Cemento Cerro Azul, uno de los principales
proyectos entre Irán y Venezuela
■ La obra que comenzó a construirse hace 6 años en El Pinto, estado Monagas, y debía estar lista en 2008, aún no ha producido el primer saco de cemento.
■ La meta inicial era producir anualmente 1 millón de toneladas métricas, pero problemas aduaneros, incrementos de precios, incumplimientos contractuales y la dificultad para transferir fondos a un país sancionado internacionalmente lo han impedido.
■ Las cuentas no cuadran: La compañía iraní Ehdasse Sanat reclamó en febrero 131 millones de dólares adicionales para cubrir gastos, pero la empresa venezolana Cemento Cerro Azul aprobó 97,1 millones, lo que representa un aumento de 45% del costo inicial.
■ Morosidad tributaria: Las compañías iraníes no han cancelado lo correspondiente a retención de impuestos. Miguel Fuentes, alcalde de Piar en Monagas, calcula que la deuda asciende a 5 millones de bolívares, “con lo que se podría hacer un buen trabajo social”.
■ Inseguridad laboral: Los obreros formularon denuncias, constatadas por el Inpsasel que multó a la compañía con 254.000 bolívares. Jesús Ravelo se cayó de unos de los silos. “Había una viga suelta y la pisé. Quedé colgando y caí desde una altura de 15 metros”.
Los tres hombres apenas pronuncian palabras en español. Su ropa está polvorienta y el sudor que transpiran confirma que el calor del mediodía en El Pinto, estado Monagas, castiga a los forasteros sin importar de dónde vienen.
Intercambian miradas de desconcierto cuando escuchan a su interlocutor hacerles preguntas en un idioma que aún les resulta extraño. No pasan inadvertidos en el pueblo: son trabajadores de la República Islámica de Irán. “Iraníes”, repite uno que aprendió un término básico para identificarse.
Acaban de salir a pie por el sendero de tierra que conecta la carretera con el lugar donde laboran. A sus espaldas está un aviso con una imagen gigante de los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad abrazados en señal de una alianza auspiciosa que todavía no ofrece los resultados esperados en El Pinto. Los tres obreros forman parte del personal que construye una fábrica para la compañía pública venezolana Cemento Cerro Azul. El contrato de la obra, por 193,8 millones de dólares, fue concedido por el Estado a la empresa gubernamental iraní Ehdasse Sanat en 2005, pero los trabajos que debieron finalizar hace 3 años no han concluido y la meta permanece sin cumplir: producir anualmente 1 millón de toneladas métricas de cemento que serán usadas para cubrir el déficit de viviendas, uno de los más graves problemas que afecta al país.
Dentro de la planta hay otro gran cartel con el dibujo de cómo será la industria en el futuro. La imagen contrasta con las estructuras metálicas de los edificios inconclusos. Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, anunció en septiembre pasado que la fábrica será inaugurada en el primer semestre de 2012, pero no se atrevió a dar una fecha precisa.
El reporte oficial más reciente indica que aún resta por terminar 20% de la obra, un cálculo que no deja de generar incredulidad entre trabajadores que palpan a diario el proyecto.
El atraso:
Detrás del retardo existe una historia que no debe ignorarse.
Documentos de la cementera demuestran que funcionarios venezolanos cuestionaron las capacidades operativas de Ehdasse Sanat cuando se registraron los primeros retrasos en la ejecución. Las actas evidencian que maquinarias y equipos imprescindibles quedaron abandonados o retenidos en las aduanas y parte de ellos comenzaron a ser despachados a El Pinto apenas en diciembre pasado. Los costos del contrato, según el expediente, se incrementaron en 45% y la compañía iraní no sólo ha pedido una prórroga y más dinero para terminar, sino que ha responsabilizado al Ejecutivo por incumplimientos que han causado demoras.
Los papeles confirman que existen dificultades para transferir divisas desde el Tesoro Nacional a las cuentas de la contratista, lo que ha tenido un efecto negativo para el proyecto. Las sanciones financieras aplicadas por la comunidad internacional contra el gobierno iraní han representado un obstáculo que los encargados de la cementera intentan sortear.
Las restricciones forman parte de las medidas de presión para obligar a Irán a rendir cuentas de su programa nuclear. Los voceros de ese país niegan que el plan tenga propósitos bélicos y que oculten información al respecto, pero las mayores potencias mundiales creen lo contrario. La comunidad de El Pinto, sin saberlo, padece las consecuencias del conflicto.
Perfil nacional:
Las críticas a la capacidad de la contratista fueron expresadas en una reunión del directorio de Cemento de 2006. El informe de la sesión hace referencia a una presentaCerro Azul el 27 de julio ción de Rafael Lugo, presidente de la empresa nacional: “Se enfatizó en la falta por parte de Ehdasse Sanat de una estructura organizativa apropiada para dinamizar el proyecto en el marco de las leyes y normas venezolanas”.
