La Fábrica Madre, ubicada en Guanare,
presenta cuatro años de retraso
■ Denuncian que empresa iraní viola la Ley Orgánica del Trabajo.
■ Obreros, sindicalistas y consejos comunales cuestionan las condiciones en las que se adelanta un proyecto bandera de la cooperación entre Irán y Venezuela.
■ Diputados de la oposición en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitaron que se investiguen las irregularidades que se han denunciado de las empresas Cerro Azul y Venirauto, constituidas por capital de Venezuela y de Irán.
No saben nada sobre ellos. A pesar de que han estado bajo su mando durante meses, los obreros venezolanos conocen poco a sus jefes iraníes. No sabrían decir ni cómo se llaman, ni de qué parte de Irán provienen. Sólo afirman con certeza que a sus patronos les gusta el silencio. 
Tanto les gusta que han amenazado a los trabajadores venezolanos con multas de Bs. 100.000 si hablan más de la cuenta. Un monto millonario como castigo para cualquier cabillero, albañil o herrero que viole la cláusula de confidencialidad del contrato para laborar con Sout Machine.
Así se llama la empresa iraní que llegó a Guanare, estado Portuguesa, para construir la primera planta de equipos para el procesamiento de alimentos del país. Es decir, una fábrica de fábricas bautizada como la Fábrica Madre que la firma extranjera lleva a cabo junto a la corporación estatal Corpivensa.
A pesar de que el presidente Hugo Chávez mencionó por primera vez el proyecto en 2007 y la primera piedra de la construcción se colocó en 2008, no fue sino hasta 2010 cuando Sout Machine se inscribió en el Registro Mercantil V de Caracas, donde su expediente todavía no se encuentra disponible para la consulta pública.
Los representantes de la compañía se mantienen al margen.
Los encargados de la obra en Guanare -tanto venezolanos como foráneos- se niegan a dar declaraciones; la página web de la empresa (www.soutmachine.ir) está en permanente construcción y la única dirección física de la compañía que aparece en los documentos de la Inspectoría de Trabajo de Guanare es la oficina caraqueña del bufete Monasterio Villamizar & Asociados. El abogado Iván Villamizar también se niega a responder preguntas: “No estoy autorizado por el cliente”.
El dirigente sindical local Franklin Fernández, quien ya ha solicitado la apertura de dos procedimientos administrativos contra de Sout Machine en la Inspectoría del Trabajo, saca de su maletín una copia del contrato firmado el primero de marzo de 2011 por uno de los obreros y señala la decimotercera cláusula, la del silencio.
Allí, parado frente al portón de la construcción, lee en voz alta: “El trabajador se obliga a mantener confidencialidad sobre todos los asuntos sobre los cuales haya podido tener conocimiento durante la ejecución del presente acuerdo en virtud del mismo o que guarden alguna relación con la actividad de el patrono o personas jurídicas o naturales relaciones (sic). En caso de infringir lo estipulado en la presente cláusula el trabajador deberá pagar a el patrono una cantidad equivalente a bolívares cien mil (Bs. 100.000) por concepto de indemnización por daños y perjuicios”.
Fernández guarda la copia del contrato, se ríe y calcula que cualquier trabajador tendría que “vender su casa y a sus hijos” para poder pagar cien millones de los viejos. Afirma, después de terminada la broma, que la cláusula es írrita y que el contrato fue firmado con el aval de una corporación estatal.
Froilán Barrios, vocero nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, coincide en la nulidad de la cláusula y dice que en ninguna parte de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que la confidencialidad puede ser sustituida por una indemnización del trabajador al patrono.
Consultada al respecto, una fuente cercana a la empresa iraní que pidió no ser identificada aseguró que esta cláusula se incluyó únicamente en los primeros contratos y que “hace algún tiempo” fue eliminada para evitar controversias. Fernández lo niega rotundamente y asegura que la aplicación de la cláusula está vigente.
