Gobierno nacional controlará
los medios universitarios
■ La I Convención Colectiva Única plantea la conformación de una red telemática comunitaria para las instituciones pública.
■ El MEU en conjunto con las federaciones gestionará la dirección de canales comunicacionales así como el otorgamiento de concesiones para radio y televisión.
■ Una claúsula del Ministerio de Educación crea una “red nacional de radios y televisoras universitarias” que deja la concesión de licencias en manos de politicos chavistas.
■ La creación de una sala de cine comunitaria, expuesta en la cláusula 10, respaldará la ideologización. No hay garantía que los documentos proyectados, películas, entre otras, sean de contenido plural.
En el afán del Gobierno nacional de reducir o controlar los medios de comunicación, el capítulo II de la I convención colectiva única en discusión entre determinados gremios y el Ministerio de Educación Universitaria (MEU), encubre una cláusula que deja en manos del ente político y federaciones la administración de canales comunitarios para las casas de estudios públicas.
A través de la número 9, titulada “Red telemática y de medios comunitarios para las instituciones de educación universitaria oficiales”, el Ejecutivo se compromete a promover y crear una “red nacional de radios y televisoras universitarias” que en teoría suena funcional, pero en la práctica resulta una muestra más del interés de aniquilar la autonomía.
En su párrafo tercero se esclarece que la dirección de tales medios de comunicación será por acuerdo entre las federaciones y el MEU, alejando el control autonómico que suelen tener las instituciones sobre ellos y trasladándolo bajo un poder político.
Así lo expone Jesús Urbina, docente de LUZ y director de TEVELUZ-RADIO, quien asegura que quitar a la institución la posibilidad de administrar lo correspondido es convertir al Gobierno en el nuevo patrón de la comunidad universitaria. Las frecuencias radiales y señales televisivas para explotar de las casas de estudios públicas son frecuencias gestionadas de manera directa por las instituciones o las fundaciones creadas para tal efecto.
Otorgarla a terceros irrumpe con su compromiso al servicio social y pasan a formar parte de la contingencia laboral. Alertó que LUZ, por ejemplo, no tiene representación en las Federaciones y Sindicatos que suscriben el contrato. Por tanto garantizar una programación plural y de equilibrio en donde se visualicen los intereses institucionales y del público, así como la administración de las concesiones podría ser cuesta arriba.
“Las federaciones y sindicatos son claves para intervenir la dinámica universitaria. Las radios y televisoras institucionales de un innegable perfil de servicio público se convertirán en las herramientas o armas claves para lograr el control”.
Ideologización:
Para Ángela Leiva, docente jubilada de LUZ, la red de telemática y de medios se convertirá en una forma más de transmitir la carga ideológica que se desea imponer en las universidades. La cláusula no solo excluye a las federaciones que no son adeptas al Gobierno, sino también a la dirección comunicacional de las universidades y los profesionales en el área adscritos a ellas.
La creación de una sala de cine comunitaria, expuesta en la cláusula 10, respaldará la ideologización. No hay garantía que los documentos proyectados, películas, entre otras, sean de contenido plural.
La convención colectiva, discutida desde el 20 de mayo, agrega otro atentado contra la autonomía comunicacional. Según el párrafo primero de la cláusula 9, el MEU es quien gestionará ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el otorgamiento de al menos 10 concesiones para radio y seis de televisoras.
LUZ suma dos décadas luchando por la obtención del permiso que permitirá a su televisora (TEVELUZ) transmitir en señal abierta y a su emisora en Maracaibo (LUZ Radio 102.9 Fm) contar con la habilitación de su frecuencia. El Ejecutivo, sin embargo, ignora las peticiones. Se le fijan cuotas y limitaciones a su derecho de informar y divulgar sus productos.
“Sería una bofetada”, expresó Urbina, si el ente gubernamental por la sintonía ideológica entregue los permisos a las federaciones y sindicatos que sólo suscriben al Gobierno. Quién tiene prioridad o quién juzgará el otorgamiento son los cuestionamientos planteados de aprobarse el documento.
Educación en peligro:
La cláusula 9 presenta una contradicción con la realidad de acuerdo a Leiva, integrante del equipo de Apuz que analizó la convención con 87 observaciones. El mes pasado, la Opsu aprobó la reducción del ancho de banda en internet a las universidades autónomas, pero en el documento el Ejecutivo se compromete a “crear y actualizar las intranet” y “garantizar dentro de las partidas la adquisición y actualización de la tecnología necesaria para estos fines”.
“Quitaron unos megas de navegación porque resultaban costosos para las universidades para fines académicos y de intercambio de conocimientos. Pero no lo serán para la imposición de una red telemática con objetivos gremiales y gobierneros”.
Advirtió que los sistemas de educación a distancias en las universidades públicas son los más asfixiados. Las partidas presupuestarias se pierden en gastos de funcionamiento imposibilitando la extensión de una plataforma tecnológica que corresponda con la estrategia de difusión de conocimiento.
Televisora sin señal:
La lucha para que TVLUZ (empresa rental) pueda transmitir en señal abierta ha cumplido diversas etapas. Jesús Urbina, docente y director de LUZ Radio, la recuerda desde la conformación de la Comisión de Política Comunicacional en 1995. La solicitud se reenvió a finales de los 90, y luego en 2001 en adaptación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
En mitad de la década pasada, y por última vez hace tres años, la televisora intentó obtener el permiso para prestar servicio público a través de la comunicación universitaria. Todas sin éxito
El caso radial:
La universidad cuenta con tres radioemisoras. La 97.5 de San Rafael de El Moján y la 107. 9 de Punto Fijo, Falcón, poseían la concesión y habilitación requerida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sin embargo ambas están vencidas. El ente no ofreció respuesta en 2008 cuando se solicitó la renovación de los títulos.
En el caso de la ubicada en Maracaibo LUZ 102.9 nunca se le otorgó la concesión original. Funciona con un permiso del viejo régimen de comunicaciones. En tres oportunidades (2001, 2010, y 2013) se pidió la transformación de la habilitación, el Gobierno continúa sin respuesta.
Por: Luzmila Mejía Smith
lmejia@laverdad.com
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Maracaibo, 25 de Junio de 2013
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