No es verdad que Venezuela
se haya estabilizado…
El gobierno enfrenta problemas de gran envergadura y ninguno se encuentra en vías de solución. Los sistemas autocráticos sólo se consolidan cuando los ciudadanos se resignan y abandonan sus luchas. Los venezolanos están muy lejos de claudicar: aunque en ocasiones los abraza el pesimismo, una y otra vez se han sabido sacudir el desaliento. Ni en sus mejores tiempos -con Chávez a la cabeza- las autoridades bolivarianas se han sentido libres de amenazas: mientras una amplia franja de la población insista en disputarle el poder, la revolución no podrá cantar victoria. La hegemonía absoluta que siempre ha buscado, hoy está más lejos que antes: por eso han crecido sus temores… y por eso se ha acentuado su interés en procurar el silencio de la sociedad. El procesamiento judicial contra Nelson Bocaranda, nos advierte que el régimen no se conforma con el dominio que ya ejerce sobre los medios tradicionales de comunicación. Villegas y sus jefes vienen por más…
El caso Bocaranda representa un peldaño más en el intento de acallar a los que no se dan por vencidos: la feroz persecución a la que Bocaranda está sometido, devela una intensa ofensiva contra él y, también, contra el espíritu contestatario de las redes sociales. Atemorizada por la influencia que ellas han obtenido, “la sucesión” pretende convertir al de Bocaranda en un caso ejemplarizante: el fantasma de la primavera árabe -que recientemente alcanzó a Brasil- es un tormento para los mandamases venezolanos, cuyo propósito es provocar la inhibición de los ciudadanos, que tienen en la tuitósfera el último reducto de la libertad de expresión e información. El delito que se le imputa a Bocaranda no es otro que el de la reivindicación de la verdad, algo que sólo es posible en un país donde ésta ha sido falsificada y relativizada, por quienes convirtieron la mentira en la médula espinal de la relación entre el Estado y la gente. El atropello expone sin ocultamientos un objetivo de gran alcance: prohibir los desmentidos a las versiones oficiales impuestas desde el Sibci y criminalizar lo que estos farsantes revolucionarios vendieron una vez, entre bombos y platillos, como “la contraloría social”.
El cinismo no tiene límites: el mismo gobierno que se ha llenado la boca pontificando sobre el poder contralor de las masas críticas, es el que hoy busca aplicar el terrorismo de Estado contra las redes sociales, desconociendo que ellas son una expresión moderna de la llamada “democracia participativa y protagónica”. Todo eso está inmerso en el caso Bocaranda, con el cual se desenmascara un régimen que busca estabilizarse poniéndole puertas al campo.
Por: Argelia Ríos
Argelia.rios@gmail.com
@Argeliarios
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viernes 07 de junio, 2013
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