La cuenca del lago de Valencia es el
lugar donde flota la indiferencia
■ Las brisas que surcan la cuenca del Lago de Valencia agitan la pestilencia y la desesperanza.
■ Niños enfermos de sarna, ancianos afectados por infecciones respiratorias, familias desplazadas por la acumulación de aguas negras y basura.
■ Sin embargo, expertos de varias disciplinas proponen alternativas para convertir al lago en una oportunidad de desarrollo y exigen concertar un plan nacional para salvarlo. Por primera vez, el Estado se enfrenta a una demanda ciudadana por la calidad del agua.
Durante 61 años, Saverio Césare ha avistado las aguas del lago de Valencia desde las ventanas de su casa. Su padre invirtió la pensión de guerra que le pagaba cada mes el Estado italiano para construir una finca de 24 hectáreas en la calle Lara de la urbanización Brisas del Lago, ubicada en el municipio Girardot, una de las 11 jurisdicciones aragüeñas afectadas por el aumento de cerca de 5 metros que ha registrado la cota del lago en los últimos 8 años.
En 2008, las aguas silentes pero irrefrenables del lago coparon un enorme patio que fungió como cancha deportiva entre 1992 y 2006, cuando la familia Césare regentó la Unidad Educativa Ciudad Jardín, que ofrecía clases para alumnos de preescolar y primaria en las mañanas y para estudiantes de bachillerato en las tardes. Progresivamente, aquella capa de agua hedionda y verdosa se apoderó de un cobertizo donde se arruman máquinas y trastos, luego de un jardín interno que separaba las instalaciones traseras de la casa principal, y después de una sala que entre 2000 y 2010 sirvió como refugio a los médicos cubanos que instalaron allí la primera sede de Barrio Adentro en la zona. Hasta el momento, el lago inunda 12 hectáreas de la propiedad.
Envuelto en el reflujo de las cloacas, Césare se ve obligado por un golpe de brisa a interrumpir el relato de aquellas épocas para explicar cómo ha cambiado su vida por la contaminación y el desborde del lago de Valencia: “Hace cinco meses enterré a mi esposa por una infección respiratoria. El año pasado, mis padres murieron de lo mismo. Ahora mi nieto Salvatore, de 2 años de edad, respira con dificultad.
Ese lago que tanto quisimos, ahora nos está matando”. Su yerno, Jeferson Arenas, es otro miembro de las seis familias que habitan la finca y que se rehúsan a desalojarla para mudarse a un refugio. “Tenemos derecho a que el Gobierno nos pague una indemnización que nos permita comprar otra vivienda”, asegura Arenas, mientras intenta aliviar la tos de su hijo Salvatore con palmadas en la espalda.
Desde la calle Terepaima en Brisas del Lago se avista el techo y tres arcos de la iglesia evangélica pentecostal La Voz del Cielo. Los montículos de desperdicios que se acumulan en las márgenes del lago sirven para comprobar el aumento de la cota de agua en este sector: kilómetros de calles ocupadas por viviendas quedaron sepultadas bajo el agua y hoy apenas se divisan las cabezas de los postes y las garzas que descansan sobre ellos.
Esperanzados con la posibilidad de que sus testimonios aparezcan en la “prensa de Caracas”, los vecinos de la calle Terepaima se aglomeran cargados con carpetas que resguardan decenas de recaudos que han presentado ante la Gobernación de Aragua para solicitar entre 350.000 y 500.000 bolívares fijados por las autoridades para financiar la compra de casas en el mercado secundario. Aprovechan la oportunidad para mostrar la copia de una carta que le enviaron al presidente Nicolás Maduro para recordarle que la sentencia número 1.632, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el 11 de agosto de 2006, obliga a la Autoridad Única de Área para la Cuenca del Lago de Valencia a coordinar el desalojo de los habitantes de los sectores La Punta y Mata Redonda, así como el pago de indemnizaciones para que adquieran nuevas viviendas.
“Conseguí una casa en Turmero que costaba 600.000 bolívares y aunque estaba dispuesta a pagar la diferencia, la Gobernación de Aragua no me dio la indemnización que me tocaba. Pasé toda mi vida construyendo esta casa y no estoy dispuesta a quedarme en la calle”, advierte Tereza Hernández, que tiene 65 años de edad y comenzó los trámites para mudarse en noviembre de 2011.
