En el estado Lara se registraron 259
ocupaciones ilegales en dos años
■ Proponen mesas de diálogo para impedir invasiones.
■ El gobernador de Nueva Esparta dijo que no permitirá la ranchificación de Margarita y Coche.
■ La policía de Sucre recomendó identificar terrenos vulnerables, evitar confrontación y mantener contacto con las autoridades
El fenómeno de las invasiones continúa replicándose en varios estados del país, donde los dueños de los terrenos o propiedades tomadas y los habitantes de las zonas perjudicadas han reclamado y hasta se han enfrentado con los invasores debido a la inseguridad jurídica y colectiva que la situación representa.
Los ocupantes ilegales se escudan detrás de la figura del presidente Hugo Chávez para darle un halo de legalidad al hecho de instalarse en lugares que no les pertenecen. Casi siempre la falta de vivienda es el móvil para invadir. En otros casos, las invasiones son promovidas por mafias.
La respuesta del Gobierno, sea central o regional, ante una invasión no es clara pues varía dependiendo del estado y del municipio donde ocurra, y puede ir desde el desalojo inmediato hasta brindarle resguardo policial a los tomistas de una propiedad.
Aunque voceros del Gobierno han rechazado las invasiones y han pedido a las familias que canalicen su necesidad a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la práctica la solución gubernamental aún no llega al grueso de la población.
Destino turístico afectado. El gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, rechazó las más recientes invasiones en la isla de Margarita por considerar que tienen un tinte político y que, a las puertas de una campaña electoral, lo que se busca es desmeritar la gestión que realiza para beneficiar a los habitantes de la entidad.
Dijo que el año pasado presentaron 11 proyectos habitacionales ante el Consejo Federal de Gobierno y que a ninguno le asignaron recursos, razón por la que ya en lo que va de 2012 han elevado cuatro planes de vivienda ante esa instancia para los cuales esperan una respuesta positiva.
Señaló que la aparición de poblados sin planificación no solamente afectan los servicios básicos que desde su punto de vista están bastante restringidos en la entidad sino que terminan por colapsar el suministro de electricidad y agua potable.
“Hemos advertido que no vamos a permitir la ranchificación de nuestras islas de Margarita y Coche, que se verían afectadas como destino turístico del Caribe y del resto del mundo”, indicó el mandatario.
Mal comienzo:
A principios de año y a pesar de las alertas lanzadas por los concejales de la Cámara Municipal, las invasiones resurgieron y hasta los momentos han ocurrido 12. En el municipio Tubores, más de 300 familias ocuparon terrenos en diferentes sectores de la población de Punta de Piedra, capital de esa jurisdicción. Algunos son ejidos municipales y otros propiedades privadas.
Desde mediados de enero, Jesús Vásquez, presidente de la instancia edilicia, aseguró que la situación se torna preocupante ya que mientras logran disuadir a algunos invasores de desalojar zonas tomadas, estos inmediatamente migran hacia otros terrenos.
A mediados de la semana pasada, cerca de 40 familias invadieron la urbanización turística La Ensenada, en la población de La Guardia, municipio Díaz, y ocuparon las viviendas que se encuentran en acuerdo reparatorio en el Tribunal 4º de Control de Nueva Esparta y que serían entregadas a sus propietarios en los próximos días, luego de un proceso de litigio.
Simultáneamente, 300 familias aproximadamente limitaron parcelas en terrenos en Villas de Las Praderas, en el mismo municipio, pero fueron disuadidas y a los dos días abandonaron la zona.
El miércoles pasado, cerca de 200 familias invadieron un lote de terreno, propiedad de la urbanizadora San Lorenzo, en el sector Costa Azul, en la avenida Bolívar de Porlamar. En el lugar está proyectada la construcción de 18 villas.
Repudio de la Iglesia:
El año pasado, hubo cuatro invasiones en Margarita. El 7 de diciembre fue ocupada ilegalmente el área de ampliación del desarrollo Bahía Palmeras de Juan Griego, cerca de la prolongación de la avenida Juan de Castellanos. Varias familias aún se mantienen allí a la espera de una vivienda del Gobierno.
