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    HomeActualidadJUDICIAL: Raúl Díaz no fue juzgado por "terrorismo" en 2008

    JUDICIAL: Raúl Díaz no fue juzgado por “terrorismo” en 2008



    Alberto Arteaga Sánchez dijo que en el caso de Díaz no hubo protección a terrorismo, sino resguardo de garantías.

    Arteaga Sánchez desestima argumento del
    Gobierno para retiro interamericano

     

    El estudiante fue condenado por delitos comunes.

    Claudia Mujica considera que no hubo sesgo en el dictamen de la Corte IDH.

    El Gobierno justificó el anuncio de su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humamos por la sentencia que ordenó al Estado reparar los daños causados a Raúl Díaz Peña, que en julio de 2008 fue sentenciado por supuesta participación en la colocación de explosivos en el consulado de Colombia y la oficina de negocios de España en 2003.

    Sin embargo, los delitos por los que fue condenado el estudiante y nadador, que se fugó a Estados Unidos en 2010, entran en la categoría de delitos comunes tipificados en el Código Penal.

    La abogada Claudia Mujica, que actuó como defensora del general de división Felipe Rodríguez en el caso señalado, explicó que no basta la expresión sobre terrorismo utilizada por el Ministerio Público para la acusación, puesto que los delitos de agavillamiento, incendio en inmueble agravado en grado de autor y ocultamiento de sustancias explosivas no figuran en la categoría de actos terroristas.

    “Venezuela tiene una ley contra el terrorismo que no fue empleada en este caso.

    Además, no hubo pruebas de las acusaciones. Se ofrecieron unos videos que nunca fueron presentados”, dijo Mujica.

    Sostuvo que a Díaz, para el momento de su aprehensión estudiante y nadador, en la sentencia anunciada el 20 de julio, se le reconocieron sus garantías fundamentales luego de atropellos recurrentes.

    “En la Corte Interamericana no hubo sesgo. A Díaz se le condenó por ir a la plaza Altamira. Después de años en prisión en El Helicoide, renunció a presentar recursos, quería optar por la pena alternativa, lo pusieron bajo régimen de presentación en Vargas y un día encontró que habían extraviado el expediente”, indicó Mujica.

    El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez considera sin argumento que el Gobierno se ampare en el caso Díaz y su presunta calificación como terrorista para irse de la Corte.

    “Todo ciudadano, imputado o acusado, tiene derecho a un proceso justo; y si ello no ocurre, surge el derecho a recurrir a las instancias internacionales. No se trata de la protección a un terrorista. Se trata de la garantía de sus derechos. Por ello el propio Gobierno defiende y garantiza los derechos de los privados de libertad, en nuestros antros penitenciarios, aunque estén condenados por delitos graves, porque ello lo exige el Estado de Derecho y lo garantiza nuestra Constitución. Una imputación, una condena no justifica que se viole la dignidad de la persona humana o los derechos que le asisten”, dijo.

    Efectos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de devastadora para este organismo internacional la salida de Venezuela de la Corte Interamericana. El vocero, Rupert Colville, indicó que la Corte desempeña una misión importante cuando los mecanismos nacionales para resguardar los derechos humanos no funcionan.

    El diputado Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo, advirtió que si se concreta la salida de la Corte se incumplirían las cláusulas democráticas de Unasur y la Celac.

    Voto disidente:

    La detención de Raúl Díaz Peña en El Helicoide, fue desde febrero de 2004 hasta mayo de 2010. En septiembre de ese año se fugó del país porque temía por su integridad. El primero de diciembre de 2011 la Corte Interamericana escuchó sus declaraciones. Previamente, la CIDH dictó medidas cautelares a su favor. La Corte ordenó al Estado pagar costas y resarcir a Díaz. La sentencia tuvo el voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, de Chile, quien alegó que debía declararse inadmisible la solicitud porque cuando se presentó el caso no se habían agotados los recursos internos. La solicitud ante la Corte IDH fue hecha por Venezuela Awareness Foundation, que denunció detención ilegal, retardos procesales injustificados y detención en condiciones inhumanas que originaron el deterioro progresivo de la salud de Díaz, especialmente en el oído izquierdo. 


    Por: SOFÍA NEDERR
    snederr@el-nacional.com
    POLÍTICA | OPINIÓN
    JUDICIAL | TJS
    OFICIALISMO | PSUV
    CIUDAD | CARACAS
    EL NACIONAL
    VIERNES 27 DE JULIO DE 2012


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