La “defraudación” de
fondos públicos…
■ El Gobierno apenas lleva 8 de las 60.000 viviendas prefabricadas que encargó a Irán.
■ ¿A dónde fueron los 14 millones de dólares que anunciaron paredes y techos para armar casas por todo el país?.
Antes de crear ofertas engañosas, en una de las empresas subcontratadas reconocen que no han empezado las viviendas prefabricadas que les encargó el Gobierno para este año. Y aunque las terminen, desde ya adelantan que es tarde para que en cuatro meses puedan llegar a producir todos los “kits” que aseguran las paredes y los techos de 60.000 casas prometidas entre los acuerdos firmados en Miraflores con la República Islámica de Irán.
En la empresa Novatech señalan que de ninguna manera podrán concretar la meta de este año. Lo dice sin dudas su representante legal en el país, Tony Tovar, tras lamentar que ningún organismo del Estado haya querido recibir las máquinas que ya les pagaron y que en este momento podrían estar produciendo las piezas de una serie de viviendas prefabricadas, que darían techo a unos 300.000 venezolanos.
El Ministerio para Industrias ha venido anunciando tres fábricas de viviendas en los estados Cojedes, Monagas y Zulia. Proyectaron el futuro con tres líneas de producción en las poblaciones de Tinaquillo, Temblador y Cabimas, para que desde esos puntos salieran camiones cargados con las bases y las estructuras metálicas de una serie de casas a las que no queda más que armar como lego.
“Nuestra capacidad instalada por cada planta es la de producir 20 mil kits, lo cual nos permitiría un total de 60 mil kits al año”. Eso sostuvo el Ministerio para Industrias el pasado 8 de mayo en una nota de prensa que publicó a través de la página web de su Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela. Añadieron, incluso, que se trata de parte de las casas proyectadas para este diciembre: “Esto nos ayudaría a cumplir el gran compromiso que tenemos este año 2013 con la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual se tiene una meta de 380.000 viviendas a construir”.
En Novatech se preguntan, sin embargo, cómo concretarán el anuncio si aun no han encontrado quien les reciba las máquinas que el Gobierno ya les canceló. Aunque el Estado venezolano terminó adquiriendo otros equipos, aseguran que con esos el proyecto de las viviendas prefabricadas se borrará del mapa.
El representante legal de la compañía, Tony Tovar, incluso advierte que los anuncios y las matemáticas del Gobierno no cuadran: la misma nota de prensa que hace tres meses aseguraba 60.000 viviendas por año añade que fabricarán 10 kits por turno, lo que suma poco más de la mitad de la meta.
“Dicen que ‘debido a la curva de aprendizaje se tiene calculado 10 kits por turno en cada fábrica’. Pero de la simple suma aritmética se desprende que si operaran en 3 turnos diarios -a una rata de producción de 30 kits- cada una de ellas llegaría a construir 10.950 kits en el caso de que trabajen los 365 días del año”.
Cara iraní, cerebro canadiense:
De acuerdo con los números oficiales, las tres plantas de producción podrían concretar hasta 32.850 viviendas prefabricadas por año. Pero más allá de las cifras, Tovar cree que es hora de precisar una serie de informaciones que empiezan por advertir que las 60.000 viviendas prefabricadas anunciadas por el Gobierno nacional con tecnología iraní, en realidad, son parte de un proyecto de más de 14 millones de dólares que el Ministerio para Industrias adjudicó a una empresa iraní que luego subcontrató a la firma canadiense que representa.
Todo empezó en el exterior en un registro de Belice. Allí, la empresa iraní Tarasazeh Tabriz firmó el 10 de febrero del año pasado un contrato con la canadiense Novatech, para adquirir las máquinas que pondrían a funcionar las fábricas de Tinaquillo, Temblador y Cabimas. El asunto no pasaría de una mera transacción sellada fuera de Venezuela si no se hubiera ventilado en el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, por una demanda en la que -apoyados por el Gobierno- los iraníes piden echar para atrás el acuerdo.
