El fondo especial se alimentará de los depósitos
que han realizado inquilinos en los tribunales
■ Diputados no descartan que el Estado administre inmuebles.
■ En un foro sobre la Ley de Arrendamiento, el diputado Diosdado Cabello señaló que “hay recursos que tienen 20 años depositados (en cuentas de los propietarios) y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas”.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional contempla incorporar nuevas disposiciones a la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y uno de los aspectos que se sumará al texto será la creación de un fondo de protección al inquilino y el pequeño arrendador.
En un foro sobre la modificación del marco legal realizado en el Parlamento, el presidente de la instancia, Diosdado Cabello, indicó que ese fondo especial se alimentará de los depósitos que han realizado los inquilinos en los tribunales y que no han sido retirados por los propietarios de los inmuebles.
“Hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas”.
Cuando los arrendadores de los inmuebles se niegan a recibir los alquileres vencidos, los inquilinos realizan depósitos en los tribunales. Según lo evaluado por la instancia técnica que analiza la ley, la intención es que esos pagos por consignación pasen al fondo.
Cabello comentó que se dará el plazo de un año para que los dueños retiren los depósitos y de no efectuarse la medida, el dinero será transferido al nuevo fondo de protección.
Por ahora el esquema recibiría las consignaciones, aunque no se descarta que cuente con otros depósitos. El diputado apuntó que “un alcalde puede hacer aportes al fondo”.
En el marco legal se indicará que ese esquema de protección se empleará para cancelar los pagos a las depositarias (aquellas que reciben los enseres de los arrendatarios).
Cuando los inquilinos son desalojados en ocasiones sus bienes son enviados a depósitos. Con las modificaciones que se están efectuando al instrumento se contemplará que los pagos que deberán efectuar los inquilinos y los pequeños arrendadores a las depositarias sean asumidos por el nuevo fondo de protección.
Diosdado Cabello aseveró que si el desalojo es por un multiarrendador, éste tendrá que realizar todos las cancelaciones ante las depositarias.
En la propuesta de ley se establece que el pequeño arrendador es aquel que tiene en alquiler hasta 2 viviendas (habitaciones o apartamentos). El multiarrendador es el que tiene rentadas más de 3 viviendas.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios apuntó que ya se han avanzado con algunos de los puntos pendientes de la ley como las causales de desalojo. Agregó que “habrá tres causales más”, sin embargo, no las detalló.
El diputado indicó sobre los casos de desocupaciones que está en curso y que suman 14.000, “que por los cambios que se registran propongo que todos esos casos sean revisados”.
Administradora estatal:
El parlamentario aseguró que todavía se está evaluando el porcentaje de viviendas que las constructoras deberán destinar al alquiler en los nuevos desarrollos habitacionales.
“Eso está en discusión, ahora si las constructoras señalan que su negocio no es alquiler, el Gobierno puede crear administradoras y manejar esos inmuebles (…) la constructora que ponga a la orden los inmuebles, porque el Estado puede tener una administradora”.
En el proyecto que fue entregado el pasado mes de marzo se indica que 25% de las viviendas nuevas tienen que ser arrendadas. Según los parlamentarios, ese porcentaje estará adecuado a los nuevos planes habitacionales.
Metodología:
Respecto a la metodología de cálculo del canon de arrendamiento, que aún no se ha aprobado, el diputado expresó que “la tabla prevista en el proyecto es muy fría, le falta sustancia, por tal motivo se sigue evaluando”.
La estimación de los cánones estaba a cargo de una instancia técnica y a esa comisión se incorporarán técnicos del Banco Central y el Seniat.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea espera terminar el informe de la Ley esta semana, porque la intención es llevarlo a la plenaria del Parlamento la próxima semana y así iniciar la segunda discusión.
Por: MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
jueves 1 de septiembre de 2011