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    ESPAÑA: Mi ex mujer me ha robado a mi hijo

    Edward Furlong pasa por el mismo trance su ex mujer Rachel Kneeland lo abandono junto con su hijo.

    Se enteró por teléfono cuando
    Unai ya estaba en Maracay

     

    Jon Barquiel la ha denunciado por llevarse al niño a su país de origen, Venezuela, «para siempre».

    Jon Barquiel es un hombre «destrozado». Lleva tres meses sin poder abrazar a su hijo Unai, que en unos días cumplirá 5 años.

    La última vez que vio a Unai, de 5 años, fue en diciembre. «En tres meses, solo me han dejado hablar dos veces con él por teléfono».

    En diciembre, su ex pareja huyó con él desde Ermua hasta su país de origen, Venezuela, sin avisarle de sus intenciones, sin dejarle ni siquiera despedirse del niño. Se enteró por teléfono cuando Unai ya estaba en Maracay, a miles de kilómetros de distancia de su padre, de su escuela, de sus amigos. En esa llamada, su exmujer le anunció que no tenía intención de regresar jamás a la localidad vizcaína, ni ella, ni tampoco Unai.

    Su vida dio un vuelco:

    Desde diciembre, solo ha hablado dos veces con él; su madre no le deja ponerse al teléfono por «su supuesto bien psicológico, porque llora cuando habla conmigo». Teme haberlo perdido para siempre. «Él es el eje de mi vida y me lo han robado», solloza.

    «Ella se negaba a la custodia compartida. Ha tenido miedo a perder el control absoluto del niño y se ha ido»

    Jon Barquiel

    El caso de Jon no es único. Como él, cientos de padres y madres son víctimas de lo que se conoce como un secuestro parental o sustracción ilícita de menores; un delito que ocurre cuando uno de los dos progenitores arrebata el o los hijos de la pareja de su entorno habitual y desaparece con ellos, normalmente a un país extranjero.

    El aumento de la inmigración, unido a la crisis – que por un lado está empujando a muchos foráneos a desandar el camino y, por otro, es detonante de multitud de separaciones-, ha incrementado en los últimos años este fenómeno, hasta duplicarse el número de casos en apenas una década, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. En 2010, último ejercicio del que hay datos, la autoridades españolas tramitaron 214 expedientes; de ellos, 123 eran menores reclamados por España a otros países, mientras que 91 eran peticiones de otros estados sobre niños supuestamente traídos ilegalmente.

    Jon conoció a Francys en 2004 durante un viaje a Venezuela. Fue un flechazo. Se casaron en el país sudamericano. Ahora cree que fue «un error». La paraja se afincó en la localidad natal de Jon, en Ermua y, tres años después, en 2007, nació Unai. Desde el principio, la convivencia fue tormentosa. La relación se fue deteriorando hasta que, en las navidades de 2009, se rompió definitivamente.

    «Estuvimos un año para firmar un convenio regulador de la separación. Me volvió loco. Yo siempre he querido la custodia compartida, pero ella se negaba alegando que entonces perdería las ayudas sociales. Al final tuve que ceder; acordamos que ella se quedara con la custodia durante un año, hasta que empezara a salir adelante, y yo me beneficiaba de un derecho de visitas amplio: un día sí y otro no, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones».

    Sin embargo, Jon nunca cejó en su empeño de conseguir la custodia compartida. «Ella tuvo miedo de perder el control absoluto del niño y lo ha secuestrado», explica.

    Complicado:

    Fue el pasado 11 de diciembre, un domingo. «Ese día recibí una llamada de ella desde Venezuela. Me dijo que se había ido a pasar una temporada con su familia y que no volvería hasta el 20 de enero. No avisó a nadie, ni siquiera al colegio». Desconcertado, Jon no pudo hacer otra cosa que acudir al juzgado para denunciar el incumplimiento del régimen de visitas.

    Ha denunciado los hechos ante el juzgado y la Ertzaintza por sustracción de menor e incumplimiento del convenio regulador de la separación; la próxima semana, su abogado, Jorge Martínez -de la asociación TAS-, iniciará un procedimiento de restitución internacional del menor y «posiblemente presentaremos una querella contra la madre».

    El letrado no oculta que su caso es «complicado». «No dependemos solo de los juzgados españoles, sino de otro Estado. Pero la realidad es que el niño es ciudadano español y el Gobierno español está obligado a protegerle». Según sospecha Jon, la madre de Unai tramitó también a sus espaldas la nacionalidad venezolana para el niño. «Lo tenía todo pensado», apunta.


    Por: MARÍA JOSÉ TOMÉ
    ESPAÑA | BILBAO
    Sucesos | Opinión




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