Pero esta no es la única irregularidad, de acuerdo con los trabajadores. José Mendoza, obrero que fue despedido después de dos meses y medio de trabajo, cuenta que dentro de la construcción hay una presencia excesiva de obreros iraníes. “Son tantos que pareciera que estuviésemos trabajando en su país”. Calcula que hay 17 iraníes y 18 venezolanos. Según Barrios, esto representa una violación a la LOT. “De acuerdo con el artículo 27, en cualquier nómina de 10 empleados o más debe haber por lo menos 90% de venezolanos”.
Sin derecho a la antigüedad:
Otros artículos que los iraníes y Corpivensa ignoran son los que se refieren a la duración del contrato. Allí mismo, bajo un sol de mediodía de Guanare y sobre unos caminos de tierra que ya deberían estar asfaltados según el proyecto de la construcción, el obrero Freddy Fuenmayor lo explica: “Uno firma contratos de un mes y medio, dos meses y medio máximo”, dice el trabajador, quien suscribió el suyo por seis semanas. “Si uno se faja y trabaja duro, de nada vale porque igualito va para fuera cuando cumpla dos meses y medio”.
“Ahí vemos -dice Barrios- que hay una intención manifiesta del patrono de interrumpir la relación laboral para que el trabajador no acumule tres meses y los derechos de antigüedad correspondientes, incluyendo la inamovilidad laboral. Eso es otro claro desacato de la LOT”.
Un comunicado emitido por Corpivensa el 2 de mayo de 2011 explica que en las reuniones entre la corporación, Sout Machine y los consejos comunales aledaños a la obra “se estableció que el método de ingreso será a través de la postulación que sea emitida por los consejos comunales” y que “el porcentaje de participación durante el período de obra civil será de 75% por parte de las comunidades y 25% por parte de la empresa”. Henry Castillo, vocero principal del Consejo Comunal Bolivariano, afirma que la empresa viola ese acuerdo e incorpora a la nómina, con el aval de Corpivensa, a trabajadores que no están en las listas de los 14 consejos comunales que rodean la obra.
En el acta de la Inspectoría del Trabajo de Guanare donde están transcritas las negociaciones que tuvieron lugar el 10 de mayo de 2011 entre el sindicato, Corpivensa y Sout Machine, Lauribel Perdomo y Marcelino Polo, representantes de la corporación, aparecen declarando que “como representantes del gobierno no estamos en contra de los sindicatos sino de las malas praxis cuarta republicanas de algunos miembros de los mismos”.
En el comunicado de Corpivensa del 2 de mayo se señala que “los comités de trabajo y ocupación productiva velarán por el cumplimiento de lo establecido en la contratación colectiva de la construcción.
Por lo que ellos manifiestan no se hace necesaria la presencia sindical en la obra”. José Mendoza, el obrero despedido tras dos meses y medio en la construcción, opina lo contrario: “Ni los de Corpivensa ni los consejos comunales saben defender nuestros derechos”.
Barrios considera que este desplazamiento del sindicato es anticonstitucional. Cita el artículo 95 de la carta magna y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan el principio de libertad sindical y el derecho que tienen los sindicatos de representar a los trabajadores.
“Otra irregularidad laboral, cortesía de los iraníes y el Estado venezolano”, concluye.
Perfil comercial:
En páginas web como www.tradekey.com se señala que Sout Machine fue fundada en 1989 y se especializa en el diseño, manufactura e instalación de maquinarias para elaborar bebidas y alimentos. Según datos oficiales, ha estado involucrada en la construcción de plantas procesadoras de maíz y leche que ya están operativas. Abdolhossein Mohammadzadeh, presidente de la empresa iraní, firmó un acuerdo el 22 de septiembre con Johan Hernández Lárez, su homólogo en la compañía pública Venezolana de Alimentos La Casa. El objetivo es profundizar los lazos de cooperación entre Irán y Venezuela. La fábrica de fábricas, sin embargo, sigue pendiente.
Por: ÁNGEL ZAMBRANO COBO
zambranoangel@gmail.com
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