Los estudiantes de la ULA exigen
justicia en crimen de compañero
■ Rechazan uso de la FAN para responder a ola de protestas.
■ Provea llamó al Gobierno a dialogar con los sectores que se manifiestan.
■ El hecho que se produjo el pasado sábado en horas de la noche en el Viaducto Campo Elías.
■ Denuncian que no les han informado ningún detalle sobre el desarrollo del caso en la sede del Cicpc.
Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Los Andes marcharonen la ciudad de Mérida para pedir celeridad en las investigaciones del asesinato de su compañero Juan Carlos Dávila Barrios.
Mérida.- Este martes la ciudad de Mérida colapsó debido a las protestas que protagonizaron estudiantes, policías jubilados, docentes estadales y trabajadores del sector salud.
A tempranas horas de la mañana encapuchados trancaron la avenida Don Tulio Febres Cordero para protestar por la inseguridad y exigir justicia y el esclarecimiento del homicidio del estudiante de Enfermería y atleta, Juan Carlos Barrios Dávila, quien murió por resistirse al robo.
En la emblemática avenida los manifestantes y funcionarios de Polimérida protagonizaron enfrentamientos, lo que hizo del lugar una verdadera batalla campal.
También en horas de la mañana, estudiantes, amigos y compañeros del joven Juan Carlos Barrios, marcharon desde la facultad de Enfermería de la Universidad de Los Andes (ULA) hasta el viaducto Campo Elías, justo a la entrada del barrio Pueblo Nuevo, donde cayó abatido el ulandino.
Los manifestantes trancaron el paso de manera intermitente por el transitado viaducto, repartieron volantes y mostraron pancartas en las que pedían justicia. Luego marcha hasta la facultad de Medicina.
Jubilados molestos:
Como si fuera poco, los policías jubilados del estado Mérida llegaron a la sede de la Gobernación del estado a exigir el pago de reivindicaciones salariales.
José Antonio Araque dijo que los jubilados reclaman la homologación a Policía Nacional, el pago de deudas y además la cancelación de una bonificación que les estableció el ex gobernador Florencio Porras.
Para sorpresa de muchos, esta manifestación de personas que le trabajaron más de 30 años al estado, fue repelida por la ballena.
Araque le preguntó al Gobernador de Mérida, Alexis Ramírez “por qué nos mandó la ballena a echarnos agua a nosotros, somos gente que le trabajamos al Estado muchos años, porqué no le manda la ballena a echarle agua a los malandros cuando matan a los estudiantes como lo hicieron, nosotros somos gente respetable, nunca venimos a caerles a piedra a la Gobernación, queremos que nos paguen lo que nos deben”.
Los jubilados le dieron un plazo de 10 días al Ejecutivo regional para que les cancele la deuda a más de 700 personas.
Por su parte, los docentes estadales protestaron a las afueras de la sede del Ministerio Público en Mérida, ubicada en la avenida 4, reclamando el pago de sus salarios y rechazando la persecución política de la cual dicen son objeto, desde que exigen las reivindicaciones laborales.
Trabajadores piden destituciones:
Al mismo tiempo, en la sede de la Corporación de Salud del estado Mérida (Corposalud), trabajadores del sector, exigieron al Gobernador, Alexis Ramírez, el despido del personal que está en la oficina de Recursos Humanos, debido a que Mérida no ha presentado ante el Ministerio del Poder Popular de la Salud la nómina de trabajadores que fueron absorbidos por el contrato colectivo firmado el pasado 30 de julio.
Así lo dijo Gloria Marín, coordinadora de reclamos del sindicato Utrass Mérida, quien informó que los documentos se encuentran represados en la “jefatura de personal, razón por la cual pedimos al Gobernador y al Secretario de Gobierno, Luis Martínez, que sea destituido ese personal que ha venido haciendo daño a la gestión de Denis Gómez”.
Marín explicó que 2.600 trabajadores están siendo afectados, de los cuales 700 quedaron excluidos de la nómina del nuevo contrato colectivo.
Provea:
“El diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad”. En el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se guían por este pensamiento del próximo santo Juan Pablo II; y por ello critican que el Gobierno ahora acuda a los militares para responder a la creciente ola de protestas que sacude vive el país, en particular en las empresas públicas.
En un comunicado, la agrupación reveló que desde finales de 2012 hasta septiembre pasado han contabilizado trece conflictos laborales en los que el Ejecutivo ha recurrido a miembros de la Fuerza Armada para tratar de resolverlos (ver infografía anexa).
Provea rechazó el uso de uniformados para intimidar a trabajadores que se manifiestan para exigir reivindicaciones, tales como las amenazas de despidos y cárcel lanzadas por el general Carlos Osorio, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a los empleados de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que participaron en la reciente huelga que paralizó a dicha empresa.
Igualmente fustigó hechos como los registrados en junio pasado en Ferrominera del Orinoco, donde unos 200 guardias nacionales fueron enviados a las instalaciones de esta empresa para intentar disolver la huelga que sus trabajadores mantenían. Un hecho similar ocurrió semanas después en CVG Minerven, donde 45 militares fueron ingresaron en un intento por poner fin al paro obrero que se mantuvo por más de 45 días en reclamo de mejores sueldos y contra el deterioro de la planta.
Tras alertar que “la militarización ha generado precedentes que en algunos casos se han convertido en juicios militares y prisión por algunos años para quienes protestan”, Provea recordó el caso de cinco sindicalistas en Táchira, quienes fueron el año pasado fueron llevados ante juzgados castrenses luego de encabezar una manifestación ante el Fuerte Murachí para exigir el pago de sus pasivos a una contratista.
Diálogo y no peinillas:
“¿Qué Estado que se asuma obrerista permite acusar de desestabilizadores a unos trabajadores por el hecho de ejercer su derecho constitucional a la huelga?”, se preguntó la organización en su comunicado, en el cual reclamó de las autoridades un cambio de actitud y que “abra los canales de diálogo necesarios para satisfacer las demandas de los venezolanos, como debe ser en una democracia participativa y protagónica”.
En los últimos años Provea ha venido alertando sobre el proceso de criminalización de la protesta puesto en marcha por las autoridades para responder al incesante aumento de las manifestaciones que viene viviendo el país en los últimos años; y gracias al cual más de 3.000 venezolanos han sido detenidos y sometidos a procesos judiciales.
La organización ha denunciado entre a otros a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la cual crea la llamadas “zonas de seguridad”, espacios geográficos cercanos a instalaciones gubernamentales, militares, petroleras y eléctricas en los cuales se prohibe el ejercicio del derecho a manifestar.
Por último, Provea recordó que el año pasado registró 3.986 manifestaciones, la cifra más alta en una década; y auguró que este año este récord se superará.
Por: ANÍBAL BERHENDS
JUAN FRANCISCO ALONSO
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EL UNIVERSAL
miércoles 02 de octubre del 2013
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