Milicia decide quién entra a
cuatro zonas de El Hatillo

■ Afectación de 185 hectáreas mantiene sitiados a 452 dueños de terrenos.

■ La afectación por parte del INTI de 185 hectáreas en el sector Corralito, para favorecer a un supuesto grupo campesino, ha redundado en una pesadilla para los habitantes de cuatro urbanizaciones.

Lo que fue una decisión para reivindicar los derechos de un llamado “grupo campesino” se ha convertido en la pesadilla de propietarios de 452 lotes de terreno en Corralito, El Hatillo.

Desde que el 15 de septiembre, el Ministerio de Agricultura y Tierras decretó la afectación de 185 hectáreas en el sector, milicianos se apostaron en la entrada de la zona para fiscalizar la entrada de personas.

Quienes aseguran resguardar el terreno colocaron una carpa en el camino hacia la urbanización Campestre La Lagunita, Altos de La Lagunita, Roca Gas y Bosques de Corralito -cuatro de los desarrollos ubicados en la poligonal afectada-. El que quiera ingresar debe identificarse y aparecer en una lista para certificar que tiene una vivienda construida. Quienes habitan ya en la zona no pueden recibir visitas ni ingresar materiales de construcción; se les impide el ingreso del personal que trabaja en sus casas.

Según contó Yerquis Zapata, propietaria, el domingo intentó visitar su parcela pero un joven vestido con uniforme militar, de apellido Galíndez, le apuntó con un arma cuando intentó pasar pese a la alcabala.

Según informó Gerardo Pérez, miembro de la gerencia técnica del INTI, hasta tanto la oficina técnica del organismo no emita una decisión solo podrán ingresar al lugar quienes aparezcan en la lista.

Los afectados denuncian que las hermanas Vianey y María León, quienes promovieron la medida de afectación, se hacen llamar las “dueñas” del terreno. Pérez aseguró que solo sigue órdenes del INTI, aunque admitió que las hermanas León colaboran con la vigilancia.

Más temprano:

Desde el pasado viernes dichos terrenos se encuentran custodiados por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti).

“Está claro que casi ningún terreno del cual el gobierno nacional ha hecho ocupación se le ha sacado provecho alguno, más bien se convierten en tierras ociosas o por el contrario se crean comunidades ajenas a nuestro municipio”, señaló Do’ Nascimento.

Representantes del consejo comunal Las Trinitarias argumentan que varias familias invaden el lugar, y que los terrenos son propiedad privada y no del Estado, como afirma la otra parte.

La alcaldesa de El Hatillo reiteró su rechazo a los supuestos proyectos socioproductivos que se realizarán en el lugar y la ilegalidad de la medida tomada por el gobierno nacional. “Se sabe que estas tierras son de propiedad privada, no municipales”, agregó.

Preocupa a propietarios:

Un grupo de familias que compraron terrenos en la urbanización Campestre La Lagunita, ubicada en el sector de Corralito, municipio El Hatillo, manifestaron sentirse preocupadas ante la decisión del Gobierno de rescatar 185 hectáreas en esta zona rural.

En una visita realizada a Ciudad CCS, señalaron que la medida del Instituto Nacional de Tierras (INTI) incluye pequeños lotes de terreno que adquirieron a la empresa Inversiones Tusmare C.A., para la construcción de sus viviendas.

Elinor Cone, una de las vecinas, consideró que la medida podría perjudicar a más de 200 familias consolidadas en este sector. “Mi papá me compró el terreno. No somos personas adineradas. Hemos comprado con mucho esfuerzo. Dimos unas cuotas y todavía estamos cancelando nuestro terreno”, detalló Cone.

Sostuvo que las hermanas Vianey y María “Toña” León, quienes promovieron el rescate de tierras por parte del INTI, nunca han sido desplazadas de esta zona rural “porque invadieron estas tierras y las sacaron por tribunales”.

