Las distintas acusaciones
contra el “clan los Parra”
■ Desde hace más de un año el panorama de recolección es poco.
En un rompecabezas todavía incompleto convergen las peculiares incriminaciónes de los Parra. Una de las piezas es el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), encargado de la recolección de desechos en la ciudad. Por esta pieza, que no termina de encajar, los concejales de Valencia solicitaron en mayo de este año, iniciar una investigación exhaustiva para hallar irregularidades en el sistema de recolección de desechos sólidos por las fallas en el servicio, deudas no canceladas y la acumulación de desperdicios en las principales calles de la ciudad. Aún no hay resultados.
Desde hace más de un año el panorama de recolección es poco claro en el ámbito legal y presupuestario. A pesar de las acusaciones y peticiones de los empleados del aseo, pocos esfuerzos se realizaron para determinar qué sucedía realmente con el IMA, que hasta hace poco estuvo dirigido por Diego Castro. Este funcionario cubrió el reposo pre y posnatal de Claudia Camilli, quien varios meses después de su reincorporación fue trasladada al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la noche del lunes 14, de octubre por las acusaciones de corrupción contra el alcalde Edgardo Parra.
En la ciudad varias cooperativas prestan el servicio. Pero, en una época donde se habla de igualdad de condiciones laborales, solo unas pocas recibían los pagos a tiempo y por montos superiores al resto. También les otorgaban vehículos nuevos, que posiblemente fueron comprados por la alcaldía a la empresa estatal Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca C.A). Se intentó verificar la información con la compañía a través de los números telefónicos que aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y en la página oficial, pero fue imposible.
Con su domicilio, según el RNC, en la avenida Branger del barrio 13 de Septiembre, en la parroquia Santa Rosa, la cooperativa La Lucha Continúa parece una de las más favorecidas por el ayuntamiento. Pagos puntuales y dotación de camiones llaman la atención.
El 10 de octubre, en una protesta en los alrededores de la plaza de toros, trabajadores de La Lucha Continúa se quejaron de maltratos de los dueños y la falta de pago. Señalaron a Edgardo Manuel Parra Guardia como propietario de la cooperativa, pero su verdadero dueño sería Leiver Vega. A propósito de esta declaración, se supo que entre los bienes de Parra Guardia estarían las cooperativas Los Ojos 2031, Sócrates y 7 de Octubre, a esta última se le acredita la propiedad.
Se conoció que la vinculación de Parra con la organización Sócrates fue la siguiente: los hermanos Roger y Ronald Garcés tenían un contrato con el Instituto Autónomo Municipal de Vialidad (Iamvial) por labores de mantenimiento y de vialidad en el Cementerio Municipal de Valencia.
Por mediación de James Bell Smythe, detenido por el Sebin desde el 11 de octubre, los hermanos alquilaron la empresa Sócrates con oficina en el centro comercial Reda Building, allí le cedieron un cubículo a Victoria Eugenia López-Pando quien ejercía las funciones administrativas y fue detenida junto a Bell Smythe. Los Garcés se convirtieron en los representantes legales de Sócrates, organización que presta el servicio de recolección de basura y que recibe con puntualidad los pagos.
El Carabobeño tuvo acceso a diferentes oficios, contratos, detalles de pagos y deudas del IMA con las operadoras. Los montos otorgados de enero a abril de este año varían, de mayor a menor se ubican de la siguiente manera: Urbaser que opera en la Zona Industrial y en el norte de Valencia recibió en los cuatro primeros meses 15 millones 400 mil bolívares. La Lucha Continúa 13 millones 346 mil 512, 68 bolívares. Inversiones y Servicios CT dos millones 800 mil bolívares y Cinco Ejes dos millones 135 mil 573, 95 bolívares.
La cancelación a La Lucha Continúa durante el año 2013 se hizo en las siguientes fechas: el 20 de febrero el monto fue de tres millones 071 mil 162, 37 bolívares, el 28 de febrero un millón 286 mil 626, 29 bolívares. En marzo la cancelación se hizo el 26 y fue de dos millones 739 mil bolívares. En abril los pagos se iniciaron el 4 con 650 mil 879, 69 bolívares, el 10 con 400 mil bolívares ese mismo día se realizó un depósito por 100 mil bolívares. El 12 de abril un millón 182 mil 987,14 bolívares ingresaron a la cuenta de la cooperativa, el 24 de abril hubo dos pagos uno de un millón bolívares y otro de un millón 415 mil 857,19 bolívares. El 30 fueron tres cifras, 100 mil bolívares, un millón 200 mil bolívares y 200 mil bolívares
El ahogo a las pequeñas organizaciones fue evidente así como la vía a la quiebra, pues el pago iba acompañado de retrasos. El 27 de mayo de 2013 Cinco Ejes, envió una comunicación a Diego Castro alegando que la deuda generaba un desequilibrio económico. Aseas, otra operadora que atravesó las mismas dificultades, adelantó la culminación del contrato y cesó relaciones con el IMA el 24 de diciembre de 2012.
