“Las empresas comunales son un
injerto de burro con cochino”
■ Según la Ley de Gestión Comunitaria quienes conformen una empresa comunal no tienen derecho o participación sobre el patrimonio y el reparto de excedentes económicos.
■ Aclara la norma que toda ganancia será utilizada en la reinversión social para el beneficio de la colectividad. De forma más sencilla, no se habla de sueldos.
Es hasta ingenuo pensarlo. Según la Ley de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, aquellos que conformen una empresa comunal “no tienen derecho o participación sobre el patrimonio y el reparto de excedentes económicos”. Aclara la norma que toda ganancia será utilizada en la reinversión social para el beneficio de la colectividad. De forma más sencilla, no se habla de sueldos.
Con 36 artículos y 3 disposiciones transitorias, el instrumento no establece quincenas, mensualidades ni bonos vacacionales. Si hay algo que reclamar, no será invocando la Ley del Trabajo (LOT), sino a la Ley del Sistema Económico Comunal; que tampoco establece tiempo de jornada laboral ni cálculo de prestaciones sociales. Mucho menos define quiénes son los empleados y patrones.
Sin embargo, el artículo 32 de la Ley del Sistema Económico Comunal refiere como derechos de los miembros de las organizaciones socioproductivas, recibir una “justa remuneración por el trabajo realizado, de acuerdo a la calidad y cantidad del mismo”, sin clasificar escalas como sueldo mínimo y el resto de beneficios de la LOT. ¿Quién querría trabajar así?, es el dilema.
Comunas y consejos comunales son partícipes de las empresas comunales. De acuerdo con la norma, ambas instancias son consideradas “sujetos de transferencia” de las competencias de alcaldías y gobernaciones. Desde la comunidad de Catia, William Resquejo rechaza a las llamadas empresas comunales, porque “podría rememorar la figura de las cooperativas que ofrecían trabajo, pero no pagaban prestaciones sociales. En este caso, la Ley de Gestión Comunitaria no contempla ni una cosa, ni la otra”.
Carlos Salazar, de la coalición de trabajadores de la Alcaldía de Libertador, considera que “esas empresas comunales nacerán de las competencias que le retiren a las alcaldías y gobernaciones. Resulta ilógico que alguien va a laborar sin cobrar. Y si esto ocurre, finalmente esos trabajadores terminarán invocando la Ley del Trabajo”.
Rojo rojito:
La ideología es determinante. Con base en el artículo 31 de la Ley del Sistema Económico Comunal, para integrarse a las organizaciones socioproductivas se necesita tener “ética socialista”, aunque así la Constitución no lo establezca.
De aplicarse estos filtros ideológicos, sería difícil que alguien de Avanzada Progresista, Acción Democrática o Voluntad Popular sea admitido en dichas estructuras. William Resquejo coincide y duda en que alguien que trabaje en una empresa regular, “acepte irse a otra denominada comunal. Ni siquiera el fanático partidista soportaría laborar en esas condiciones. Sin embargo, no creo que esto prospere en todo el país”.
Salazar argumenta que “quizás en Delta Amacuro, Cojedes y Portuguesa, que son bastiones del chavismo, puede ser exitoso este modelo. Pero en Caracas y Miranda no creo que nadie se cale esto. Realmente, solo pudiera soportarlo alguien del PSUV”. Todo esto se afianzará si Chávez continúa en la presidencia después de las elecciones del 7 de octubre, coinciden ambos.
Paralelismo sindical:
Salazar, entretanto, comenta sobre las ramificaciones de un Estado paralelo, que se mide hasta en las fuerzas sindicales. “Se trata de la Unión Socialista de Trabajadores, organización que desplazó a los trabajadores conformados en sindicato, para promover un contrato colectivo a imagen y semejanza de lo que le convenga al alcalde Jorge Rodríguez”, explica el trabajador de la alcaldía capitalina.
Cree que la opinión pública será el detonante que revierta los aspectos sensibles de la Ley de Gestión Comunitaria. No es nada que mereciera aclararse, si no fuera por esta nueva clasificación que contrasta con la definición de la Real Academia Española. Ahí se conceptualiza a la empresa como la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.
