Fósforo y candela

Los venezolanos ven con gran angustia y preocupación cómo en los últimos días el caos que existe en las cárceles venezolanas se está trasladando a los retenes de las policías de los estados y municipios. Los hechos ocurridos recientemente en la sede de la policía de Táchira, con un saldo lamentable de ocho detenidos asesinados por sus propios compañeros de celda, y las huelgas de hambre en algunos centros policiales de Miranda son un alerta a tener muy presente.

Es cierto que la responsabilidad interna de la seguridad y custodia en estos retenes policiales es exclusiva de las gobernaciones o alcaldías, pero no debemos olvidar que estos sitios de reclusión, con una capacidad muy reducida, están diseñados para que los detenidos permanezcan de forma transitoria y no por periodos prolongados.

De acuerdo con nuestra legislación, una vez que se detiene a una persona que comete un delito debe ser enviada en las 48 horas siguientes a un juez de control. Este, a su vez, decide el sitio de reclusión de la persona, en caso de que ella sea privada de libertad, en lugares diseñados para esto como son los internados judiciales o centros penitenciarios dependientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Pero cuando el presidente Chávez designó a Iris Varela como ministra para el Servicio Penitenciario, ella firmó una circular dirigida a los diferentes centros de reclusión del país en la cual prohibía el ingreso de nuevos reclusos provenientes de los recintos policiales. Este exabrupto le valió un regaño en público del mandatario nacional, lo que obligó a que la flamante ministra se echara para atrás.

Pero pareciera que tal decisión se sigue cumpliendo silenciosamente y, esta vez, en complicidad con los jueces penales que están ordenando como centros de detención a los privados de libertad los mismos retenes policiales, a sabiendas que no reúnen las condiciones para esto. De manera que a la arbitrariedad de la ministra se le ha sumado la de los jueces, convirtiéndose de paso en responsables del caos y el hacinamiento en los recintos policiales.

Lo más triste es que la ministra Varela está usando estos hechos para hacer proselitismo y escurrir el bulto. Olvida que los hacinamientos en los retenes policiales son culpa de ella porque una medida suya impide que los detenidos sean trasladados a los centros carcelarios que están bajo su dependencia. Es posible que estallen otros motines en esos centros policiales, y todos esos muertos serán sumados a la memoria y cuenta de la ministra.

La señora Varela pretende convertirse en alguien que puede mandar por encima de la Constitución. Pretende justificar el incumplimiento del Gobierno en descentralizar las cárceles alegando que no se les pueden entregar a los gobernadores por el caos que hay en los retenes policiales. Va por mal camino y nadie, a estas alturas, le arrienda las ganancias.

Por: Redacción
Política | Opinión
EL NACIONAL