Las denuncias de los operadores por los retrasos de 2010, 2012 y 2013, fueron relegadas. El alcalde desvió la responsabilidad hacia la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que adeudaba a la municipalidad por el concepto de cobro de la tarifa de aseo, la cantidad de 59 millones 198 mil 740, 18 bolívares, monto que habría sido cancelado al parecer cuando Castro le hizo la suplencia a Camilli.
Recientemente uno de los empleados de La Lucha Continúa, declaró vía telefónica que luego de la manifestación se normalizó el pago. No ofreció mayores detalles, al igual que otros consultados, aparentemente por temor a represalias.
Sebin allanó apartamento en Bosque Encantado
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la madrugada del pasado jueves un apartamento del edificio Bosque Encantado, al norte de la ciudad, donde presuntamente habitaba el ex director de Hacienda de la Alcaldía de Valencia, Alberto Terán.
Se conoció que alrededor de siete funcionarios participaron en el operativo, quienes forcejearon la cerradura para ingresar al apartamento 3C con una orden emanada por el Juzgado noveno de Control de Carabobo.
Aunque los funcionarios no consiguieron objetos de interés criminalísticos, observaron dos maletas llenas de ropa cerca de la puerta, como para huir inmediatamente del lugar. Terán vivía en el inmueble alquilado hace aproximadamente dos meses atrás.
Según los vecinos los funcionarios quedaron en regresar el pasado viernes para llevarse una camioneta Toyota Four Runner, gris oscura, placa AC251ND, presuntamente propiedad del sujeto, pero en horas de la mañana fue retirada del estacionamiento por un amigo de confianza del exfuncionario, a pesar de estar solicitada.
Ilegalidad en contratos y operaciones:
A principios del año pasado la concejal por la parroquia San José, Gladys Valentiner, entregó un informe ante la cámara y la Contraloría. No recibió respuestas a sus denuncias, entre las que resaltan la prórroga en el contrato de Urbaser bajo el argumento de addendum, es decir sin realizar el procedimiento de licitaciones establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.Valentiner explicó que la estrategia utilizada por la alcaldía fue irregular, pues con el addendum solo se modifican los contratos, extendiendo y cambiando las fechas sin que se respete el debido proceso de contrataciones. Actualmente Urbaser, con una concesión de 10 años, funge como operadora y recolectora del impuesto, esta última actividad era realizada por Corpoelec. En torno a los vehículos de recolección también giró la incertidumbre y el rumor. Una comisión de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se encargó de la verificación de los títulos de propiedad de los camiones, pero, hasta la fecha no hay información pública del procedimiento y costo de los bienes. En el oficio consignado a la Contraloría, Valentiner expuso que los vehículos eran propiedad del municipio pero el ayuntamiento realizó un contrato para que fueran operados en la zona 5, norte de la ciudad, es decir que un tercero los manejaba y cobraba por este servicio, a pesar que los camiones eran del municipio.
Crédito ilegal
Para solventar el “defase administrativo” del IMA, supuestamente generado por la empresa eléctrica, el 8 de abril de 2013 Castro pidió al alcalde Parra que solicitara un crédito adicional para solventar la deuda con las operadoras que era de 80 millones 409 mil 270,74 bolívares hasta el 31 de marzo de 2013. Con el pago de Corpoelec la diferencia sería de 21 millones 210 mil 530, 56 bolívares, pero el crédito solicitado por el instituto fue de 40 millones 204 mil 635,37 bolívares.Valentiner explicó que la diferencia, que fue justificada en el documento del IMA porque sería distribuida para los pasivos, creación de un fondo y la repotenciación de las máquinas, pero detalló que desde el punto de vista administrativo es ilegal porque los servicios deben cancelar sus deudas con la recaudación que realicen y no por la obtención de los recursos municipales.
Por: Ana Rodríguez Brazón
Beatriz Oliva
Politica | Opinión
Oficialismo | Psuv
Corrupción | Psuv
Ciudad | Valencia
Judicial | Cárceles
sábado 19 de octubre, 2013
Tweets about “VALENCIA Recolección de basura en gestión Parra negocio “
