Esta pidiendo asilo político en
EEUU con toda su familia

■ “Albet es un camuflaje del G2 cubano”

■ “Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime”.

■ Anthony Daquin, ex asesor del Gobierno, asegura que fue secuestrado y forzado a salir del país por conocer las condiciones del contrato que el Ministerio de Interior y Justicia firmó con una empresa cubana para la elaboración de la cédula electrónica.A nthony Daquin saca de su maletín sus credenciales de asesor del Ejército venezolano y varios ejemplares de cédulas y pasaportes modelo con los que ilustra la conversación.

Dijo que tardaría 43 minutos en llegar, lo que demora el tren, y cumplió casi cronométricamente. Aunque se encuentra en Estados Unidos, la idea de que podrían espiarlo hace que el ingeniero de computación se fije en el techo del café al que entra y aguce los pequeños ojos verdes detrás de sus lentes para detallar a los comensales que le rodean.

Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 laboró para una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa. Por eso las credenciales que aún porta. De allí pasó a dos empresas más del área, que prestan servicio al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Era una cara conocida en ese organismo; para 2006 ya se había convertido en asesor.

“La empresa dio cursos de inducción a Albet para que los cubanos aprendieran técnicas de identificación, seguridad de la información, informática.

Albet es un camuflaje del G2 cubano. Cuando conocí a los funcionarios de esa compañía, ellos escribían en libretas. Yo enseñé a algunos a manejar teléfonos inteligentes y cámaras digitales”, recuerda.

Daquin pone sobre la mesa álbumes de fotos en los que aparece rodeado de chinos, en medio de banquetes oficiales, o en el malecón de La Habana flanqueado por funcionarios venezolanos de guayaberas rojas. Asegura que integró las comisiones que la entonces Onidex (ahora Saime) envió a países como China, Portugal, Alemania, España y Suiza para evaluar qué cédula electrónica le convenía comprar. Muestra los cuadernos de su pasaporte repletos de sellos. Afirma ser uno de los pocos que tuvo acceso a los contratos que suscribió el Gobierno venezolano con la empresa Albet en materia de cedulación.

— ¿Cuál fue su papel en la contratación de la nueva cédula?

– Se hizo la evaluación, se discutió sobre el contrato y las características técnicas del documento que se iba a comprar.

La licitación se hizo en Cuba, sin presencia de venezolanos.

Conocí el contrato porque un amigo me lo envió; sus condiciones fueron la primera irregularidad que vi. Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime.

— ¿Hizo alguna observación luego de ver el contrato?

 -Mi intención era que Venezuela tuviera el documento con la mejor tecnología. No tengo la culpa de que Cuba tenga el control. En 2009, Albet le pidió a Gemalto (firma que ganó la licitación para proveer las cédulas) que me despidiera porque manejaba mucha información.

— Usted era asesor del ministerio y al mismo tiempo trabajaba para Gemalto. ¿Recibió alguna comisión o soborno por ese contrato?

– No recibí comisión. Pero yo manejaba información privilegiada y vi el aspecto comercial.

Quería comprar la licencia para importar otro mecanismo de seguridad para la cédula, con lo que me ganaría en ese negocio podría retirarme. No estuve incurso en acciones ilegales ni contra el Estado. Me amenazaron y por eso salí del país.

— ¿Qué amenazas recibió?

– El 12 de noviembre de 2009 fui secuestrado a las 9:07 de la mañana, en El Rosal. Estaba solo, en una panadería de la avenida Tamanaco. Cuando salí al estacionamiento vi 3 motos tipo comando alrededor de mi carro. Los motorizados iban uniformados de negro, con armas 9 milímetros. No tenían insignias de policía, tenían chalecos, parecían de la Disip (actual Sebin). Me dijeron: “Móntate como si nada, Anthony, que necesitamos hablar, camarada”.

Sólo me hablaron 2 de ellos, uno con acento andino, que fue el que me montó en el carro, y otro con acento cubano.

Me enseñaron fotos de mi hija en un celular, pronunciaron su nombre y que estaba en el receso, en el colegio, con su amiguita Ana. Me dijeron que era un traidor por haber ido con mis hijos a la marcha contra la Ley de Educación del 22 de agosto de 2009. “Estuviste en la marcha, te cambiaste de bando y tú tienes información vital”, dijeron. Fueron 3 horas de terror.

Me hicieron manejar en dirección a Guatire, me golpearon con la pistola y me la metieron en la boca. Me preguntaban a quién le iba a enviar la información y qué recordaba del contrato. Les dije que no sabía de qué me hablaban. En Guarenas me dijeron que tomara la carretera vieja y me hicieron detenerme en un paraje. Me puse a llorar. Acababa de cambiar unos dólares y tenía en mi casa, en El Valle, como 60.000 bolívares. Se los ofrecí y ellos se bajaron del carro para hablar; me quitaron las llaves. Ya era mediodía. Me dieron 3 horas para buscar el dinero. Amenazaron con matar a mi hijo si no se los daba. Fui a la casa a buscarlo.