También se registraron ocupaciones ilegales en El Valle del Espíritu Santo cercano a la basílica menor de Nuestra Señora del Valle, hecho que fue repudiado por los gobiernos regional y municipal, así como por la Iglesia en Nueva Esparta.
19 invasiones en Maracaibo:
Desde enero hasta ahora, la Intendencia de Maracaibo ha recibido 19 denuncias por invasiones: 16 han sido resueltas a través del diálogo y 3 están en manos de la Fiscalía, informó el intendente Adrián Romero, cuyo despacho trabaja con la Gobernación del Zulia.
La última invasión en Maracaibo ocurrió la semana pasada, cuando cerca de 40 familias ocuparon un terreno de la empresa Lodwell en la zona industrial. Aunque los invasores desalojaron el terreno, acordaron con los propietarios que si no lo limpiaban y adecuaban en un lapso de seis meses, presentarían un proyecto a la alcaldía para construir viviendas en el lugar. Romero indicó que el año pasado hubo 85 invasiones en Maracaibo.
259 ocupaciones en Lara:
De acuerdo con cifras manejadas por la Gobernación de Lara, en la entidad se han registrado al menos 259 invasiones en los últimos dos años. La situación preocupa a los representantes de los gobiernos regional y local, quienes atribuyen las ocupaciones ilegales a conductas anárquicas que violan el derecho a la propiedad privada. Varias de ellas fueron promovidas por el llamado grupo FRÍO.
“La situación es muy delicada y anárquica. Hay que buscar una solución a las invasiones”, dijo recientemente el gobernador Henri Falcón. La alcaldesa de Iribarren, Amalia Saéz, niega que las invasiones sean promovidas por el PSUV y más bien las adjudica a sectores de oposición que buscan desprestigiar al Ejecutivo.
Policías tomistas en Sucre:
Más de nueve invasiones se han registrado en Cumaná, estado Sucre, en lo que va de año. La última significó la ocupación ilegal de terrenos del Parque Ayacucho de Cumaná, patrimonio histórico y lugar turístico de la entidad. En las inmediaciones del parque, a orillas del río Manzanares, también hay otra invasión, en la que tomaron parte dos funcionarios policiales de la gobernación y de la alcaldía. El patio de una casa, en Brasil Sur, fue el lugar escogido por cerca de 10 familias para invadir. Para efectuar el desalojo, Fiscalía le exige a Del Valle Rojas que presente testigos que la avalen como dueña de su casa.
En el sector Tres Picos, frente al sector Las Castañedas, hay tres invasiones más.
Protestas en Miranda
Hasta el pasado primero de marzo las autoridades habían reportado 45 tomas ilegales de propiedades en el municipio Sucre del estado Miranda. En 32 de ellas fueron desalojados los invasores. Sólo entre el 17 de febrero y el 22 de febrero ocurrieron 5 de estas ocupaciones, entre ellas, la de un terreno del Real Esppor Club en La Urbina, y la de una parcela del Complejo Industrial Mariche en el sector Las Antenas de Guaicoco.
Las invasiones de tierras en Guaicoco y en Las Marías ocasionó fuertes protestas de vecinos a finales de febrero, quienes llegaron a cerrar accesos de la carretera Petare-Santa Lucía y a custodiar, armados con machetes, lugares como Las Minas, en Guaicoco, donde los ánimos caldeados terminaron en un tiroteo que dejó tres heridos.
Limitaciones policiales:
El funcionario de la Policía del Municipio Sucre, Pausides Benítez, aseguró que no se han descuidado los terrenos vulnerables: “Tenemos 11 patrullas paradas, encargadas de vigilar esas áreas”.
Edgar Cabello, también de Polisucre, dijo que no cuentan con los recursos para que haya una patrulla permanentemente en cada terreno vacío: “De hecho, hemos descuidado la prevención del delito para atender las invasiones”.