El ejecutivo reportó entonces que la compañía iraní había modificado el cronograma original para indicar que culminaría la llamada Fase 1 en agosto de 2007, es decir, 4 meses después de la fecha comprometida. Los cálculos, de cualquier manera, no se cumplieron: esa etapa sigue inactiva. Los directivos discutieron en aquella sesión otro tema que les preocupaba: la lentitud de la contratista en rendir cuentas sobre un desembolso que se le había entregado en octubre de 2005.
“Se informó sobre la condición impuesta a la empresa iraní de presentar un informe soportado sobre el uso del anticipo entregado, que a la fecha no se ha dado cumplimiento”. Aunque el monto no se indica en las actas, el primer aporte para la obra fue de 85,4 millones de dólares. La relación de gastos fue remitida después por la contratista, pero hay versiones internas que indican que un ejecutivo iraní huyó al exterior con parte del dinero.
Ehdasse Sanat se vio en la obligación de subcontratar a dos empresas de capital privado como verdaderos brazos ejecutores: Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse. Ambas son iraníes y se registraron en Venezuela dos años después de la aprobación del contrato.
Lo hicieron el mismo día, 19 de julio de 2007, y con la gestión del mismo abogado, Fernando Díaz. La primera tiene experiencia en la instalación de maquinaria y la segunda es una firma de ingeniería civil.
Sus expedientes en el Registro Mercantil V de Caracas carecen de datos básicos sobre sus operaciones en el país. No anexan resultados de auditorías, tampoco actas de juntas directivas ni la ubicación de sus domicilios fiscales. Es una situación semejante a la de Ehdasse Sanat, cuya información pública es igualmente precaria. Ninguna de las tres compañías aparece en la base de datos del Registro Nacional de Contratistas, requisito para negociar con los entes del Estado. Fuentes internas afirman además que en la planta operan otras empresas iraníes que ni siquiera están registradas: “Oímos de ellas todos los días, pero las instituciones no se dan por enteradas”.
Ehdasse Sanat sólo había gestionado un proyecto internacional en marzo de 2005 cuando Víctor Álvarez, entonces ministro de Industrias Básicas y Minería y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, firmó el contrato a nombre de la República con los representantes de la compañía extranjera. Desde que fue fundada en 1987, su única experiencia más allá de las fronteras iraníes fue la construcción de una planta de cemento en Siria, la cual no había sido concluida cuando se suscribió el convenio con Venezuela. Así lo muestra la empresa en su página web. En mayo pasado, Omar Morales, apoderado legal de la contratista, reveló un dato que evidencia la dimensión de la estructura de la empresa: en la planta de Monagas sólo tiene una nómina de diez personas cuya función es exclusivamente administrativa.
Poco se discutió sobre las capacidades de Ehdasse Sanat para ejecutar proyectos más allá del Medio Oriente durante la sesión plenaria en la que el Parlamento aprobó el contrato. Sólo se destacó lo obvio: que la empresa tenía experiencia cementera (ha construido 12 plantas en Irán, además de la Siria). La Comisión de Desarrollo Económico y Social redactó un informe después de analizar el acuerdo. Rafael Chávez, que presidía la instancia, pidió el voto favorable que finalmente dio la mayoría pro gubernamental. Las voces disidentes fueron las de los diputados opositores Pedro Pablo Alcántara y Luis Beltrán Franco, que entonces también formaban parte del comité. El primero, según las actas de la sesión del 16 de junio de 2005, insistió en que no había tenido acceso al contrato y que por ello no podía respaldarlo. Nadie respondió cuando afirmó que ninguno de sus colegas había revisado el texto: “Esta es una inversión que no está debidamente aclarada, ni convenida, ni justificada, ni controlada”.
Abandono. Una nota de prensa publicada por el Seniat el 3 de diciembre de 2010 confirmó los problemas aduaneros de la la obra. Una comisión presidencial debió intervenir para adjudicarle a Cemento Cerro Azul un total de 83 contenedores y 14 bultos en estatus de abandono legal: fue la fórmula disponible para agilizar la entrega.
El presidente de la cementera dijo en una reunión en marzo pasado que había secciones del proyecto paralizadas “por falta de equipos y maquinarias que están en las aduanas a la espera de su liberación”. En las actas de marzo de 2011 se menciona que había pagos pendientes por embarques realizados en 2007 y que la deuda con compañías públicas y privadas por facturas era de más de 8,8 millones de bolívares.
Hubo incumplimientos contractuales que ocasionaron la acumulación en los puertos, según se desprende de las actas. Cemento Cerro Azul debió encargarse desde un principio de la nacionalización de la maquinaria, pero la función la asumió Ehdasse Sanat con la expectativa de que cobraría a futuro las facturas. Los retrasos en las transferencias de recursos a la contratista iraní complicaron el panorama y la empresa venezolana no tuvo otro remedio que hacerse cargo de las gestiones cuando ya era tarde. En diciembre de 2010, el directorio aprobó la contratación de la firma aduanera Amerisur: “Acordamos que lo más apropiado y procedente en este caso era que se usara la misma agencia empleada por Ehdasse Sanat y sus subcontratistas”.