En la calle Paraíso del barrio Aguacatal II, Pedro Ramírez prestó el patio inundado de su casa para realizar una reunión el 20 de julio con el gobernador del estado Aragua, Tareck el Aissami, que definió a los vecinos de la comunidad como “refugiados a cielo abierto” y prometió reubicarlos a través de la Misión Vivienda.
“Hasta el momento el gobernador no ha entregado ni uno solo de los apartamentos que ofreció”, aseguró Ramírez.
Desde la puerta de su vivienda, apunta la casa de un vecino cuyos hijos han padecido sarna por la contaminación del agua y la de otro en la que se han capturado serpientes y babas emergidas del lago. “Cada vez que llueve, las casas se nos inundan y sentimos que tenemos que salir corriendo. Ya el Gobierno sabe lo que está pasando, así que lo único que nos queda es la denuncia”, comenta flanqueado por la pinta en un muro que dice: “Yo sí quiero mi apartamento”.
Indefensión ciudadana:
El 24 de febrero de 2005, el entonces presidente Hugo Chávez declaró por primera vez el estado de emergencia y creó la Autoridad Única de Área para la Cuenca del Lago de Valencia como la máxima instancia encargada de asegurar la protección ambiental de ese reservorio natural. Este despacho lo encabeza Luigina Cercio, ingeniera que asumió también la dirección de Hidrocentro a mediados de agosto de este año.
En 2007, el Gobierno inauguró el trasvase de 5.600 litros por segundo de aguas contaminadas con residuos industriales y domésticos desde el lago hasta el embalse Pao Cachinche, una medida que llevó el problema a los grifos de más de 3 millones de habitantes en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Lay Melina Alcina se mudó de Caracas a Valencia en 2005 y asegura que desde 2009 el deterioro en la calidad del agua es una preocupación cotidiana. “En Carabobo no podemos lavar la ropa blanca con el agua marrón que sale de los grifos porque se pone beige. Compramos agua potable para cocinar y lavarnos la cara y los dientes. Sin embargo, tenemos que bañarnos con esa agua que causa erupciones y ardor en los ojos. Y además, hay que pagar la factura a tiempo aunque nadie se hace responsable por lo que está pasando”, manifiesta.
Los habitantes de la región central del país repiten una y otra vez la misma pregunta: ¿a qué instancia pueden acudir para lograr que el agua vuelva a ser incolora, inodora y confiable? Un grupo de ciudadanos creó el Movimiento por la Calidad del Agua e introdujo una demanda contra el Estado, en las figuras de Hidroven e Hidrocentro, como una acción de protección al derecho a la salud y al ambiente sano de los habitantes de Carabobo, Aragua y Cojedes, explicó Lucio Herrera, representante legal de la organización.
El Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para procesar el caso y lo derivó al Juzgado Tercero de Valencia, San Diego, Los Guayos y Libertador, que admitió la demanda. Por primera vez, el Estado venezolano afronta un litigio por su responsabilidad como prestador del servicio de agua potable.
Opciones contra el desbordamiento:
El principal reto hidráulico que impone la crisis del lago de Valencia es controlar el incremento del volumen de agua que se acumula en esta cuenca sin salida al mar, tras el desvío del río Cabriales al lago y el trasvase de la cuenca del río Pao al Sistema Regional del Centro.
En febrero de 1999, el Gobierno fijó la cota de riesgo en 408 metros sobre el nivel del mar y la de seguridad en 410. Sin embargo, el lago creció tanto para 2005 que la cota de riesgo escaló a 410 msnm y la de seguridad subió a 412. Hoy el nivel del lago sobrepasa los 413 msnm y es común que ríos de basura y aguas negras se estanquen en los canales provenientes de sus afluentes porque está rebozado.
