva de los gobernantes de turno, como lo juzgan algunos gobernantes que la desconocen en la región”, se lee en la carta firmada por el jurista venezolano.
Aguiar sostiene que el gobierno del presidente Nicolás Maduro reprime a la oposición política, trastoca la libertad de expresión a través de la hegemonía comunicacional y promueve la acción de los “colectivos populares” armados..
Por: Carmen Sofía Alfonzo A.
Edgar López / Boris Saabedra E.
Franz Von Bergen
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El Nacional
Caracas, viernes 14 de febrero, 2014
