Empresarios y sindicalistas dicen
que las mafias siguen operando

■ José Rodríguez, de la comisión contralora de Sidor, desligó a la empresa de las irregularidades.

A un año de la detención de Luis Velásquez, director comercial de Sidor acusado de dirigir la mafia dedicada a vender con sobreprecio las cabillas que produce la empresa, la distribución del producto ­indispensable para construir viviendas­ no ha mejorado, de acuerdo con empresarios y sindicalistas.

“La investigación policial no sirvió para nada. La distribución de las cabillas sigue en manos de mafias. Sacaron a un grupo para meter a otro”, denunció Víctor García, presidente de la seccional en Guayana de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Mineros.

Afirmó que lo único que ha cambiado en los últimos 12 meses es el precio al que las mafias venden las cabillas, que se encareció y ahora está 3, 4 y hasta 5 veces por encima del monto máximo de 1,8 bolívares por kilo fijado por el Gobierno.

La caída de 2,8% que tuvo la producción de cabillas en el primer trimestre de 2012, según el punto de cuenta que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Planificación y Finanzas entregaron al presidente Hugo Chávez, agrava el problema.

“Venden las cabillas hasta en 10 bolívares por kilo”, dijo un constructor que prefirió no ser citado por su nombre. Agregó que el problema no son los distribuidores tradicionales, porque lo poco que reciben ­10% de lo que les asignaban antes­ tiene un destino predefinido.

“Los envíos llegan con una orden de quienes serán los compradores. Esas personas a las cuales está destinada la mercancía son las que llaman después a los constructores para revenderla. Los distribuidores no tienen la culpa porque la orden viene de las fábricas, que son estatales”, aseguró.

José Jiménez, ex director laboral de Sidor, señaló que la falta de un proceso de distribución transparente ayuda a que se mantenga el mercado negro. “No hay una oferta regular de cabillas a los establecimientos comerciales (mayoristas y minoristas) sino que funcionarios del Estado se encargan de asignarla”.

Aunque las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela y las construcciones gubernamentales en general tienen prioridad en la entrega del producto, no siempre se respeta ese criterio. “Los funcionarios asignan las cabillas de acuerdo con sus intereses”, afirmó Jiménez.

Sin irregularidades:

José Rodríguez, de la comisión contralora de Sidor, ratificó que la empresa no está despachando a los distribuidores privados.

“60% de la producción se envía a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y 40% se distribuye a través de la red Ferresidor”, dijo.

Rodríguez, sin embargo, desligó a la siderúrgica de cualquier irregularidad relacionada con la venta con sobreprecio de cabillas. “Como trabajador e integrante de la junta directiva puedo garantizar que es casi imposible que haya un desvío del producto”.

Contó que la gerencia colectiva impulsada por el Gobierno ha permitido que la toma de decisiones sobre distribución, antes centralizada en Velásquez como director comercial, ahora esté a cargo de un grupo de seis a ocho personas. Agregó que el Ministerio de Industria audita el proceso constantemente.

No descartó que consejos comunales y empresas privadas que compran cabillas en los puntos de venta de Ferresidor (que están ubicados en Barcelona, Barinas, Coro, Maturín, Ocumare del Tuy, San Carlos y San Félix) revendan el producto a terceros. Consideró, no obstante, que esta posibilidad es reducida.

“Hay un límite de despacho mensual para cada comprador, que debe presentar el proyecto que construye para adquirir las cabillas. Además, los consejos comunales hacen una inspección cada mes para ver el avance de la obra”, expresó.

Sobre la caída de la producción, Rodríguez dijo que obedece a los problemas con los hornos de acero líquido, cuya reparación o sustitución es difícil porque son máquinas que tienen más de 20 años (hasta 40 en algunos casos) y no se consiguen en cualquier parte.

“Hay que ir a un proceso de licitación, seleccionar una empresa y luego esperar que fabrique la máquina”, sugirió. Anunció que a finales de julio llegarán dos hornos que se encargaron el año pasado y que permitirán incrementar la producción.

Un año sin avance:

El juicio contra Luis Velásquez y las otras personas implicadas en la venta con sobreprecio de cabillas está paralizado, a pesar de que esta semana se cumplirá un año de ladetención del ex director comercial de Sidor, recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. 

Fue el 10 de junio de 2011, durante un allanamiento de cuatro gerencias de la empresa en Puerto Ordaz, cuando la Dirección de Inteligencia Militar apresó a Velásquez. Dos días después un tribunal le dictó privativa de libertad. 

En los días siguientes se investigaron las presuntas relaciones de Velásquez con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y otros dirigentes regionales del PSUV, pero no hubo ningún hallazgo al respecto. 

El 16 de junio allanaron la empresa Hierro San Félix, el 17 detuvieron a Tatiana Orozco ­bautizada luego como la Reina de las Cabillas­ y el 19 allanaron un concesionario deautomóviles y Orinoco Iron. 

En julio detuvieron a Javier Palma y a tres funcionarios de la Guardia Nacional presuntamente vinculados con Velásquez y Orozco. 

Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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EL NACIONAL
DOMINGO 03 DE JUNIO DE 2012