Asesinados seis reclusos en
nuevo motín carcelario
Al cierre de esta edición, la situación aún permanecía tensa por la presencia de ocho oficiales de la Policía estadal como rehenes, en tanto que los internos hicieron sus exigencias, entre ellas la destitución de dos jueces y el traslado de 12 presos al Internado Judicial de Mérida.
San Cristóbal.- Seis reos asesinados y varios policías secuestrados fue el saldo de la reyerta que se registró en el Cuartel de Prisioneros de la Policía del Táchira, según informó Jesús Alberto Berros, director de la institución.
Las víctimas quedaron identificadas como: los hermanos Josua Nahun y Carlos Edixon Garzón Blanco (de la banda “Los Mechas”), Roberto Antonio Rojas Rodríguez, Jean Carlos Quiroz Barragán y Wilmer Magregor Rojas Orduz, todos venezolanos.
Berros destacó que los hermanos Garzón Blanco fueron los líderes de la pasada reyerta ocurrida el 2 de noviembre de 2011, y en donde fueron asesinados siete reclusos, incluyendo a integrantes de la banda “Los Toyoteros”.
A la sede de Politáchira llegó el defensor del Pueblo, Aarón Díaz; y el general Héctor Coronado, comandante de la Guarnición, acompañados de funcionarios del Circuito Judicial, Ministerio Público, Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana, a fin de restablecer el orden y constituir una mesa de negociación.
Coronado acotó que la Mesa ya se había instalado para atender los requerimientos de detenidos y solucionar el conflicto que provocó la retención de ocho policías. En un principio habían tomado como rehenes a nueve, pero luego liberaron a uno de los agentes. Anoche dieron libertad a otros cuatro funcionarios.
Destacó Coronado que las demandas están orientadas al traslado de algunos de ellos. “En ningún momento se habló de retardos procesales, y llama poderosamente la atención que tres de los cinco fallecidos tienen relación con el tráfico de drogas y estuvieron involucrados en el motín del año pasado”.
Posteriormente, luego de que se les anunciara a los líderes del motín que se realizaban las reuniones, se oyeron detonaciones, cerca de las tres de la tarde, y se confirmó la muerte de un sexto prisionero. Fue identificado como Germán Sánchez Pinto.
Por su parte, Julio Hernández, secretario de Gobierno de la gobernación del Táchira, informó que luego de lo sucedido se ordenó la suspensión de los funcionarios policiales destacados en la vigilancia, para dar inicio a una investigación disciplinaria y esclarecer responsabilidades en los hechos violentos.
Asesinados:
El funcionario policial informó en primera instancia sobre la muerte de los cinco internos, a los cuales identificó como Josua Nahúm Garzón Blanco y su hermano Carlos Edison Garzón Blanco, integrantes de la banda denominada “Los Mechas”, a quienes responsabilizó de haber fomentado e iniciado el motín que en ese mismo local se produjo en el pasado mes de noviembre con saldo de ocho reclusos muertos.
Los otros fallecidos quedaron registrados como Roberto Antonio Rojas Rodríguez, Jean Carlos Quiroz Barragán y Wilmer Mac Gregory Rojas Orduz, todos de nacionalidad venezolana. A esta lista se sumó el nombre de Germán Sánchez Pinto, quien se encontraba a órdenes del Juzgado VII de Control por los presuntos delitos de porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
Este hombre fue ultimado a eso de las tres de la tarde, hora en que se escucharan en el área de los calabozos, varias detonaciones de arma de fuego.
Rehenes:
Berro manifestó por otra parte, que a raíz de los hechos ocurridos el pasado año en el retén, se habían tomado medidas extraordinarias, entre las cuales está la rotación del personal y la aplicación de restricciones y medidas de control. Incluso se adquirió un escáner portátil para detectar posibles armas de fuego, pero aclaró que no se descarta que se haya presentado algún caso de corrupción, dado el poder financiero de los grupos que operan en el interior del retén.
Aclaró que a raíz de estos nuevos sucesos, se abrió un proceso disciplinario, administrativo y de carácter penal. Dijo que en primera instancia fueron tomados 9 oficiales de Policía como rehenes, pero luego uno fue entregado y en la tarde permanecían ocho que estaban en un área aparte y se esperaba que no les hicieran daños.
Mesa de negociación:
Dijo por otra parte el alto funcionario, que uno de los reclamos de los amotinados consistía en la instalación de una mesa técnica de trabajo del sistema judicial, ya que había quejas por cuestiones de retardo procesal y algunos traslados. Esta mesa se instaló con la presencia del presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, el Defensor del Pueblo, jueces y fiscales del Ministerio Público, entre otros.
Se comentó por otra parte, que lo fundamental para el momento consistía en lograr la liberación de los funcionarios policiales que se encontraban como rehenes y que luego se llegaría a un acuerdo para la entrega de las armas y lograr que los internos amotinados depusieran su actitud. Se está conversando, se deberá conocer sus exigencias y en la medida que éstas puedan ser atendidas, se espera lograr una solución del conflicto, que fue considerado como delicado, ya que está en juego la integridad física de los ocho funcionarios que permanecían como rehenes.
Medidas extremas:
Extremas fueron las medidas de seguridad que se adoptaron en torno al Cuartel de Prisiones, donde se observó la presencia de agentes con equipos anti motines, que se ubicaron en los cuatro costados de las edificaciones que sirven de sede a la Policía regional.
Pese a que comisiones de la Brigada Contra Homicidios del Cicpc llegaron al lugar, no se les permitió de inmediato el ingreso al área donde estaban los reclusos asesinados. Esto se logró pasadas las tres de la tarde. Recibieron autorización para retirar los cinco cuerpos y una vez que se retiraron del lugar, se reportó la muerte del sexto de los reclusos.
Berro dijo que el Centro de Prisiones tiene capacidad para 100 ó 120 internos, pero en la actualidad hay casi doscientos porque se mantiene a procesados y penados que deberían estar en otro centro y no en el retén que es un sitio de tránsito.
Pliego de peticiones:
Se conoció de manera extraoficial que los internos amotinados hicieron llegar a la mesa un pliego de peticiones, cuyo cumplimiento consideraban como vital para deponer las armas y entregar los rehenes.
Entre éstas, solicitaban la destitución de un juez y una jueza con competencia en violencia de género, el traslado de 12 presos al Internado Judicial de Mérida, la aprobación de 47 medidas alternativas y 14 medidas humanitarias por problemas de salud. Así mismo, solicitaban la destitución de directivos del Comité Estadal de Derechos Humanos y la revisión de varias causas.
Por: LORENA EVELYN ARRÁIZ
Judicial | Sucesos
ESPECIAL EL UNIVERSAL
martes 10 de enero de 2012
