La opulencia del poder y el
art. 145º de la Constitución

El Presidente de la República ha convertido el Palacio de Miraflores en sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al proclamar el lanzamiento del llamado “Gran Polo Patriótico” desde la propia sede del Ejecutivo, a Hugo Chávez Frías no le bastó semejante abuso de poder, sino que declaró Miraflores como lugar de encuentro, organización y contacto de los “patrulleros” del PSUV.

Los “patrulleros” son los agentes electorales del Gobierno, pagados y alimentados con recursos del erario público, y forman parte del gran aparato político del Presidente. En el lanzamiento del Gran Polo Patriótico, la proclama política estuvo acompañada de lo que el propio Hugo Chávez describió como “un suculento” pabellón, o sea, caraotas, carne mechada y tajadas. De modo que el abuso es doble, y las implicaciones, de diversa naturaleza legal.

El jefe del Estado viola la Constitución y las leyes confiando en la impunidad que ha impuesto en el país. Obviamente, se considera por encima de la ley, y al violarla de manera tan agresiva incita a todos los funcionarios a imitarlo y a disponer de lo público. De ahí que veamos a ministros y titulares de entes de la administración en permanente campaña. El artículo 289 de la Constitución señala las atribuciones y responsabilidades de la Contraloría General de la República en la defensa del patrimonio público.

Se trata, en suma, de un gran vejamen al país, a todos los ciudadanos. El jefe del Ejecutivo no actúa como tal, actúa como jefe del PSUV y como candidato todopoderoso capaz de vulnerar la legislación electoral y de obligar al CNE a cerrar los ojos ante sus abusos de poder. La primera víctima del Presidente es el CNE, sea cual fuere el disimulo y la conformidad de sus rectores. El comandante los humilla ante la nación.

Y, evidentemente, erosiona al organismo encargado de velar por el proceso comicial no sólo ante los ojos de los venezolanos, sino también ante los gobiernos de los países de la región. Ningún otro organismo electoral de Unasur, por ejemplo, está sometido a los asedios a que el Presidente somete al CNE.

El presidente Chávez Frías viola la Constitución y, al violarla, desafía a toda la nación. El artículo 145 constitucional dice textualmente: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”. Diversidad de leyes prohíbe de manera expresa la injerencia político partidista de los funcionarios públicos y, de modo especial, del Presidente de la República. En consecuencia, decretar que el Palacio de Miraflores sea sede del PSUV y de sus “patrulleros” transgrede la ley y la moral pública.

Un proceso electoral que se pretenda adelantar en condiciones tales de ventajismo y aprovechamiento sistemático de los recursos públicos no puede calificarse de legítimo. Procedimientos como estos de un Estado económicamente todopoderoso, puesto al servicio del candidato oficial, constituyen un cuadro fraudulento. La ley procura la igualdad de condiciones, porque nadie imaginó un monopolio totalitario.

Además del secuestro del Estado y de sus recursos económicos y logísticos, se somete a la oposición, independiente o de partidos, al vilipendio permanente y a la agresión de los cientos de medios masivos controlados por el Gobierno. El pueblo está sujeto las 24 horas del día a la propaganda oficial.

El PSUV ha privatizado las televisoras y radiodifusoras estatales, y son de gran consideración los recursos económicos que el Gobierno malversa en sus campañas. En una palabra, los venezolanos pagamos el IVA para que el PSUV disponga ilegítimamente de los bienes públicos.

El Presidente de la República no tiene otra meta que la tercera reelección el 7 de octubre de 2012. Para despejar el camino hipoteca la nación. Ha armado una gigantesca operación de subsidios para disimular la carestía y la escasez de los productos de la cesta básica. Un día un ministro trata de ajustar moderadamente los precios de los productos subsidiados, pero otro ministro mandado por el presidente-candidato lo desautoriza porque se puede descubrir la tramoya de las importaciones y las altas cantidades de dólares requeridas para financiarlas y mantener precios artificiales, que son, en definitiva, provisorios y ruinosos.

Vale la pena calcular lo que la campaña del candidato oficialista le cuesta ahora y le costará a la nación en los trescientos cincuenta y tantos días que vienen. La Ley Electoral y la Ley Anticorrupción están permanentemente bajo asedio.

Es explicable el rechazo a que vengan observadores extranjeros a nuestro país. Lo que ocurre y ocurrirá aquí indefectiblemente no es para que se conozca fuera.

Como sede de un partido político y del comando de campaña del oficialismo, el Palacio de Miraflores se ha convertido en la caja negra de la República. La opulencia del poder contra la conciencia moral de un pueblo inerme y empobrecido.

¡Todos contra el comunismo!
¡Por la vigencia del Estado de Derecho!
¡Por la libertad y los derechos humanos!

Caracas, domingo 16 de octubre de 2011
Movimiento 2D • democracia y libertad
www.movimiento2d.org