70% de la gente que construyó en
cerros tiene al menos un inquilino
■ Esta semana anunciarán nuevas acciones.
En tres oportunidades los inquilinos de Maruja Lameda Vásquez han intentado tomar por completo su casa en la calle El Cristo de Las Delicias en Sabana Grande. Ella solo les arrendó la parte alta para mantenerse y vivir en la planta baja de su inmueble con entrada independiente.
Lameda y otros 42 propietarios de inmuebles en Caracas y el interior del país denunciaron atropellos por parte de inquilinos y exdueños de viviendas que se “apoderan de la propiedad privada” en una reunión de la Red de Propietarios en Los Caobos, organización con más de 350 miembros que luchan por sus derechos.
“El viernes pasado me cortaron la electricidad y me atacan en mi propiedad porque logré recuperarla”, resaltó Lameda.
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, denunció que el nuevo marco jurídico que se discute en la Asamblea Nacional para regular los alquileres terminará afectando a 70% de propietarios que construyeron sus viviendas en barrios para arrendamientos.
“El sociólogo Roberto Briceño investigó que 70% de la gente que construyó viviendas en los barrios la comparte con al menos un inquilino. A veces hasta cinco familias arrendadas. Esos ciudadanos se verán afectados con la Ley de Arrendamiento”, resaltó Padilla.
El marco jurídico que se discute obligará a los arrendadores de viviendas en 70% de las barriadas de Caracas a someterse a un registro de inmuebles en alquiler reguladas y administradas por el Estado, a juicio de Padilla.
Los propietarios afectados exigieron al Ejecutivo la derogación inmediata del decreto contra desalojos de inquilinos y la modificación del proyecto de Ley de Arrendamiento porque solo beneficia a los arrendatarios y multa a los dueños de inmuebles privados.
Eva Matos, propietaria de un inmueble en Macuto, estado Vargas, relató durante el encuentro que desde 2009 lucha porque su inquilino, un concejal de la entidad, le devuelva su vivienda para resolver los problemas de salud de su madre, María de las Nieves Ríos.
La familia Matos compró el apartamento 1-C en la urbanización Punta Brisas de Macuto, residencias Parque del Caribe, en los años 70. En 2006 lo alquilaron para sostener a su familia en Mérida y el 14 de 2009 le exigieron a su inquilino el desalojo sin éxito.
“Llevamos cuatro meses en Caracas intentando resolver nuestra situación. Nos amenaza con maltrato y agresiones si lo denunciamos. A mi mamá no la atiende porque el concejal dice que no se siente bien. Solo paga Bs 800 de alquiler y acumuló una deuda de Bs 12 mil por condominio. Le propusimos la venta del apartamento y nos respondió que como se va a caer el viaducto viejo no pagará el costo de mi residencia”, afirmó Eva Matos.
Mientras que Yoleida Márquez compró un apartamento en el bloque 1, piso 7 de la urbanización Diego de Lozada de Los Mecedores, parroquia La Pastora, el 20 de octubre de 2010 y tras firmar la compra-venta del inmueble sus residentes se niegan a entregárselo.
“El Banco Activo me aprobó el crédito y la familia, conocida por mi esposo. No lo desalojó. Ana Ojeda y su familia se quedaron con mi casa”, dijo.
Márquez lleva casi un año viviendo arrimada en una vivienda en el barrio Unión de Artigas. Hoy aún paga las cuotas de su crédito. Ella denunció su caso en Inquilinato y Defensoría del Pueblo y no recibe respuesta. “Le pagué Bs 55 mil a la familia y su abogado en abril y tampoco se fueron”, resaltó.
María Elena Navarro, vocera de la Red de Propietarios, hizo un llamado al diputado Diosdado Cabello, a que la ley sea equilibrada. “Afecta el esfuerzo de dueños clase baja y media”.
Por: JORGE HERNÁNDEZ
VIVIENDA | EL UNIVERSAL
martes 6 de septiembre de 2011