Tony Tovar abre las puertas de Novatech para advertir que no están en capacidad de revender las mismas máquinas que sus clientes terminaron comprando a otros, porque se trata de tres plantas de producción que fueron diseñadas para Venezuela con parámetros especiales del propio Gobierno nacional.
Mucho menos pueden hacer caso a los funcionarios públicos que -mediante un oficio- les solicitaron devolver a la empresa iraní los fondos públicos que habían sido depositados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), a través de ocho transferencias que suman 2,8 de los 3,5 millones que presupuestaron por las máquinas.
“¿Cómo es que el Bandes reconoció una relación contractual en los formularios que tuvo que llenar antes de transferir el dinero a una cuenta del Commerzbank y la Corporación para Industrias Intermedias de Venezuela ahora desconoce nuestro contrato?”, pregunta Tovar.
Así se lo han hecho saber a los representantes del Ministerio para Industrias que los atendieron hace dos meses y así lo dejaron por escrito cuando reclamaron al Gobierno por haber permitido y apoyado la compra de otras máquinas a una tercera compañía.
“Pudiéramos estar frente a la materialización del delito de estafa, presunción a la que habría que agregar la ‘defraudación de fondos públicos'”, señalaron el pasado 19 de junio en una carta que dirigieron al recién nombrado presidente de Venezolana de Televisión, Yuri Pimentel, quien hasta esta semana se mantenía al frente del proyecto en calidad de viceministro de Planificación y Políticas Industriales, y, presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa).
“La empresa Tarasazeh Tabriz ha podido haber incurrido en serias y graves irregularidades en contra del Estado venezolano; por cuanto las líneas de producción LSF finalmente entregadas por dicha empresa a Corpivensa, no reúnen las características tecnológicas y de capacidad de producción que les fueron contratadas y pagadas hasta por el 70% del valor total del contrato”, añadieron.
El Gobierno voltea la cara:
Por los caminos verdes, en Novatech se enteraron que sus clientes terminaron desconociendo el contrato porque habían comprado otras máquinas más baratas. Recuerdan, de cualquier modo, que hay fondos públicos en medio del caso y por eso no se explican por qué los funcionarios de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela han estado impidiendo, en nombre del Gobierno, una serie de inspecciones judiciales que buscan dejar constancia de la calidad de las otras máquinas.
“A la secretaria del Tribunal de Tinaquillo, en Cojedes, la botaron por haber admitido la solicitud de inspección y en Temblador, estado Monagas, mandaron a la milicia a cerrar el paso hasta el día siguiente, cuando llegó de Caracas un gerente de Corpivensa que ordenó no dejar entrar ni al juez que iba a hacer la inspección”, cuenta Tovar.
“Una empresa de maletín terminó vendiéndoles chatarra”, concluye. Seguro de estar frente a un acto irregular, recuerda que la Ley Contra la Corrupción tipifica delitos tanto para los casos en que se cancelan dos veces por el mismo bien o servicio como cuando se adquieren otros que no reúnen las características para las que fueron presupuestados.
Como ciudadano venezolano, profesional del derecho y apoderado jurídico de la empresa afectada, Tony Tovar por eso pregunta qué pasó con los 14,1 millones de dólares que el poder Ejecutivo destinó al proyecto.
Aunque se intentó contactar a los responsables, no hubo forma de verles la cara o de dejarles un mensaje: en el Edificio Central de la avenida Urdaneta no hay quien permita la entrada o cualquier otro contacto con el departamento de prensa de la Corporación de Industrias Intermedias y el Ministerio para Industrias. La orden es no dejar pasar aun a los que advierten que la central telefónica tranca las llamadas de quienes no conocen la extensión a marcar.
Ni siquiera hubo forma de hacer el puente a través del Ministerio de Comunicación e Información, tampoco hubo respuestas a una solicitud enviada a través de la plataforma digital del Ministerio para Industrias. Esta semana, de cualquier modo, Corpivensa anunció en su sitio web que acaban de levantar las primeras ocho viviendas del proyecto.
