Sobredosis
Cuando el gobierno militar de Alfredo Stroessner terminó con un golpe de Estado en 1988, Paraguay puso fin a 36 años de un gobierno dictatorial que violó todos y cada uno de los preceptos constitucionales y cometió graves crímenes en contra de sus opositores. Los paraguayos se esmeraron en diseñar una Constitución cuyo norte fundamental no era otro que impedir la concentración del poder en una sola persona para evitar nuevos gobiernos autoritarios.
Uno de los poderes otorgados al legislativo en la Constitución de 1992 era el de iniciar un juicio político contra la máxima autoridad del país y otros altos jerarcas de los poderes del Estado, y castigarlos, si ese era el caso, con la separación de sus funciones no sólo por delitos cometidos durante el desempeño de su cargos sino por “mal desempeño de sus funciones”. Lo mismo establece la Constitución paraguaya para el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el contralor general de la República y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Una matanza de 17 paraguayos en una arremetida armada durante el desalojo de una finca en el interior del país fue el elemento disparador de la crisis actual que terminó con la eyección de Fernando Lugo. Si bien la causa eficiente de la crisis fue tal hecho de sangre, la constante confrontación y la lucha de clases promovida desde la Presidencia fue creando un ambiente perverso en el país dentro del cual la oposición se decidió a actuar usando las herramientas previstas por la legalidad democrática. El libelo de la acusación en contra de Lugo expresaba inequívocamente que el Presidente incurrió “en un mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la República”.
Ni los escándalos por su paternidad irresponsable e inmoral, ni sus conflictos continuos con la Iglesia, ni el hecho de que haya traicionado a los liberales socialdemócratas a quienes debía dos tercios de los votos que lo eligieron, son razones válidas o suficientes para el juicio a su gestión que se emprendió desde el Congreso. Lo que sí lo calificaba como un gobernante dañino a los intereses de su país fue su pretensión creciente de gobernar sobre la base de la generación de una perversa fractura social en el Paraguay. Promover el odio es incendiario, peligroso y dañino para cualquier sociedad. Es eso lo que mantiene inflamados los ánimos nacionales y provocó hechos de sangre que detonaron la iniciativa de juzgarlo y condenar su gestión por un inexcusable y deliberado daño a la nación. ¿Que el juicio fue acelerado?, ¿que la defensa fue débil? Ello es inadecuado y reprochable, pero lo que no es, es inconstitucional.
Por: BEATRIZ DE MAJO (* )
* Sobredosis
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