¿Democracia
participativa?
Leídos los dudosos resultados del 14-A, el mundo oficialista se apertrecha alrededor de sus fichas dominantes del CNE, que no es poca cosa (80% de los rectores), para encubrir sus miedos. Se ampara bajo la sombra proyectada en primera instancia por la señora Lucena, quien de manera taxativa decreta que “no procede el conteo manual por disposición reglamentaria”. Frase firmemente repetida por las otras damas del CNE, quienes desgarran sus vestiduras tratando de demostrar adjuro la “victoria de Maduro”. Calientico el ambiente, la presidenta del TSJ increpa a la MUD para que recurra de hecho ante el máximo tribunal en busca de justicia, pero sentencia, de una vez, que el conteo manual no procede porque esa figura no existe en Venezuela. ¿Entonces? Pero hay más:
-Motorizados ataviados con colores y símbolos del PSUV estuvieron durante todo el proceso eleccionario amedrentando a sus anchas a los electores opositores en cola y promoviendo el voto por Maduro. ¿Qué pasó con el Plan República?
-Los excesivos casos del llamado “voto asistido”, en el cual los representantes oficialistas amenazaban con “castigar” a los negados a votar según sus indicaciones so pena de privarlos de todo beneficio comunitario del Gobierno, no fue advertido por ninguna rectora. Nueve ONGs han denunciado el despotismo de esta práctica castradora del derecho del elector. Anomalía observada en 143 centros de 16 estados con un padrón superior a los 350.000 votos.
-El empleado público fue chantajeado so amenaza de cesantearlo al estilo fascista del ministro de Vivienda y Hábitat, quien denigraba a gritos y públicamente de cualquier disposición legal que le impidiera “echar a la calle” a los sufragantes por Capriles. ¡Que igual los botaría!
-El régimen usó los recursos económicos y materiales del Estado, incluidos todos los medios oficiales, para colocarlos a disposición del candidato del Gobierno sin que ninguna dama del CNE lo notara.
-Los votantes que residen en el exterior fueron sometidos al más cruel castigo instituido por el “organismo rector”. En el estado de Florida (EEUU) se obligó a los electores a trasladarse miles de kilómetros para ejercer un derecho constitucional. Esa misma entidad “imparcial” exige hoy respeto y reconocimiento para sus decisiones.
Ante el inocultable abuso sistémico del régimen, el CNE se sintió urgido a proclamar ganador al candidato oficial a sabiendas del cúmulo de anomalías, por demás visibles, e impedir se revelaran las evidentes distorsiones del proceso. No obstante ello, Capriles ganó si nos atenemos a los datos del mismísimo CNE. Veamos los números que tanto disgustan a Tibisay. A seis meses de la última elección presidencial, Capriles incrementó su votación en todos los estados según la proporción siguiente:
Distrito Capital: 4,5%. Anzoátegui: 4,8%. Apure: 5,0%. Aragua: 5,0%. Amazonas: 7,5%. Barinas: 7,50%. Bolívar: 6,50%. Carabobo: 4,40%. Cojedes: 4,75%. Delta Amacuro: 6,30%. Falcón: 7,30%. Guárico: 5,65%. Lara: 4,40%. Mérida: 5,90%. Miranda: 2,80%. Monagas: 3,40%. Nueva Esparta: 4,20%. Portuguesa: 6,0%. Sucre: 5,15%. Táchira: 6,65%. Trujillo: 4,60%. Vargas: 4,65%. Yaracuy: 3,90%. Zulia: 6,0%. Demás está señalar que en esa misma proporción, o más, disminuyó la votación oficialista aunque ello importune la pretensión y perturbe la sonrisa de las damas del CNE.
¿No cree la señora Lucena que las cifras leídas por ella misma, que ubican a Capriles a 1% de su preferido, son suficientemente contundentes como para atender los reclamos de la MUD que exige con todo derecho una auditoría “limpia” y sin evasivas como las que repite y que a nadie convencen? A los actores políticos les está permitido hacer elucubraciones sobre cualquier resultado, pero no al CNE, obligado a velar por la pureza del proceso. Y este proceso, no ha sido ciertamente muy puro. Por el contrario, despunta por el cúmulo de irregularidades que no escapan del sentido hasta del más lerdo.
Las voceras del CNE han convertido “en normal” el exhibicionismo de los escenarios que justifican sus acciones sin importarles que con cada aparición pública se delata una conducta evasiva conducente a la confrontación. Lejos de lucir como árbitros lo hacen provocando al “adversario” y negándole todo derecho de acceder a los elementos que pudieren evidenciar el fraude. ¿Democracia participativa?
Por: MIGUEL BAHACHILLE M.
@MiguelBM29
miguelbmer@gmail.com
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EL UNIVERSAL
lunes 29 de abril de 2013