Las hermanas León se atribuyen la posesión de un lote de las tierras ahora recuperadas por el gobierno. Ellas mantienen un litigio con la empresa Roca Gas y Héctor Viso, quienes se atribuyen la propiedad de la tierra. El pasado mes de julio, la familia León denunció en esta redacción la quema de sus casas y la muerte de algunos animales que mantenían en estos terrenos que dicen habitar desde hace 50 años.

Las personas que le compraron a Inversiones Tusmare C.A. señalaron que antes de adquirir las parcelas investigaron la antigüedad del mismo y sus legítimos dueños.

“Nosotros no somos ningunos locos. Antes de comprar las tierras buscamos la antigüedad de los terrenos”, expresó Deyamira Muñoz, otra de las propietarias.

Asimismo, expresaron que las familias que decidieron comprar en esta zona rural no son personas adineradas, e incluso hay quienes viven de un salario mensual.

“Somos personas que hemos comprado con mucho esfuerzo. Hemos dado unas cuotas iniciales y todavía estamos cancelando nuestro terreno”, detalló Esperanza Hernández.

Destacaron que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) desconoce la situación real del sector. Pues aseguran, que los terrenos en disputa son los de la empresa Roca Gas, sin embargo, los mismos no alcanzan las 185 hectáreas recuperadas por el Gobierno nacional.

“El problema es Roca Gas y las hermanas León. El ministro Loyo no tomó en cuenta que somos 200 pequeños propietarios”.

Denunciaron sentirse acosados por miembros de la familia León y por la Milicia Bolivariana cuyos efectivos custodian los terrenos y controlan el paso de vehículos. “Nos revisan los carros cada vez que pasamos. Y muchos están construyendo y les impiden pasar los materiales. Esta situación viola nuestros derechos”, acotó Ellans Sánchez

“Yo soy un vendedor de agua”

Miguel Ángel Arjona, uno de los señalados como propietario del urbanismo Bosque de Corralito en la notificación del INTI, desmintió poseer acciones en esta empresa.

Arjona sostuvo que él se dedica a la venta de agua en camión cisterna a los vecinos de la zona. Por ser un sector que no cuenta con los servicios públicos, los habitantes tienen que comprar el líquido a 400 bolívares fuertes.

“Pedimos audiencia con Loyo”

Las familias solicitaron una au diencia con el ministro para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo porque se sienten afectados por la medida.

En este sentido, enviaron un comunicado al PSUV donde le manifestaron su preocupación y solicitaron su apoyo.

Reconocieron la labor que está desempeñando el Gobierno de respaldar a los venezolanos de poseer una vivienda digna (..) “pero nosotros también nos sentimos desamparados y requerimos un techo”, puntualizaron.

Respaldo a familias:

Andrés Antillano, representante del Movimiento de Pobladores, indicó que esta organización está al tanto de lo que aconteció en el municipio El Hatillo, donde más de 15 familias campesinas perdieron sus viviendas el pasado mes de julio.

Antillano recalcó que aplaude la decisión del Gobierno nacional de recuperar estas tierras ubicadas en una zona agrícola.

En cuanto a las familias que expresaron ser afectadas por el rescate de estos terrenos, Antillano informó que desde el Movimiento de Pobladores estarán respaldando el derecho de poseer una vivienda.

“Aquí hay un conjunto de irregularidades que no es culpa de las familias que compraron en el sector. Es decir, eso de vender lotes de terrenos sin servicios es una violación flagrante a la Ley. En todo caso los responsables no son ellos”, alegó Antillano.

Dejó claro que la medida del INTI no es contra de las familias que han adquirido pequeños lotes de terrenos en el sector Corralito.

“Esto es una medida para rescatar unos terrenos que se presumen que son del Estado. En ningún caso los que compraron serán perjudicados”, dijo Antillano.

Señaló que en el lugar había operaciones inmobiliarias que perjudicaban a los campesinos asentados en esta zona rural.

Por: ANYIMAR COVA LUGO
EL UNIVERSAL
viernes 14 de octubre de 2011