En 1995, el Consorcio CaltecOtepi presentó un estudio al Gobierno que evaluaba tres opciones para controlar los niveles del lago: los proyectos Tuy, Ocumare y Las Trincheras (fueron descartados) y la alternativa Oeste, que finalmente fue aprobada y planteaba el desvío de los ríos Maruria y Cabriales hacia la cuenca del río Pao, la construcción de las plantas de tratamiento de Los Guayos y La Mariposa, así como una obra complementaria para disminuir el volumen de las descargas sobre el lago.
Alfonzo Herrera, ingeniero hidráulico de la fundación Aguas Sin Fronteras en el estado Aragua, considera que la alternativa Oeste sigue siendo la opción más viable para drenar el exceso de agua, pero advierte que es indispensable construir 14 de las 17 plantas de tratamiento que proponía esta iniciativa y que nunca se instalaron.
El ingeniero sanitario Manuel Pérez, miembro fundador del Movimiento por la Calidad del Agua en el estado Carabobo, es partidario de construir un trasvase desde el lago de Valencia hasta el mar Caribe.
Para impedir que las aguas del lago contaminen las costas de Aragua, Carabobo y Falcón, Pérez propone construir un “canal de reaireación atmosférico” en la salida del túnel.
El objetivo es emular el proceso de autodepuración de la naturaleza y someter al agua a un alto nivel de turbulencia dentro de un canal rugoso para que el oxígeno atmosférico la limpie. “Los residuos sólidos serían retirados previamente con un sistema de saneamiento reforzado, que permita resolver el problema en lugar de agravarlo”, explicó.
Pérez calcula que el trasvase hacia el mar Caribe podría construirse en menos de 3 años con una inversión de 250 millones de dólares. Asegura que esta alternativa abarata costos porque el canal de reaireación no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento.
El desafío de limpiar el agua:
La contaminación del lago de Valencia y de los embalses Pao Cachinche y Pao La Balza, que surten de agua a los habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, constituye el segundo gran desafío en la crisis de la cuenca.
Los informes de calidad de agua publicados por Hidrocentro revelan que las concentraciones de cloro residual y aluminio sobrepasan los parámetros permitidos por las Normas de Calidad del Agua Potable venezolanas y advierten que la coloración del agua, descrita comúnmente como “marrón té” por los ciudadanos, alcanzó el nivel máximo permitido.
Jacquelin Rodríguez León, ingeniera química y ambientalista, asegura que si un sólo valor se encuentra fuera de los estándares nacionales e internacionales de calidad óptima, el agua representa una amenaza para la salud. “El exceso de aluminio puede propiciar padecimientos renales y neurológicos, mientras que el de cloro limita el riesgo de que se desaten epidemias y la proliferación de cierto tipo de hongos, pero no necesariamente de parásitos y bacterias”. En su opinión, lo más grave es la presencia de trihalometanos en el agua que llega a los grifos de las casas: “Se trata de compuestos orgánicos que reaccionan cuando se registra un exceso de cloro y que pueden tener efectos cancerígenos, tal como lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud”.
Rodríguez considera que es fundamental cambiar las normas de vertido de aguas y reforzar la capacidad de procesamiento de las plantas que tratan las aguas residuales, sobre todo frente a las descargas lanzadas por cerca de 700 empresas que no tratan sus desechos. “Los sistemas de filtros en las plantas Alejo Zuloaga y Lucio Baldó Soules no se dan abasto para recoger el volumen de residuos provenientes de los efluentes industriales y domésticos que reciben”, asegura.
Fernando Henríquez, presidente del Colegio de Médicos del estado Carabobo, aclara que no existen estudios científicos que demuestren que la calidad del agua proveniente del lago y de Pao Cachinche afecte la salud de la gente.
Sin embargo, indica que los pacientes suelen quejarse de picor en los ojos y la piel cuando se bañan por las altas dosis de cloro. Añade que el agua contaminada con metales pesados potencia la formación de cálculos renales.
Mientras el agua que llegue a las casas siga siendo marrón y pestilente, Henríquez recomienda hervirla y utilizar sistemas de filtros en los tanques de las viviendas para limitar la llegada de sedimentos y posibles sustancias tóxicas. “La contaminación del lago es un problema de salud pública”, afirmó.
Por: Valentina Oropeza
voropeza@el-nacional.com
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El Nacional
Domingo 13 de Octubre de 2013