Nos encontramos a las 3:05 de la tarde en la misma panadería de El Rosal. Le dieron la plata a 2 motorizados que tomaron rumbo a Prados del Este. Me hicieron manejar a Guarenas otra vez. Me pidieron más dinero.

La liquidación de Gemalto me la daban la primera semana de diciembre, me pidieron que se las diera en dólares. Pero debía ir a Estados Unidos a buscarla.

Después de ese día, los muchachos no fueron más a clases. La casa estaba vigilada siempre.

Separé al grupo familiar y nos volvimos a encontrar en el aeropuerto el 5 de diciembre de 2009. El 7 de enero de 2010 los hombres me esperarían con el resto del dinero. El G2 me interrogó en el aeropuerto, me preguntaron por qué estaba viajando con el perro, cuánto tiempo me quedaría. Creo que mis secuestradores tenían contactos allí y sabían que iba a pasar esa seguridad. Al llegar a Estados Unidos le conté a mi familia sobre el secuestro. Decidimos ir con un abogado y pedir asilo. En la primera audiencia, en marzo de 2010, me lo negaron y estamos apelando. Mi último abogado dejó de representarme porque tiene familiares en Venezuela y los amenazaron.

— ¿Por qué hasta ahora cuenta lo que le sucedió?

– Porque estoy cansado de vivir con miedo. Yo sé que me van a matar; lo que quiero es que mis hijos vivan tranquilos.

Convenios con Cuba:

La mayoria de los contratos violan normas de software libre.

Por los desarrollos tecnológicos que vende la isla, Venezuela debe pagar licencias de uso, lo que contraviene el decreto presidencial que obliga al uso de estos programas.

L a soberanía tecnológica es una de las banderas que el gobierno de Hugo Chávez ha levantado. Que Venezuela sea autónoma en materia de tecnologías de la información es una de las metas trazadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. Uno de los objetivos establecidos fue lograr, en un máximo de cinco años, la migración de los sistemas de la administración pública nacional al software libre, que tiene sus códigos fuente abiertos, para que los usuarios puedan programarlo, adaptarlo o redistribuirlo según sus necesidades. De otro modo, tendrían que pagar la licencia de uso, como lo hace cualquier usuario que en su computadora desea instalar el sistema Office, por ejemplo.

Pero los contratos de desarrollo de programas suscritos con Cuba por varios organismos públicos venezolanos establecen el uso de software propietario, por el que hay que pagar a grandes productoras internacionales. Esto pese al decreto presidencial 3390, emitido en diciembre de 2004, que establece que todas las oficinas del Estado emplearán prioritariamente software libre.

El Ejecutivo ­señala la norma­ debe fortalecer la industria nacional del software. “En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en software libre bajo estándares abiertos, los órganos y entes de la administración pública nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios establecidos por ese ministerio”, establece.

Irregular. “Los convenios internacionales pasan por encima de cualquier norma nacional o resolución ministerial. A las empresas nacionales que licitan para cualquier proyecto les exigen desarrollar software libre y todas las normativas laborales, pero a empresas de afuera no. La mayoría de los contratos se adjudican a la empresa cubana Albet, por el convenio Cuba-Venezuela”, señala un ingeniero que trabaja en la administración pública y pide mantener su nombre en reserva.

Desde el chavismo han surgido críticas al incumplimiento de esa normativa. El 3 de junio pasado apareció en la página progubernamental Aporrea.org el artículo de Feijoo Jiménez, conductor de radio y defensor del uso de software libre, en el que cuestiona que varios desarrollos informáticos que ejecuta Albet fueron fabricados por transnacionales que cobran a Venezuela la renovación de las licencias de uso de sus productos. También critica que el sistema de registro del censo nacional no fue diseñado en el país. “El sistema operativo es de la transnacional Microsoft, cuya empresa fue demandada por el gobierno del imperio (Estados Unidos) por monopolio.

Además, el manejo de bases de datos es de la empresa Oracle, una transnacional, lo que indica que las licencias de desarrollo no están dentro de la ley”, denuncia Jiménez.

“En vista de que Venezuela se convirtió en un mercado prácticamente seguro y cautivo, surge en 2005 Albet Ingeniería y Sistemas S. A.”, indica Maniuryis Peña, alumna de posgrado de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, en un trabajo académico para el Centro de Tecnologías para la Formación de esa casa de estudios.

El pago que hace el Estado a esa compañía dependiente de la UCI es mayor, por ejemplo, al presupuesto total de la Universidad Central de Venezuela para el año pasado, que fue de 236 millones de dólares.

La UCI señala en su página web que tiene un solo laboratorio de desarrollo de software, mientras que las universidades venezolanas tienen decenas de ellos.

“Creo que hay una buena cantidad de personas capaces, salidas de nuestras universidades y de los tecnológicos públicos y privados, que pueden hacer el trabajo de programación”, opina Edmundo Vitale, ex director de la Escuela Latinoamericana de Redes, que tiene sede en la Universidad de los Andes. Recuerda que hay muchas microempresas formadas por profesionales venezolanos que se dedican a la creación de programas informáticos y que son contratados tanto en el país como en el extranjero por la calidad de sus trabajos.

Por: ADRIANA RIVERA
ARIVERA@EL-NACIONAL.COM
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