Más de 17 denuncias prueban que sí
hubo torturas después del 14-A
■ Victimas piden justicia.
■ El Foro Penal consignó documentación ante la Fiscalía.
■ Ehisler Vásquez ha sido operado tres veces y aún no se recupera de los perdigonazos que recibió por parte de la GN.
■ Víctimas rechazan que Luisa Ortega Díaz “invisivilice” casos. Foro Penal consignó un informe de castigos cometidos en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, luego de los hechos violentos que ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, se ha encargado de desmentir que torturas. Para demostrar lo contrario, el abogado Alfredo Romero consignó ayer 17 denuncias ante el despacho de la funcionaria, las cuales a su juicio prueban que sí hubo hechos de tortura.
Junto a un grupo de jóvenes víctimas de agresiones y torturas sufridas entre el 15 y 16 de abril mientras estuvieron recluidos en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional del estado Lara, consignó las denuncias públicas. “Las estamos presentando con sello de recibido del fiscal superior de Lara, William Guerrero, que evidencian los abusos, agresiones y torturas. Y no es como dice la fiscal Luisa Ortega Díaz que se trata de acusaciones sin fundamento, porque allí están todos los soportes, narraciones y testimonios en detalle”.
Instó a los organismos del Estado a investigar y a que se haga justicia, porque se ha hecho recurrente que el Gobierno use la represión para controlar a los ciudadanos.
Ehisler Vásquez fue el joven cuyo lado izquierdo del rostro fue desfigurado por los múltiples perdigonazos que recibió por parte de funcionarios de la Guardia Nacional. Luego de tres intervenciones quirúrgicas, su cara aún muestra los estragos que hicieron los proyectiles.
“La GNB le destrozó la cara a mi hijo”:
“Aunque la fiscal general nos llame mentirosos, continuaremos mostrando como activistas defensores las pruebas serias y concretas de las violaciones de los derechos humanos no sólo en el país, sino como también lo hemos hecho ante los organismos internacionales como el Tribunal Penal Internacional de La Haya y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos”, dijo Romero.
Presentó la organización Fundapaz, que se encarga de la protección de 72 personas que fueron agredidas en abril en Barquisimeto por protestar, y actualmente están en régimen de presentación.
Aunque hasta ayer habían pasado seis días desde que Ehisler Vásquez fue atacado por funcionarios de la Guardia Nacional, el joven de 19 años de edad no puede hablar. “Solo logra abrir la boca un poquito para tomar líquidos a través de un pitillo”, contó su mamá, María Elisa Caridad, que pide un milagro para que su hijo quede bien.
El estudiante recibió cinco perdigones en la cara por parte de uniformados que le dispararon a quemarropa la tarde del martes 16 de abril, cuando un grupo de jóvenes se disponía a marchar a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Barquisimeto, estado Lara, para consignar un documento en el que pedían recontar los votos de las presidenciales. En la espalda recibió otros tres perdigones más.
“Le han operado la cara dos veces y solo le han podido sacar un perdigón. La doctora explicó que no escarbaron más para sacarle los otros cuatro porque tiene los tejidos muy desgastados. Nos dijo que en dos años el propio cuerpo los va a ir expulsando”, explicó.
La madre del joven narró que la médico que lo operó le advirtió que lo más probable es que tengan que intervenirlo una tercera vez para que participe un cirujano plástico. “No sabemos cómo quedó porque no le han quitado las vendas”, indicó.
Caridad explicó que a su hijo le dispararon un perdigón en la sien (muy cerca del ojo izquierdo), otros dos en el pómulo izquierdo (debajo del ojo), uno en el maxilar superior y otro en el inferior de ese mismo lado de la cara. “La Guardia Nacional le destrozó la cara a mi hijo”, dijo.
Caridad explicó que ayer colocó la denuncia en Fiscalía. “Como en Venezuela hay abuso de poder, seguramente no se va hacer justicia, pero igual quiero que se sepa lo que le pasó a mi hijo, para que la gente entienda que aquí no hay democracia y que ésta no es ninguna revolución bonita”, comentó.
Los actos de tortura:
Miembros del Foro Penal Venezolano y de la asociación civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) acudieron ayer a la Fiscalía General de la República para consignar un comunicado a su titular Luisa Ortega Díaz, donde constan las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos (DDHH) ocurridas el 15 y 16 de abril en Barquisimeto.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, señaló que debido a que Ortega Díaz señaló en los medios de comunicación que no ocurrieron violaciones de los DDHH durante esos días y que si sucedieron no han presentado denuncias, acudieron a la Fiscalía a consignar un informe que incluye 17 denuncias que fueron consignadas y recibidas por el Fiscal Superior de la circunscripción del estado Lara, William Guerrero, a propósito de castigos ejecutados presuntamente por funcionarios del Destacamento 47 de la Guardia Nacional.
Romero informó que esas denuncias de personas detenidas y torturadas en Barquisimeto fueron consignadas en el Tribunal Penal Internacional de La Haya y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El director del Foro Penal manifestó que además de ser detenidos, hubo personas presuntamente torturadas por efectivos militares en la capital larense, como el estudiante Ehisler Vásquez, a quien se le ocasionó una agresión en su cara, que ameritó tres operaciones y que aún requiere más intervenciones quirúrgicas.
Romero expresó que los estudiantes que participaron en las protestas de abril en Barquisimeto fueron agredidos, detenidos arbitrariamente, torturados, imputados por ejercer su derecho a la protesta y actualmente tienen medidas de presentación.
¿Quién investiga?:
Para Romero, es importante que la Fiscalía asuma su rol de investigar los casos de violaciones de DDHH. Dijo no entender que “pareciera que siempre tenemos que investigar, buscar las pruebas, esa no es nuestra responsabilidad”. Rechazó que exista una Comisión de la Verdad en la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, porque esa es una función de la Fiscalía, no de los diputados.
Aclaratoria:
En la nota acerca de los casos de tortura cometidos durante la Quinta República publicada ayer por TalCual, debemos aclarar que Adelso Peña, torturado por funcionarios del Cicpc, fue detenido el 21 de octubre de 2013 y no el 12 de noviembre de ese año, como señala el texto. Los actos de tortura descritos por la víctima fueron ejecutados durante su detención en la sede del Cicpc.