Señaló que las policías municipales sólo pueden intervenir antes de que se efectúen las ocupaciones, pues su trabajo es preventivo.
Una vez que las personas están dentro de los terrenos la atención del problema es responsabilidad de otras instancias, como la Guardia Nacional.
El comisario José Puesme, de Polimiranda, dijo que la policía estadal tiene más competencias que la municipal, pero también existen limitaciones: sólo pueden actuar de forma preventiva o cuando hay flagrancia.
“Si se concretó la invasión, el desalojo sólo puede hacerse por orden de un tribunal”, dijo.
Aseguró que en ese organismo policial los recursos también son insuficientes, pues sólo cuentan con cuatro brigadas de orden público para todo el estado.
Mesas de diálogo:
La ola de invasiones en el municipio Sucre, a finales febrero pasado, obligó a los vecinos a organizarse. Después de las ocupaciones frustradas en Lomas del Ávila, Terrazas de Guaicoco, Las Minas y otras zonas la población quedó con miedo, pero no se paralizó.
Ayer, a dos semanas de los enfrentamientos con invasores, la comunidad se reunió para hablar de lo sucedido y proponer ideas.
Miguel Jiménez, del Consejo Comunal de Las Marías, es partidario del diálogo. Frente a un grupo de 30 personas, aproximadamente, reunidas en la sede de la Asociación de Vecinos de Lomas del Ávila, propuso la creación de mesas técnicas en las que participen habitantes, promotores de las invasiones y autoridades.
“Los vecinos organizados pudimos detener las ocupaciones ilegales en esa ocasión, pero si no hay un plan definido podemos caer en la confrontación. Eso debemos evitarlo”, señaló. Aseguró que en esas mesas de diálogo se deben superar las parcialidades políticas. Que les resuelvan el problema, sea quien sea, dijo.
Daniel Peña, habitante de Lomas del Ávila, también invitó a la conciliación: “Ese día vi jóvenes nuestros que lanzaban piedras a los invasores.
Así no vamos a resolver problemas. La salida es el diálogo”. Dijo que los vecinos deben activarse pues, a su juicio, hay riesgo de que vuelvan a ocurrir ocupaciones ilegales.
Sin violencia:
En la reunión también participaron agentes de Polisucre y Polimiranda que dieron recomendaciones en caso de nuevas oleadas de invasiones. El comisario José Puesme, de la Policía de Miranda, indicó que se deben evitar las armas de fuego el 26 de febrero hubo disparos.
“Deben pensar primero qué van a usar para defenderse.
Hay que actuar dentro de la legalidad y no ser parte del problema”, dijo.
Edgar Cabello, de la Policía del Municipio Sucre, recomendó a los vecinos mantener contacto directo con las autoridades. Así podrán avisar a tiempo sobre cualquier situación extraña en terrenos vacíos. También aconsejó identificar los lotes que pueden llamar la atención de los invasores, pues ellos hicieron un censo, pero las comunidades podrían ayudar a ampliarlo, precisó.
Les recomendó que envíen comunicaciones a la alcaldía o a la gobernación para pedir el desmalezamiento y el cercado de esas áreas: “Está la oportunidad de que se organicen para que haya vigilancia privada. Pero eso no debe ser una preocupación sólo de los vecinos, sino también de los dueños”.
Pausides Benítez, funcionario de Polisucre, indicó que es necesario que la comunidad ayude a la policía a combatir esas acciones ilegales. “Hay una responsabilidad compartida”, aseveró. Los vecinos lo saben o, por lo menos, el grupo que asistió a la asamblea, que no estuvo muy concurrida. Ellos se organizaron y actuaron en el momento.
Lenin Salas, habitante de Lomas del Ávila, recordó que en la Constitución se establece el derecho a la propiedad: “Nos oponemos frontal y rotundamente a las invasiones porque son adquisiciones forzosas de la propiedad. Nosotros estamos activos”.
Por: DEXCY GUÉDEZ
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