Inhabilitaciones pretenden aniquilar liderazgo
opositor, el derecho a elegir se ve limitado
■ Investigación de Voluntad Popular señala que 80% de los sancionados adversa al Gobierno.
■ El politólogo Ángel Oropeza señala que la medida se usa como arma de disuasión contra dirigentes opositores.
■ 2008 fue el período más crítico, pues 272 aspirantes a cargos de elección popular no pudieron presentarse por esa causa.
■ Dirigentes partidistas y juristas coinciden en que la aplicación de estas medidas, cuando se usan para castigar la disidencia, debilitan la democracia sin combatir efectivamente la corrupción.
Destruir al adversario político y dejarlo fuera de la carrera electoral mediante métodos de dudosa constitucionalidad pareciera ser una práctica instaurada en Venezuela a partir de la gestión del presidente Hugo Chávez. Todo el que disienta se convierte automáticamente en enemigo, coinciden los dirigentes políticos Carlos Vecchio, Juan Manuel Fernández y Memo Arocha.
Advierten que las inhabilitaciones políticas se han convertido en el instrumento de guerra ideal para combatir a quienes acumulan respaldo popular en la acera del frente del oficialismo. Lamentan que las máximas instancias del país se han sumado a los propósitos, abiertamente expresados por el Presidente, que ha llamado a “pulverizar a los enemigos de la revolución”.
“Las inhabilitaciones se usan contra los adversarios, lo cual se traduce en deterioro de la calidad de la democracia, ya que se violan los derechos de los electores de escoger al candidato de su preferencia, y es el gobierno el que decide a quien poner en el ring con los suyos”, indica Vecchio.
Arma de disuasión:
El politólogo Ángel Oropeza coincide con este análisis. Sin embargo, aclara que las inhabilitaciones son de vieja data en Venezuela y otras partes del mundo, como un mecanismo que impedía a funcionarios sancionados con sentencias firmes por irregularidades en su desempeño, volver a ocupar cargos en la administración pública.
“Estos mecanismos se usaban con criterio de Estado. Ahora es con criterio de gobierno e incluso de partido, y se ha masificado. El problema va más allá, porque se quiere tener como arma de disuasión para decirle al adversario: `Te tengo vigilado y puedo usar este instrumento en tu contra cuando desee’. Por eso, no se dejan de oír amenazas de este tipo contra Henrique Capriles, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y otros dirigentes que marcan liderazgo opositor”, dice Oropeza.
El politólogo piensa que se recurre al argumento de la corrupción para justificar las inhabilitaciones ante un colectivo que desde hace tiempo sabe que en Venezuela no hay separación de poderes ni justicia, pues se impone el ejercicio de un poder hegemónico.
El abogado Enrique Sánchez Falcón, quien firmó junto con otros 14 especialistas un comunicado sobre las implicaciones jurídicas de las inhabilitaciones, advierte que si el Estado venezolano desconoce la decisión que se espera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Leopoldo López, estará descargando en sus funcionarios la responsabilidad penal que corresponde conforme al artículo 155 del Código Penal.
Sánchez Falcón es optimista sobre los avances en la defensa de los derechos humanos. Insta a insistir en la demanda de justicia, incluso si la decisión del organismo internacional no favorece a los inhabilitados y legalmente se cierran las instancias de reclamo.
El comunicado suscrito por Sánchez Falcón en 2008 alerta que las inhabilitaciones acordadas por la Contraloría “lesionan el derecho al sufragio pasivo, pero también lesiona el derecho al sufragio activo de los electores, porque se les impide votar por sus candidatos preferidos por un medio que los ciudadanos no delegaron al momento de votar la Constitución”.
El documento también concluye que “son un golpe a la democracia participativa y al derecho que tenemos los ciudadanos d escoger libremente y sin limitación alguna entre los candidatos postulados que aspiran a determinado cargo electivo”.
Los argumentos de la Contraloría se centran en que las inhabilitaciones no son políticas sino administrativas, que el Tribunal Supremo de Justicia las convalidó y que forman parte de la lucha anticorrupción del Estado.
Impacto internacional:
El caso de Leopoldo López no es el único
Las expectativas sobre la decisión que tomará la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Leopoldo López se extienden en América Latina.
Los dirigentes de Voluntad Popular señaln que por lo menos en ocho países de la región se espera el dictamen para sumarse como beneficiarios. Entre los casos más nombrados, después de Venezuela, está Colombia con la inhabilitación durante 18 años adela ex senadora Piedad Córdoba, por su presunta colaboración con la FARC. También fueron inhabilitados los ex ministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández por la entrega irregular de subsidios durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En Costa Rica suena el caso de la ex ministra de Transporte, Karla González, considerada pieza clave en las políticas de concesión de obras públicas en el gobierno de Oscar Arias (20062010). En México fueron inhabilitados 70 ex alcaldes, funcionarios estatales y municipales por deficiencias en la comprobación de recursos públicos y abuso de autoridad. Existen otras referencias en Ecuador, Argentina y Bolivia, donde se estaría preparando una legislación con fines inhabilitadores.
Para muestra un botón:
Investigaciones de Voluntad Popular reflejan que en los últimos 2 años se acumulan más de 800 casos de inhabilitaciones. El 2008 fue el más crítico, pues 272 aspirantes a cargos de elección popular se quedaron en el camino por inhabilitados. 80% eran de tendencia opositora.
Las cifras de la organizaci ón política contrastan con las de la Contraloría, que registra sólo 80 inhabilitaciones en 2008.
Los analistas del partido de Leopoldo López dicen que las medidas sancionan en su mayoría a opositores.
Los casos que soportan esta evaluación están a la vista, según el dirigente de Primero Justicia, Memo Arocha.
Del lado opositor, figuran en las listas de 2008 y 2009 Leopoldo López, Enrique Mendoza, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Antonio Barreto Sira, Luis Lippa, Enrique Ochoa Antich, Óscar Pérez, Bernabé Gutiérrez, William Méndez, Carlos Chacelot y los ex concejales de Baruta David Uzcategui, Will Contreras, Ramón Valera y Memo Arocha, entre otros.
Entre los disidentes del chavismo están los ex gobernadores Ramón Martínez y Eduardo Manuit, el ex alcalde Numa Rojas y Olmedo Torrealba, Denis Izaguirre y Domingo Palacios en Baruta. Los casos que la oposición destaca como inhabilitados del chavismo son la actual ministra de la Juventud Maripili Hernández, la diputada Xiomara Lucena y el alcalde de Vargas, Alexis Toledo.
Por: DORYS VILLARROEL
ALEX VÁSQUEZ S.
dvillarroel@el-nacional.com
avásquez@el-nacional.com
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