Yamal Mustafá: “Soy inocente”
■ Es el mundo al revés, dice Andrés Velásquez: “Investigan la extorsión pero no la corrupción”.
■ En Ferrominera faltan unos dólares que hubieran dado para casi 1.400 maletas como la de Antonini.
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como “La mafia del hierro”, pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
“Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM”, apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio:
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
“En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios”, agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. “Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20”, contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. “Tomó el pedazo de cartón y lo quemó”, agregó Sabbagh en el interrogatorio. “Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (… ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: ‘es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'”.
Mucho gusto, un placer:
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la “Mafia de la cabilla”; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. “Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia”, recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. “Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo”, relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
“Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación”, dijo.
“Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones”, añadió. “Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos”.
Peor que el Fondo Chino:
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. “Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas”, dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: “Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (…) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos”.
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la “Mafia del hierro”. “Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción”, reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
Soy inocente:
Horas antes de ser detenido, el empresario Yamal Mustafá advirtió -vía telefónica- desde Puerto Ordaz que no podía referirse al caso, pero que acudiría a las instancias que hicieran falta para demostrar que no tenía nada que ver con las irregularidades que empiezan a aparecer en Ferrominera.
“Soy inocente”, dijo. “No pueden ventilarse estas cosas a través de los medios tratando de torcer los hechos; yo voy a ir al juicio pero no puedo emitir declaraciones sobre el tema porque soy testigo y no imputado”.
Mustafá, dueño de varias contratistas que proveen obras y servicios a la Gobernación del estado Bolívar, fue detenido el pasado jueves por la DIM por el caso de la “Mafia del hierro” que lleva el tribunal 1º y de la fiscalía 56, 57 y 4.
De acuerdo con las actas del expediente, esta historia comenzó precisamente en la casa de Mustafá, donde el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, demandó 20 millones de dólares a cambio de guardar silencio sobre una serie de irregularidades que ahora empiezan a aparecer en Ferrominera.
Fue en una de las cuentas bancarias de Mustafá donde depositaron parte de los sobornos, según refiere el testimonio que rindió el ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, el pasado 8 de mayo en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar: “Yo se que el primer pago de 3 millones lo realizó (…) Duferco a una cuenta en el extranjero de Yamal Mustafá”.
Del otro lado de la moneda, Mustafá denuncia que lo de estos días ha sido una campaña en contra de él y su familia. “Yo estoy mencionado en el expediente de la extorsión pero como víctima y testigo”, dijo. Por eso, el lunes se le vio en los tribunales de Puerto Ordaz, para introducir una querella de difamación e injuria contra el diputado de la Causa Radical, Andrés Velásquez, y el director del diario el Correo del Caroní, David Natera.
“Es un hecho muy delicado dar información en reserva”, justificó. Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección de los Periodistas solicitó a los tribunales a desestimar la querella por pedir que el Correo del Caroní y cualquier otro medio se abstengan de publicar las actas del juicio hasta que no haya sentencia judicial”La reserva de la información es una responsabilidad de los funcionarios judiciales que no puede trasladarse a los medios y periodistas”, manifiesta en un comunicado.
Por: Joseph Poliszuk
jpoliszuk@eluniversal.com
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EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013
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