A un año de la expropiación no
se consiguen fertilizantes

■ La escasez ha caracterizado a la empresa luego de su estatización, según un balance hecho por los productores.

■ Los dueños de la desaparecida Agroisleña aún no han recibido pago justo por su empresa. Negocian con el Gobierno.

■ Los trabajadores del campo reconocen que los precios bajaron, pero denuncian que no hay suficientes agroquímicos. También piden mejorar el financiamiento.

■ Aseguran que la compañía privilegia a quienes están inscritos en la Misión Agro Venezuela, mientras que los demás deben acudir a revendedores que comercializan el abono más caro.

Pago justo: “Estamos dialogando y discutiendo de acuerdo con la ley, pero hasta ahora no hay avalúo concreto”, dijo el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo.

Hoy se cumple un año de la expropiación de Agroisleña y del inicio de las operaciones de la estatal Agropatria. Los productores hacen un balance y encuentran que aunque bajaron los precios de algunos insumos y fertilizantes, no se consiguen en cantidades suficientes.

Afirman que hay racionamiento en las ventas y que privilegian a productores que están inscritos en la Misión Agro Venezuela, mientras que otros tienen que acudir a revendedores que comercializan los insumos mucho más caros.

El alcalde del municipio Unda en el estado Portuguesa y productor de café, Oswaldo Zerpa, señala que en Agropatria-Guanare venden el abono en 19,80 bolívares, pero llevarlo a la población de Biscucuy, por ejemplo, cuesta 10 bolívares por saco y luego trasladarlo hasta una finca otros 10 bolívares adicionales. “Así que el abono que se compra en Agropatria termina costando 40 bolívares, y los revendedores lo colocan en 60 bolívares o más”.

Ezequiel Romero, presidente de Asoguanare, cuenta que ha recibido quejas de productores pequeños que han necesitado 10 sacos de abono y Agropatria sólo les vende 3. Debido a este problema, la asociación hizo un convenio con Agropatria: le suministran los insumos y se pagan al entregar la cosecha, como lo hacía Agroisleña. “Esto se logró luego de una lucha ardua.

Antes, el precio de los fertilizantes era más alto, pero había más disponibilidad y lo entregaban a las asociaciones para facilitar su traslado al campo y abaratar los costos”, expresa.

Los agricultores afirman que con la empresa estatal no ha habido problemas para el almacenamiento y recepción de la cosecha, pero las plantas de procesamiento de agroquímicos como Proyefa, Inica, y otras, no operan a su máxima capacidad y el Gobierno ha tenido que importar insumos.

En Lara, los pequeños y medianos productores de hortalizas no están conformes con Agropatria. En Quíbor, donde se produce más de 60% de las cebollas consumidas en el país, reclaman la falta de insumos. “Desde que Agroisleña comenzó a funcionar dirigida por el Gobierno, cayó mucho la atención al productor y no hay asistencia técnica. Lo peor es que venden semillas y abonos en cantidades limitadas”, apunta el agricultor Ramón Urquiola.

“No sé si el problema con Agropatria es la inexperiencia, pero lo cierto es que está complicándole la vida al productor. Por ejemplo, si uno va a comprar 50 sacos de abono, sólo venden 5, lo que incide en la reducción de la siembra y, por ende, en la comida para la gente”, afirma William Sequera, pionero de la siembra en invernaderos en Quíbor.

Otro productor dedicado al cultivo de tomate agrega que la empresa cerró la entrega de créditos. “Yo quebré tres veces, y Agroisleña me dio financiamiento para recuperarme. Ahora Agropatria no ha entregado créditos y se me ha hecho imposible volver a sembrar”.

Desmejora laboral:

La estatización no ha sido fácil, dicen trabajadores de las agencias de la otrora Agroisleña. Al momento de la intervención la empresa tenía más 2.500 empleados.