“La Fábrica de Estructuras Metálicas Los Cabimos, ubicada en la ciudad de Cabimas estado Zulia, entregó a 5 Consejos Comunales cercanos a la planta los 8 kits que permitieron la construcción simultánea de las primeras viviendas como parte de la innovación del sistema constructivo en Venezuela en conjunto con la República Popular de Irán”, informaron a través de una nota de prensa.
El proyecto sigue a pesar de los retrasos. Para el Gobierno no se trata de un espejismo, pero igual cada vez se ven más lejos las 60.000 casas prometidas por año.
En Novatech esperan que las fábricas de viviendas no se diluyan como la empresa Tarasazeh Tabriz, cuyo registro mercantil la muestra como una firma pequeña consentida solo en esta parte del mundo. Según la información comercial de Irán, hasta el 21 de mayo de 2011 tenían un capital de 1.000 dólares y a partir de ese momento empezaron a manejar los más de 14 millones de dólares entregados por Venezuela con un capital de apenas 20.000 dólares.
En esta historia hay cosas que no cuadran y por eso, en la empresa canadiense Novatech señala que el Ministerio Público debe convertir la demanda que los iraníes hicieron en su contra en una investigación en el marco de la Ley Contra la Corrupción.
El juez encargado del caso, Irving Molina Flores -sobrino de Cilia Flores- decidió el congelamiento de las cuentas y las propiedades del director de la empresa canadiense, así como una orden de prohibición de salida del país. Se trata de una situación que para Tovar se aleja de la lógica. “Epa estos son fondos públicos”, advierte. “¡La víctima es el Estado!”.
El precedente uruguayo:
Hace siete años que el Gobierno nacional destinó más de 155 millones de dólares a unas casas importadas desde Uruguay que al final no se concretaron. Las viviendas iraníes no son las únicas que se borran del mapa: no es la primera vez que en Venezuela se anuncian “kits” de paredes y techos listos para armar y tampoco la primera vez que se advierte sobre contratos internacionales que no terminan de materializarse.
Ya en el año 2009 la Contraloría General de la República había señalado irregularidades con las célebres “casas uruguayas”. En su Informe de Gestión de ese año, señaló que solo habían dado con 11 de las más de 12.000 unidades habitacionales que el Gobierno había encargado a la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industria del Sur: “Sólo fueron instalados 11 kits de viviendas terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo”.
Las demás viviendas uruguayas son un enigma que no quiso despejar el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, cuando lo interpelaron el 17 de febrero de 2011 en la Asamblea Nacional. “Hay un solo problema, señor ministro, las casas no se construyeron (…) ¿Usted ha hecho algo para recuperar ese dinero o para que se construyan esas viviendas?”, le preguntó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, a lo que Ramírez quedó en investigar.
Dijo que exigiría a la compañía el cumplimiento del contrato pero sus palabras retumbaron en Montevideo, donde el presidente de la firma, Alejandro Lagrenade, respondió que el convenio seguía vigente y sin contratiempos. “En ningún momento Venezuela ha pagado nada que no hayamos entregado”, declaró a los medios locales.
El gerente general de la Unión Metalúrgica Industria del Sur, Gastón Tealdi, también devolvió la pelota a la cancha de Ramírez y los otros funcionarios que los habían contratado: dijo que habían enviado material para armar “más o menos 6.000” viviendas prefabricadas y justificó las demoras con una “congestión en el puerto” y “problemas burocráticos en Venezuela”.
En tiempos de escasez de cabillas, cemento y bloques, los “kits” de viviendas son una alternativa habitacional para levantar casas de manera rápida. Sin embargo, la experiencia uruguaya no funcionó y, ahora, las fábricas de los iraníes tampoco pintan soluciones inmediatas.
Por: Joseph Poliszuk
Politica | Opinión
Oficialismo | Psuv
Corrupción | Psuv
Judicial | Cárceles
Derechos | TSJ
El Universal
domingo 1 de septiembre de 2013
Tweets about “CORRUPCIÓN: Se diluyen las casas iraníes”