La mayor parte de la maquinaria adquirida para el proyecto no es originaria de Irán. Fue adquirida en Alemania con la intermediación de la contratista extranjera, un detalle que ha sido obviado por los voceros oficiales venezolanos que han tenido oportunidad de describir el proyecto. Ehdasse Sanat no se presenta a sí misma como un proveedor con tecnología propia, sino como una empresa con buenos contactos con fabricantes. El gerente de proyectos de Cemento Cerro Azul viajó al país europeo a finales de 2006 para seleccionar las maquinarias con los proveedores alemanes. La compañía iraní muestra en su página web una lista de siete corporaciones germanas (Aumund, Scheuch, Schade, Schenck, Loesche, Polysius e IBAU) de las cuales obtendría equipos como trituradoras de roca, filtros, recuperadoras, silos, molinos y cintas transportadoras de materiales, entre otros. Han proveído equipos de vanguardia.
Demora y dinero:
Ehdasse Sanat reclamó en febrero pasado 131 millones de dólares adicionales no sólo por los gastos aduanales, sino por los incrementos de los precios de los materiales de construcción; por las mejoras de los beneficios laborales decretadas en el país; por retenciones de impuestos nacionales y municipales; por paralizaciones de la obra de las que no se responsabiliza; por la petición venezolana de cambiar el alcance de determinados equipos; por incumplimientos gubernamentales en el financiamiento con cartas de crédito y por los retrasos en la cancelación de recursos pendientes por las modificaciones al contrato original (addendum 1 y 2) que se hicieron con aprobación parlamentaria: la primera para incluir estudios geológicos de calizas y arcillas por un valor de 3,6 millones de dólares; la segunda, para pagar 17,4 millones de dólares por la instalación de 276 pilotes de concreto que tampoco habían sido planificados.
Los directores de Cemento Cerro Azul no estuvieron de acuerdo con los cálculos de Ehdasse Sanat. Sin embargo, los funcionarios venezolanos decidieron que el monto justo debía ser menor: 97,1 millones de dólares. La cantidad supone un incremento de 45% en las cantidades establecidas en el contrato. El tema se trató en una reunión realizada el pasado 2 de febrero en Maturín en la que los ejecutivos del país se comprometieron a gestionar los recursos ante la instancia superior: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al cual fue adscrita la compañía en 2010 después de haber dependido del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. La erogación debe ser autorizada por la Asamblea Nacional por tratarse de una obra de interés público. Al contrato original habría que agregar un tercer addendum, por lo cual el Parlamento tendrá otra oportunidad para revisar el caso.
Hubo conceptos en los que los directivos de Cemento Cerro Azul recomendaron un reembolso total. Fue el caso de los addendum 1 y 2, de las cartas de créditos atrasadas (por 26,8 millones de dólares) y los costos derivados por los incrementos salariales (38 millones de dólares). Por las paralizaciones, los iraníes pidieron 17,1 millones de dólares y se les aprobó 40%. Los voceros de la empresa han acusado a los trabajadores de hacer paralizaciones ilegales. Una fuente sindical indicó que en la planta ha habido 4 huelgas. “Piden dinero por esos paros que han tenido causas justas, pero seguro no dicen que aquí se dejó de trabajar prácticamente un mes cuando las elecciones presidenciales de Irán en 2009. Muchos simpatizaban con Hossein Mousavi, el opositor de Ahmadinejad y había tensión”.
Socio embargado. Las sanciones financieras contra Irán se convirtieron en un obstáculo.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha ordenado a los Estados miembros evitar las operaciones que involucren a bancos iraníes cuando se considere que el dinero puede desviarse para el programa nuclear. Estados Unidos tiene regulaciones más rígidas e incluso ha aplicado castigos unilaterales al Gobierno venezolano por sus alianzas con instituciones financieras del país asiático. En febrero pasado, el directorio de Cemento Cerro Azul decidió aceptar la propuesta de Ehdasse Sanat de que se modificara el contrato para incluir dos nuevas fórmulas de pagos en divisa. Una a través de una cuenta en el Banco Central de Venezuela cuyo titular es el Fondo Único Binacional VenezuelaIrán. La segunda, a través de personas naturales o jurídicas autorizadas. Todo se hizo por una razón: “En consideración al bloqueo internacional del que es objeto la República Islámica de Irán, lo cual limita sustancialmente los desembolsos”.
Un experto en finanzas dijo que éstas no eran más que fórmulas para evadir las barreras: “Los bancos en Venezuela y en los principales centros financieros del mundo están muy atentos porque no quieren ser sancionados”.
Sobre el manejo del dinero corren toda clase de afirmaciones. Una de ellas indica que en la planta se ofrecieron dólares en efectivo a comerciantes e individualidades a cambio de bolívares. Era una fórmulas para pagar los compromisos en moneda local, según informantes.
La mayor parte del financiamiento ha procedido de fuentes como el Fonden, el Fondo Conjunto Chino-Venezolano; el Fondo Único Binacional Venezuela-Irán y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País. En el primer semestre de 2012, año electoral, se sabrá si la inyección de recursos dio resultados.
Por: DAVID GONZÁLEZ
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
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