En un año se desincorporaron más de 450, de los cuales 30%, que correspondía a gerentes, técnicos, coordinadores y personal de recursos humanos, fueron despedidos, el resto renunció, agregan. Los que quedaron cesantes han podido cobrar sólo parte de las prestaciones. “Cuando los trabajadores han ido a las instancias legales ­Inspectoría del Trabajo, tribunales y hasta el Seguro Social para presentar denuncias y pedir el reconocimiento del paro forzoso-, no los atienden”, expresa uno de los afectados.

Recuerda que en el decreto de expropiación, el Gobierno se comprometió a responder por los derechos laborales del personal, pero no ha cumplido. El trabajo en la sede central se hace con muchas restricciones y no se permite el acceso a determinadas zonas. En Cagua, trabajadores protestaron la semana pasada para exigir la firma de un contrato colectivo único y que se aprueben mejoras salariales. Agroisleña tenía más de 260 técnicos que eran los vendedores de insumos y agroquímicos y percibían sueldo básico más el pago de comisiones por la venta, con lo cual sus ingresos superaban los 10.000 bolívares mensuales, además les asignaban camionetas.

Pero con Agropatria, el pago de comisiones y otros beneficios fueron eliminados.

Dueños de Agroisleña:

Dueños de Agroisleña negocian con el Gobierno pago justo. El ministro de Agricultura dijo que la empresa socialista atendió a más de 317.165 productores hasta agosto.

Los propietarios de Agroisleña se han reunido en varias oportunidades con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para tratar el tema del pago por la expropiación de la empresa que incluye plantas de procesamiento de agroquímicos, semillas, fertilizantes, unidades de transporte, una red de tiendas entre otros bienes inmuebles.

“Estamos dialogando y discutiendo de acuerdo con la ley y de manera franca. El Gobierno es respetuoso del marco jurídico, pero hasta ahora no hay un avalúo concreto”, expresó Loyo.

El Estado, a través del Grupo Agropatria (otrora Agroisleña), controla más de 70% del suministro de agroquímicos. Tiene 8 plantas de procesamiento de insumos y semillas, 8 silos, 228 unidades de carga pesada, 106 tiendas y 12 centros de acopio.

El ministro señaló que a un año de la estatización de Agroisleña, publicada en Gaceta Oficial el 4 de octubre pasado, el Gobierno ha logrado “romper el modelo capitalista y rentista que caracterizaba a la empresa”.

Afirmó que también han abaratado en 40% los precios de los insumos agrícolas y elevado el número de productores beneficiados con apoyo de la Misión Agro Venezuela. Agregó que la planta de agroquímicos Proyefa, filial del grupo, triplicó la producción.

Negó que exista racionamiento. Entre enero y agosto Agropatria suministró insumos a 317.165 agricultores y espera cerrar el año con 475.752 beneficiados, un aumento de 228,10% en comparación con los 145.000 productores asistidos por Agroisleña en 2009.

Dijo que con esta dotación se abarcó una superficie de 1.159.000 hectáreas.

“El promedio mensual de atención de Agroisleña era de 12.083 productores en 2009, en el primer semestre de 2010 fue de 11.340 personas y en lo que va de año la cifra subió a 52.860 productores al mes, 366,17% más en un año”, indicó.

Loyo dijo que han dado asistencia a 13.086 productores en zonas de difícil acceso mediante 130 operativos para cubrir 75.841 hectáreas, y se crearon 10 tiendas comunales para que los productores administren la dotación de insumos. En este caso, dijo que esperan abrir 80 tiendas de este tipo.

Enumeró que atendieron 33 asociaciones para la siembra de 380.846 hectáreas y suministraron insumos a 42 unidades socialistas. “Dimos financiamiento a 534 pequeños productores de 851,76 hectáreas con 3,87 millones de bolívares”.

Por: CÉSAR PARADAS
DANIEL ESPAÑA
LAUDELYN SEQUERA
Laboral | Noticias
EL NACIONAL