El gobierno ha transferido estructuras
castrenses a ministerios
■ Maduro ha designado a 368 militares en altos cargos.
■ Se debilita el principio de subordinación de la FANB al poder civil.
■ Los analistas Eduardo Guzmán Pérez y Francine Jácome creen se perdió la subordinación militar al poder civil.
■ El contralmirante Luis Cabrera Aguirre sostiene que la organización armada forma gerentes que cooperan con el desarrollo nacional.
El investigador Eduardo Guzmán Pérez precisó que en los últimos 15 años 1.614 funcionarios castrenses se han incorporado a la administración pública.
“Aquí se maneja la tesis del gendarme necesario. Este compromiso del sector militar en la conducción del Estado lo hace partícipe de la corrupción. El gobierno está militarizado y esta es la única forma de que se mantenga la revolución, pero solo una cúpula respalda a Maduro”, afirma Guzmán Pérez.
A contracorriente:
Francine Jácome, presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, indica que la tendencia en los países de América Latina es disminuir la participación de uniformados en la conducción del Estado.
De suma confianza:
Entre los más cercanos al presidente están los mayores generales Wilmer Barrientos (Despacho de la Presidencia), Miguel Rodríguez (Interior y Justicia) y Hebert García (Defensa de la Economía).
La política iniciada en 1999 por el comandante Hugo Chávez de colocar militares en funciones de gobierno ha sido fortalecida por el presidente Nicolás Maduro durante este año.
El sociólogo Eduardo Guzmán Pérez señaló que de los 183 años de la historia republicana del país los uniformados han gobernado 140 años.
Las investigaciones de Guzmán Pérez, especialista en historia de la Fuerza Armada y estudios de Estado Mayor, lo llevan a contar que en los últimos 15 años cerca de 1.614 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y ejercen cargos en la administración pública.
Aseguró que 1.246 fueron designados por Chávez y 368 por Maduro. Refirió que los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas.
“Maduro es un instrumento del brazo armado del Estado, fundamentalmente del Ejército. Este mecanismo viene desde cuando Gómez tenía la prevalencia de la fuerza y a Chávez le tocó esa herencia perversa.
Aquí se maneja la tesis del gendarme necesario, según la cual un militar es quien debe gobernar el país. Este compromiso del sector militar en la conducción del Estado lo hace partícipe de la corrupción; el gobierno está militarizado y esta es la única forma de que se mantenga la revolución”, sostuvo.
Recordó que el sustento de Chávez fue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente el Ejército, de donde él era originario, pero consideró que “una pequeña cúpula militar” respalda a Maduro.
Guzmán Pérez subrayó que con el exceso de militares en cargos públicos se evidencia que no se cumple la subordinación de la FANB al poder civil, lo que significaría aplicar controles sobre la institución.
Antipolítica:
La presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Francine Jácome, señaló que contrario a la tendencia de los países de la región, que tienen cada vez menos militares en cargos públicos, el gobierno ha tenido un retroceso al acrecentar el número de uniformados en puestos clave, lo cual les concede mayor autonomía.
“No se han producido pasos importantes para que los civiles ejerzan un mayor control sobre los sectores de seguridad y defensa, y cada vez es menor la posibilidad de que los militares acepten un control civil.
En los primeros ocho meses del gobierno de Maduro se ha evidenciado una profundización del papel de la FANB en la gobernabilidad del país. Se está ante un líder civil que depende de la Fuerza Armada como uno de los pilares fundamentales para mantenerse en el poder”, aseveró.
Jácome enfatizó que hay tres indicadores importantes que evidencian el debilitamiento del control democrático y civil sobre la organización castrense: la participación creciente de militares en las estructuras gubernamentales no solamente del gobierno nacional, sino también de los estatales y municipales; mayor partidización de los mandos y la continuidad en la militarización de la sociedad.
Advirtió que se desarrolla “la antipolítica militar”. Jácome indicó que desde diciembre de 2012 el gobierno asumió decisiones que evidencian la influencia de la FANB sobre la estructura del Estado. Destacan la creación del Comando Político Militar, con participación del Alto Mando, la presencia de militares en el gabinete de Maduro, la conformación de un Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo y de las regiones estratégicas de desarrollo integral, algunas de las cuales son dirigidas por oficiales en situación de retiro; además de la instalación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, dirigido por un militar con el grado de mayor general.
