El ex alcalde de Coro fue privado de libertad
por la desaparición de Javier Antonio Vargas
■ En el estado hay 282 policías investigados por violaciones a los derechos humanos.
Entre 2000 y 2007 se registraron en Venezuela 1.541 casos de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en 10 estados. Falcón es uno y suma 266 víctimas de violaciones del derecho a la vida por las que señalan a 282 funcionarios policiales.
Las cifras del Ministerio Público para 2003-2004 “son tan alarmantes como las presentadas por la Defensoría del Pueblo de la entidad”, cita textualmente el libro Los Grupos Parapoliciales en Venezuela, de 2005, escrito por Liliana Ortega, directora de Cofavic.
Agrega que para 2003 el Ministerio Público informó que conocía en Falcón 132 casos de muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En marzo de ese año desapareció Javier Antonio Vargas González, caso en el que se encuentra involucrado Oswaldo Rodríguez León, ex jefe de la Policía de Falcón y ex alcalde de Coro.
Para 2004 la Defensoría del Pueblo del estado contó 500 casos de violaciones de derechos civiles, con 43 violaciones del derecho a la vida de personas reportadas muertas en supuestos enfrentamientos policiales. Se registraban además detenciones ilegítimas, violaciones de residencias y agresiones físicas. La mayoría de las actuaciones practicadas por el Grupo Linces que desapareció antes de 2005- y la Brigada Motorizada José Leonardo Chirino.
Justicia mínima:
Del total de expedientes, sólo 2 superaron la etapa inicial del proceso judicial y hay acusaciones: El primero es el caso de los pozos de la muerte por la desaparición forzada de Aníbal Hernández y Kevin Domínguez, en el que se dictó sentencia contra 3 de los 11 efectivos policiales involucrados. Los familiares apelaron, el caso fue pasado a Yaracuy y el proceso continúa.
El segundo caso que superó la etapa inicial, de imputación y espera juicio es el de Javier Antonio Vargas. Por este hecho fue privado de libertad Oswaldo Rodríguez León, imputado en junio de 2011. El proceso fue radicado en Aragua por solicitud de los fiscales que llevan el caso. El ex funcionario está recluido y bajo custodia policial en el hospital central de Maracay, aunque su boleta dicta el Cuartelito de San Carlos como sitio de reclusión.
“Ocho años después del caso de Javier Antonio Vargas, por fin hay una persona imputada”, señaló Jean Carlos Guerrero, integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad. Espera que no quede impune ninguno de los casos de desapariciones forzadas y se aplique justicia.
Rodríguez León, comandante general de la Policía de Falcón en el quinquenio 20002005 y luego electo alcalde de Coro por el Psuv, afirmó que tiene información de que Vargas, la víctima, votó en las últimas elecciones en el Instituto Educación Especial Ezequiel Zamora, municipio oriental de Zamora a 30 minutos de la capital. “Estamos en presencia de un caso político. ¿Por qué no está imputada la cadena de mando?”.
Jesús Montilla libre de culpa:
Por violaciones de derechos humanos en Falcón se presentó una serie de denuncias que concluyó en demandas y hasta condenas para quienes sacaron a la luz los casos de ejecuciones. El ex alcalde de Coro Rodolfo Barráez enfrentó un juicio por difamación e injuria agravada en grado de continuidad, luego de que en 2003 denunció los pozos de la muerte.
El gobernador de Falcón para entonces, Jesús Montilla Aponte, inició un proceso judicial en contra de Barráez que culminó en una sentencia del Tribunal 2º Unipersonal de Juicio que en 2007 condenó al ex alcalde a 4 años de prisión condicional, pago de una indemnización por 400.000 dólares e inhabilitación política.
El ex acalde Barráez se pregunta: “¿Cómo es que esos funcionarios estaban involucrados en esos casos, pero su superior, Jesús Montilla, no tenía nada que ver?”. Igualmente denunció la desaparición de 100 pistolas del parque de armas de la Policía de Falcón.
Apeló la sentencia, pero la corte declaró sin lugar la solicitud.
Barráez en la actualidad se encuentra exiliado en Perú.
En 2005, Jesús Montilla solicitó al entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, la intervención de Polifalcón para realizar una profunda investigación sobre las denuncias de desapariciones forzadas y ajusticiamiento. Esto por el hallazgo de los cadáveres de tres jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el 6 de octubre de 2005. El caso es conocido como Carretilla. Para julio de ese año adelantaron 174 investigaciones sobre denuncias referidas a presuntos ajusticiamientos policiales. Las familias de las víctimas esperan que determinen las culpabilidades y castiguen a los culpables.
El resto de los expedientes continúa en etapa de investigación, eso significa que no ha habido acto conclusivo, están archivados, en acusación o sobreseimiento. Una fuente judicial informó que en ocho casos emblemáticos en la entidad serán reabiertas las investigaciones con pruebas de planimetría y funcionarios a dedicación exclusiva.
Los más emblemáticos:
Néstor Uzcátegui fue la primera víctima de desaparición forzada en 2001.
Este caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y po- dría convertirse en el primer juicio por violación de derechos humanos contra el Estado venezolano, comentó Jean Carlos Guerrero.
Otro caso es el de Jimmy Rafael Guerrero Méndez, que en 2002 pidió una medida de protección al ser hostigado por oficiales de Polifalcón. El 25 de febrero de 2003 es emitida la orden de alejamiento contra los uniformados, pero murió a manos de un grupo comando que también asesinó a Ramón Antonio Molina, tío de la víctima. El hecho ocurrió el 29 de marzo de 2003. Una tercera víctima, José Gregorio Hernández La Concha, salvó su vida al simular que estaba muerto y es clave en las investigaciones que han realizado. Ha sido objeto de amenazas aún cuando han pasado ocho años del suceso.
Por: JOANNE LÓPEZ CHIRINOS CORO
Judicial | Política
EL NACIONAL
Tweets about “Ex alcalde de Coro fue condenado a 20 años de prisión”