Para Noel Álvarez, expresidente de Consecomercio, dichas organizaciones productivas “son cualquier cosa menos una empresa”. A su juicio “puede ser un injerto de burro con cochino, pues lo que priva en el mundo empresarial es la rentabilidad. Mientras más eficiente eres, más bajan los costos. Quisiera saber quién es el patrono, quién trabaja y dónde está el presupuesto de ventas. Esto no tiene ningún sentido. Insisto, las empresas comunales pueden ser cualquier cosa menos una empresa”, enfatizó el especialista en productividad.
Aclara las diferencias con una empresa social. “La diferencia es que con esta nueva clasificación comunal no hay una estructura de costos, pues además no está sujeta a la Ley Orgánica del Trabajo”.
No convence:
La Ley del Sistema Económico Comunal, por su parte, prevé el trueque comunitario como una “modalidad de intercambio de bienes, servicios, saberes y conocimientos, con valores distintos que no son mutuamente equivalentes, donde se requiere de un sistema de compensación o mediación para establecer, de manera explícita, relaciones de equivalencia entre dichos valores”, explica el artículo 6 de la norma.
Si esto se aplicara realmente, el exministro Pedro Carreño podría cancelar vía trueque cualquiera de sus atuendos Gucci y Luis Vuitton, que fueron puestos en evidencia por la periodista Francia Sánchez, de Radio Caracas Televisión (RCTV), en diciembre de 2007.
Para ser más exactos: harían falta unos 60 kilos de mamón para cancelar una corbata de la preferencia del funcionario socialista y más de 250 kilos de ñame para pagar el calzado. Esto surge de un kilo de mamón cotizado en Bs 25 y el kilo de ñame valorado Bs 10, considerando que solo una de estas prendas podría superar el salario mínimo de Bs 1.700 que devengan algunos venezolanos.
Volviendo con Carreño, a la periodista de RCTV respondió que no es contradictorio hablar de socialismo mientras vestía de capitalista, pues “yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos”, destacó el exministro.
Con moneda y todo:
En el artículo 53 de la misma ley se menciona la figura de moneda comunal, que genera la suspicacia del exgobernador de Trujillo, Gilmer Viloria. “Esto de por sí viola el artículo 318 de la Constitución que establece como única unidad monetaria el bolívar y no permite el uso de otra moneda sino por la vía de los tratados que pudiera suscribir la República en materia de integración económica latinoamericana”.
Viloria ejemplifica lo que sería la interacción de dicha moneda según su área de influencia. “Si yo voy de la Comuna Juan Ignacio Montilla en la Ciudad comunal de Valera, a la Comuna de La Virgen del Carmen perteneciente a la Ciudad Comunal de Boconó, ambas pertenecientes al Territorio Comunal de Trujillo, otrora estado Trujillo, ¿cuántas monedas tendré que llevar? Allá seguramente tendré que utilizar la moneda comunal llamada Momoy”.
Se pregunta también: “¿Cuántas monedas tendré que llevar de diferentes denominaciones, y cómo las adquiriré en caso de viajar por Venezuela? ¿En cada ciudad comunal habrá casas de cambio comunales, así como hay bancos comunales?”.
Ministerios extintos:
Como si fuera poco, Venezuela tuvo un Ministerio para la Economía Comunal creado en 2004 con Elías Jaua como titular, continuó en 2006 bajo las riendas de Olly Millán y culminó en 2009 con la gestión de Pedro Morejón. Este despacho sería llamado anteriormente Ministerio de Estado para la Economía Social, dirigido por Nelson Merentes.
“Será un ministerio con cartera, desburocratizado, eficiente, dinámico. Además contará con la Superintendencia Nacional de Cooperativas, para impulsar aún más el cooperativismo; también con Fondemi, Banco del Pueblo y de la Mujer, y todo lo relacionado con el microfinanciamiento”, anunció Chávez durante la emisión 203 de su programa Aló Presidente.
Se mantiene actualmente el Ministerio de Comunas encabezado por Isis Ochoa, cuya gestión invirtió 23 millones para formación política, como consta en la memoria y cuenta de este organismo en 2011. La consolidación de todo lo anterior pasará por el filtro de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, cuando el voto descarte o confirme el proyecto de Estado comunal propuesto por Hugo Chávez.
Por: DANIEL PALACIOS YBARRA
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