Otro aspecto llamativo es la transferencia a la administración pública dela estructura castrense del Estado Mayor.
Esta figura servirá como instancia de análisis y asesoría para la toma de decisiones y las políticas ministeriales. 
Gerentes:
El contralmirante retirado Luis Cabrera Aguirre, miembro del Estado Mayor Presidencial, explicó que la presencia de militares en cargos públicos obedece a uno de los objetivos reservados a la FANB en el artículo 328 de la Constitución: la participación activa en el desarrollo nacional.
“El empleo de los militares en cargos públicos se evaluará según los resultados que puedan obtener, los oficiales con altos grados han hecho muchos cursos y los estudios de Estado Mayor los capacitan para ser gerentes. Todo el mundo cree serlo, pero un gerente es quien es capaz de ser eficiente en el cargo con el menor trauma posible. Muchos de los problemas de la administración pública son porque no hay gerentes”, indicó.
Cabrera Aguirre reconoció que hay algunas desventajas como el hecho de que el militar está acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedezca. Señaló que en algunos casos los uniformados terminan contagiándose de la dinámica de los civiles en los entes del Estado.
Lamentó que algunos militares hayan incurrido en hechos de corrupción, pero resaltó que el uniforme no implica vicios en los cuales también pueden caer otros profesionales y que en la FANB se aprende a cuidar más el expediente de la carrera.
“Me parece válido que los militares hagan valorar los objetivos de la Constitución para la consecución del bienestar del país”aseveró.
El contralmirante enfatizó que la FANB no ha abandonado sus funciones de la seguridad y defensa del país.
Golpistas piden regresar a la Fuerza Armada:
“Estamos dispuestos a dar la vida por este reclamo, tal como estuvimos dispuestos a darla en 1992”, dijo un teniente de fragata que pidió no ser identificado. Militares que participaron en los golpes de Estados del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 acudieron ayer al Tribunal Supremo de Justicia para exigir respuesta del amparo que presentaron el 23 de octubre, en el que solicitan que se cumpla el decreto número 8796, del 6 de febrero de 2012, en el que el comandante Hugo Chávez ordenó la reincorporación de los insurrectos y el reconocimiento de sus beneficios sociales.
El mayor retirado de la Aviación Victor Colmenares señaló que recurrieron al TSJ luego de que el Tribunal Octavo Contencioso Administrativo falló en su contra. Advirtió que estarán en la calle antes de que se venza el decreto, en febrero de 2014, puesto que la vigencia dada por Chávez para su aplicación fue de dos años.
Colmenares indicó que en 2012 se inició el proceso administrativo en el Ministerio de la Defensa y en los componentes castrenses, pero aseguraron que solo se ha beneficiado a quienes tienen cargos clave en la revolución. Reclaman que haya justicia social desde los grados inferiores. Calculan que hay más de 2.000 insurrectos que esperan que se cumpla la instrucción firmada por Chávez.
Privilegios:
Aunque aseguran que siguen con la revolución, critican que haya privilegios como la resolución 002660 del Ministerio de la Defensa, del 27 de septiembre, en la que se resuelve el otorgamiento de 100% de la pensión de retiro a 143 militares. Figuran el capitán y actual diputado Pedro Carreño Escobar; los tenientes Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional; Raúl Álvarez Bracamonte, también diputado; Rafael Isea Romero, ex gobernador de Aragua, y Jesse Chacón Escamillo, ministro de Energía Eléctrica, entre otros.
Los militares que exigen respuestas han acudido a Miraflores, donde los recibió el jefe de la Casa Militar, y a la Asamblea Nacional. Ayer cerraron por unos minutos la avenida Baralt. En el grupo hay varios que formaron parte del batallón de paracaidistas y algunos quedaron discapacitados durante las insurrecciones. Aseguraron que el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, mayor general Miguel Rodríguez Torres, habría mandando a un militar para que dispersara la protesta ante el máximo tribunal.
Por: Sofía Nederr
snederr@el-nacional.com
@snederr
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Caracas, jueves 26 de diciembre, 2013
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