La situación de los DDHH en Venezuela
causa preocupación en el mundo
■ 190 organizaciones internacionales evalúan la situación de los derechos humanos en el país.
■ Que Venezuela vive el momento más violento en su historia reciente es consecuencia de la permanente violación de las leyes y de la no represión del crimen.
■ El oficialismo reconoce 20 deficiencias y responsabiliza a la oposición de desestabilizar y de desviar al Gobierno del objetivo de atender al ciudadano.
Los venezolanos están conociendo la época más insegura de su historia contemporánea con el crecimiento de la delincuencia en la última década, a consecuencia, sobre todo, de la violación permanente del pacto social que norma la convivencia ciudadana, explica Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), tras el aumento de los homicidios.
Un total de 190 organizaciones internacionales se han interesado en el asunto y 7 países han enviado cuestionarios al Consejo de Derechos Humanos para que sean respondidos por el Gobierno nacional en Ginebra el 7 de octubre, cuando el país será sometido al Examen Periódico Universal.
El examen permite al Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisar cada 4 años la situación en esa materia en los 192 Estados miembros del organismo internacional, luego de que recibe informes de las naciones y organizaciones sociales y se realiza una asamblea en Ginebra con presencia de las partes.
Interrogatorio:
Al Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Canadá, Holanda y Eslovenia les llama la atención la situación de inseguridad ciudadana, corrupción, ataques a la libertad de expresión, falta de autonomía del Poder Judicial, hacinamiento en cárceles, deterioro de la salud y desprotección de las comunidades sexodiversas, según datos disponibles en la página onu.org.ve.
Reino Unido preguntará sobre: 1.- la autonomía de la Defensoría del Pueblo, 2.- si hay planes para invitar a observadores a las próximas elecciones, 3.- sobre la independencia de poderes y la administración de justicia dada la designación provisional de jueces, 4.- cuáles son los planes penitenciarios que adoptará el Ejecutivo y 5.- qué medidas existen para garantizar la libertad de expresión, como ordena la Constitución.
“¿Cómo lograrán reducir la violencia, incluida aquella contra los defensores de derechos humanos, y mejorar la aplicación de justicia contra los responsables?”, inquieren.
La República Checa interrogará si es cierto, como informó Provea, que han muerto 237 personas a manos de fuerzas de seguridad. “¿El Gobierno crea una estrategia de defensa de los activistas de derechos humanos?”. En lo político averiguan por qué hay contradicción entre la Constitución (artículo 201), que garantiza la libertad de conciencia a los diputados, y la Ley de Partidos Políticos, que impone prohibiciones. ¿Venezuela tiene protección para la prensa o las leyes pretenden detener e intimidar a los medios?, preguntan.
Al evaluar la justicia, Holanda menciona el caso de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex alcalde de Chacao Leopoldo López.
Preguntan por la independencia de los poderes, pues han recibido información de que el Poder Judicial se declaró “guardián de la ideología política” del Gobierno. Los holandeses están interesados en saber por qué el TSJ ha indicado que las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pueden aplicar en Venezuela si no está de acuerdo con la Constitución.
Canadá averigua:
“¿Qué medidas toma el Gobierno para asegurar que la crítica no sea silenciada?” ¿Insuficiencias? Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, dijo que el Gobierno admitió insuficiencia en 20 asuntos: pobreza, derecho a la vida, seguridad ciudadana, derecho a la vivienda, protección de derechos de la población sexogénero-diversa, crisis penitenciaria, derecho de asilo y refugio, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas con enfoques de derechos humanos.
La consultora del Sistemas de Naciones Unidas de Venezuela, Linda Infante, indicó que el Consejo de Derechos Humanos no establece sanciones, sino que recoge las observaciones de los países y hace recomendaciones a los Estados, que decidirán si las ejecutan.
Cuando le tocó el examen a México, de 91 recomendaciones el Estado sólo acogió 83.
En cambio, China las desestimó todas. “¿Qué hará Venezuela?”, preguntó San Miguel.
Luego de que el 7 de octubre se escuche a las partes, el martes 11 se presentará un primer informe a la opinión pública, y entre febrero y marzo de 2012 se difundirá el documento final del Consejo de Derechos Humanos. En octubre del próximo año, Venezuela rendirá cuentas de las recomendaciones que acogió y volverá a someterse a examen en 2016.
En su defensa, el Gobierno contará con Cuba, Bolivia y Ecuador, la Defensoría del Pueblo, consejos comunales y unidades de batalla. En la página Derechos humanos por el buen vivir y la cuenta en Twitter: @Epuve destacan como logros las misiones y acusan a la oposición de desestabilizar para desviarlo del propósito de atender al ciudadano.
No hay contencion del crimen:
La otra cara del desapego a las reglas de convivencia son las víctimas, que en su mayoría están en los barrios de la ciudad. “Paradójicamente la manera que tienen los pobres y los débiles para defenderse es a través de la norma y la ley, y no hay policías que los protejan. Hace unos meses un señor en Petare fue a reclamarle a los malandros que no vendieran más drogas en la calle porque él tenía un nieto de 7 años y podían darle mal ejemplo. Al día siguiente venía el señor con el nieto y los delincuentes le mataron al nieto delante de todo el mundo. Los poderosos no necesitan la ley porque tienen el dinero y el poder, en cambio los débiles están a merced de los delincuentes. En este momento no hay mecanismos de contención del crimen”.
Briceño León interpreta que las leyes tienen que ser el producto de un consenso para que tengan el respaldo de la comunidad, y por supuesto tienen que representar el verdadero funcionamiento de la sociedad; en ello se basa la Constitución y los diferentes instrumentos legales que se crean y que no pueden ser a capricho de unos en menoscabo de los otros.
“Al ser quebrantada la ley reiteradamente por quien debe hacerla cumplir, la gente pierde la posibilidad de denuncia y reclamo a favor de sus derechos, y la decisión actual de las autoridades nacionales es no reprimir el crimen sino hacer prevención, pero al no reprimir en función del cumplimiento de la ley, ¿para qué sirve la normativa? No hay observancia del pacto social. Tener la ley y no cumplirla es casi lo mismo que no tenerla, y su efecto es que la proyección al finalizar el año es superior a los 3.000 homicidios, nada más en Caracas”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
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