Condenan al diario El Nacional
por informar sobre la violencia
■ Peligra el ejercicio periodístico.
■ La sentencia judicial establece la censura previa.
■ Ordenan cancelar 1% de los ingresos brutos de 2009.
■ Tribunal impone multa a EL NACIONAL por publicación de foto de la morgue.
■ El abogado Juan Garantón sostiene que la sanción judiacial se basó en un artículo no aplicable a medios impresos sino televisivos, que tienen horarios restringidos.
■ La juez tercera de juicio con competencia en Protección de Niños y Adolescentes, Betilde Araque, impuso al diario una multa por la publicación (el 15/8/2010) de una fotografía que mostraba el estado deplorable en que se encontraba la morgue de Bello Monte.
■ La sentencia constituye el desenlace del proceso contra el periódico emprendido por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Autónomo de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y el Ministerio Público. Tal Cual también fue sancionado.
La juez tercera de juicio con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, Betilde Araque, impuso a El Nacional una multa equivalente a 1% de sus ingresos brutos durante 2009, por la publicación de una fotografía que mostraba el estado de la morgue de Bello Monte, que fue publicada el 15 de agosto de 2010.
La sentencia dictada ayer constituye el desenlace del proceso judicial emprendido contra El Nacional por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Autónomo de Defensa de Niños Niñas y Adolescentes y el Ministerio Público, por presuntas violaciones de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Específicamente, se aplicaron las disposiciones de los artículos 32, 71,74 y 79 de la Lopna.
Sin mayores precisiones, porque el contenido completo del fallo se conocerá en 10 días hábiles, la juez indicó que El Nacional deberá abstenerse de publicar “imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”.
La multa está establecida en el artículo 234 de la Lopna: “Quien transmita, por cualquier medio de comunicación, informaciones o imágenes en contraposición a esta ley o a las regulaciones de los órganos competentes, en horario distinto al autorizado, sin aviso de calificación o que haya sido clasificado como inadecuado para los niños o adolescentes admitidos al espectáculo, será sancionado con multa de uno a veinte meses de ingreso.
En estos casos, procede igualmente, según la gravedad de la infracción, la suspensión de la programación del medio de comunicación de que se trate hasta por dos días”.
Deberá ser cancelada al Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes durante los ochos días hábiles siguientes a la experticia que efectuará un tribunal de ejecución para determinar el monto a pagar.
Censura previa judicial:
El abogado Juan Garantón afirmó que la sentencia constituye un mecanismo directo de censura, porque las imágenes prohibidas representan la realidad diaria del país.
“Es decir, ¿si asesinan a un policía en plena vía pública, o llega la denuncia de un colectivo con centenares de armas, esas imágenes no se podrían publicar? Esto es gravísimo”, advirtió el abogado.
El apoderado judicial de El Nacional destacó que es una sentencia sin pruebas. Pese a que la jueza destacó que el artículo 234 de la Lopna establece el término “cualquier medio de comunicación”, Garantón dijo que la multa fundamentada en el artículo no aplicable a medios impresos, sino televisivos.
“Los medios impresos no tienen horario autorizado, así lo dice la misma ley que tanto invocó la juez”, apuntó.
La jueza Araque, previo a la lectura del dispositivo del fallo, citó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual consagra la libertad de pensamiento y expresión.
Insistió en señalar que no se trata de un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones que en este caso, acotó, tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes.
La juez aprovechó la audiencia para comentar la nota publicada por El Nacional el 2 de agosto de este año, a través de la cual el abogado Garantón afirmó que este proceso tiene motivaciones políticas y que esperaba una sentencia política.
Aún después del fallo dictado ayer, Garantón mantiene su posición: “Ella no tiene motivos para condenar, no quiere que se publique la realidad de nuestro país. Ella sabe que la fotografía es el medio para informar más rápido”.
Sobre la multa impuesta al diario Tal Cual, Garantón afirmó que los demandantes no habían solicitado multa para el medio impreso, sin embargo también lo incluyeron en la sentencia. “Yo siempre esperé algo malo de este proceso, nunca esperé nada bueno. Lo que nunca esperé es que llegaran a tanto”, insistió.
El abogado denunció que no los dejaron defenderse de la posible imposición de una multa, en vista de que en el proceso de juicio este aspecto sólo se mencionó una sola vez.
“La sentencia no es definitivamente firme y apelaremos. No se puede ejecutar hasta que se obtengan los resultados de una experticia para calcular el monto que el diario deberá cancelar”, explicó Garantón.
“Investíguenme”:
No es habitual que una juez responda a informaciones periodísticas sobre los casos sometidos a su consideración. Sin embargo, la titular del Tribunal 3º de Juicio con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, Betilde Araque, replicó una nota que, según ella, la calificaba de juez que tomaría una decisión política.
Con el recorte de periódico en la mano, enumeró todos los cargos públicos por los cuales pasó antes de ser jueza tercera de juicio e invitó a los presentes a investigar si pertenecía a algún partido.
Visiblemente molesta por el contenido de la nota dijo: “¡Vamos, investíguenme! Yo no pertenezco a ningún partido, yo no obedezco a órdenes de nadie. Todo lo que hago lo decido con base en mis convicciones y lo que establece la ley, y que quede grabado: aquí no se está haciendo una sentencia política”.
La jueza aprovechó para responder varias de las interrogantes de la defensa sobre la comparecencia en el juicio de algún niño afectado. Y con una sentencia elaborada por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales Lamuño refutó el alegato. Desde su punto de vista bastaban los señalamientos de los demandantes.
Bisbal:
“Quieren tapar la inseguridad reinante”.
La sanción impuesta a El Nacional no es gratuita y lo que busca es acallar a los pocos medios que se mantienen firmes con voz crítica al Gobierno frente a su incapacidad, afirmó el director de posgrado de Comunicación Social de la UCAB, Marcelino Bisbal.
Según el investigador, el Gobierno trata de tapar la situación de violencia e inseguridad que reina en Venezuela. Destacó un trabajo de investigación hecho en la UCAB que confronta lo que publican los periódicos independientes con la información de los diarios oficiales: “Encontramos que estamos en presencia de dos países. Para ellos la inseguridad no existe, tratan de ocultarla y por eso buscan silenciar a quienes siguen denunciando”.
El académico insiste en que el procedimiento es una manera de intimidar a los medios independientes lo cual, a su juicio, reitera que el Gobierno no tiene cultura democrática, es autoritario y no acepta la crítica ni el pluralismo. “La medida es parte del proceso de reestructuración de medios de comunicación que adelanta el Gobierno para controlarlo todo”, acotó.
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