El silencio envuelve la pesquisa
sobre el incendio en Cavim

■ “Los vecinos después de la explosión…”

■ La Fiscalía Militar no ha informado acerca de la investigación.

■ Mientras las reparaciones de las viviendas que fueron dañadas avanzan con lentitud.

A siete meses del incendio que afectó los depósitos de Cavim en Maracay, las secuelas están a la vista. 

Evelyn Marrero corría por la avenida número 1 de José Félix Ribas, en Maracay, cuando advirtió que su madre estaba rezagada. Detuvo la marcha e intentó buscarla entre el tumulto de personas que se alejaban a toda prisa debido a la explosión ocurrida en los depósitos de artillería de Cavim, empresa del Ministerio de la Defensa. Ella sabía, como los demás vecinos, que el muro que separaba el arsenal de la ciudad no ofrecía garantía alguna de seguridad: la estructura parecía diminuta ante la lengua de fuego que sobresalía de las instalaciones militares. La tentativa de escape, sin embargo, no salvó a la mujer de 46 años de edad.

“Una esquirla que salió disparada la alcanzó y le atravesó la pelvis”, recuerda su hermano Juan Itriago. La metralla, que voló por más de 300 metros, también abrió un orificio en el pavimento: los residentes de la zona lo señalan como una prueba de que lo sucedido no fue una pesadilla.

La suerte de Marrero ­que el martes hubiera cumplido 47 años de edad­ pudo ser la de cualquiera de sus vecinos. Maracay recordará la madrugada del 30 de enero como la ocasión cuando se sintió bombardeada. Fue como si, de improviso, se hubiera convertido en el blanco de una fuerza enemiga.

Joel Sánchez, de 35 años de edad, bien podría considerarse merecedor de un calificativo: sobreviviente. Cuando se disponía a escapar de su casa en La Coromoto, vio en el aire un proyectil que se aproximaba como en cámara lenta. “Mi única reacción fue cubrirme la cabeza con los brazos y agacharme a esperar”, relata el mecánico de motocicletas. La munición no explotó, pero sí dañó su vivienda. Desde afuera puede observarse la fractura de una parte de la platabanda, de la reja de la ventana y de la calzada: los escombros aún están a la vista. A Sánchez se le quedó grabado el instante: “Quedé tumbado al otro lado de la acera. Tenía fragmentos de piedra incrustados en la cabeza. Siento que volví a nacer. No sé cómo me salvé de esa bomba”.

La sensación de que la muerte estuvo apenas a un centímetro está fresca entre muchos habitantes de Maracay. Abundan quienes se declaran afortunados por haber superado esa madrugada de detonaciones ensordecedoras, sacudidas violentas y proyectiles caprichosos. En un par de días se cumplirán 7 meses de los sucesos y las secuelas aún afectan a los vecinos. Entre las más de 3.400 casas que resultaron dañadas todavía existen las que tienen enseres inservibles y paredes agrietadas. Hace 8 días una tormenta desprendió algunos techos que habían sido instalados en reemplazo de los que fueron destruidos por las esquirlas que saltaron con la explosión del almacén militar. Pero, más allá de los daños a las propiedades, hay heridas invisibles que no han cicatrizado. Los miembros de la familia Marrero desean una explicación: “Queremos saber qué pasó, si hubo una falla de seguridad, si existe un responsable de la explosión.

Ignoramos cómo van las averiguaciones de la Fiscalía. Nadie debe olvidar que una persona murió a raíz del hecho”, señala Itriago.

Ausencia:

Evelyn Marrero era madre de tres hijos, el menor de los cuales tiene 18 años de edad. Trabajaba como empleada de la televisora aragüeña Color TV. Su hermana Nairobi Marrero no da muchos rodeos antes de describirla con una característica: “Era una de esas chavistas que se agarraba a pelear con la gente”. Fue la única persona que falleció a consecuencia de la explosión del 30 de enero, pero esa circunstancia no impide que sus parientes se hagan portavoces de las dudas que todavía tienen otros miembros de la comunidad: “Pudo haber sucedido una tragedia mayor y no somos los únicos que queremos entender cuáles fueron las causas”.

Una de las razones es conocida: la cercanía de los almacenes militares al área urbana.

Los expertos aún se preguntan por qué los materiales de artillería fueron mantenidos allí a pesar del crecimiento demográfico alrededor de la instalación. Aledañas a Cavim no sólo están comunidades como José Félix Ribas y La Coromoto, sino también Caña de Azúcar, 23 de Enero, La Candelaria, El Milagro y La Romana. El día de la contingencia debieron ser evacuadas más de 10.000 personas, según los cálculos oficiales, mientras los bomberos ejecutaban las operaciones para sofocar el fuego. Muchos vecinos afirman que actuaron al calor de sus impulsos porque no conocían un protocolo de seguridad aplicable a un caso como ese. “No sabemos que exista plan alguno en esta zona y llevamos toda la vida viviendo aquí”, dice Itriago.

Un ejemplo claro está en que muchos ni se imaginaban que las municiones podían ser disparadas y, por tanto, carecían de la noción de que debían protegerse de ellas. Un dato puede ilustrar el alcance de la lluvia de proyectiles: las comisiones militares y de inteligencia habían recolectado más de 31 artefactos explosivos 2 semanas después de los hechos. La cifra no incluye las metrallas que se dispersaron.

“Una punta de mortero casi le da en la pierna a mi hermana, que decidía si se iba de su casa o no”, cuenta María Gómez, de 40 años de edad. “Eso abrió un hueco en la acera. Pedimos después que vinieran a buscarla, porque nos daba miedo con los niños que juegan allí”.

A Carmen Lira, de 67 años de edad, le ocurrió lo mismo.

El terror de las detonaciones que sonaban en el depósito militar la hizo sobreponerse a sus limitaciones físicas: “Tengo artrosis, pero eché la mayor carrera de mi vida”. Cuando pensaba que se había alejado lo suficiente de su casa, cayó a sus pies un pedazo de metal.

“Por poco me dio. No sé qué hubiera pasado conmigo”. Su testimonio no es anecdótico: se encontraba muy cerca del lugar donde también fue impactada Marrero. Lira todavía padece las consecuencias de la escapada: “Me resentí la rodilla y estoy en tratamiento por eso”. Sin embargo, puede decir que salvó su vida aquella madrugada.

Desde el cielo:

Cinco metrallas chocaron contra la última planta de la casa de Hortensia Cárdenas el 30 de enero. El techo, como en la mayoría de las viviendas afectadas, quedó inservible. Los impactos también abrieron grietas en las paredes de la platabanda y dañaron un conjunto de enseres. “Dos neveras, una cocina, un televisor y un colchón”, enumera la mujer. Cárdenas recibió láminas del material conocido como acerolit para reponer parte de la cubierta dañada, pero nada más: “No sé qué pasa con mis bienes y tampoco han dado el mantenimiento que prometieron a las estructuras que se agrietaron con los golpes”.

La Asamblea Nacional aprobó en abril recursos por 50 millones de bolívares para respaldar el plan de atención a las viviendas que fueron afectadas. La operación ha sido ejecutada por la Fuerza Armada Nacional y por la Gobernación de Aragua. Existen familias, como la de Marrero, que se sienten defraudadas por las promesas incumplidas: “Nos dijeron que nuestro caso sería tratado prioritariamente, pero mira cómo tenemos la casa”, dice Itriago mientras hace un recorrido en el que muestra obras inconclusas en baños y cuartos y paredes con filtraciones.

“No puede ser que nos traten así, ojalá tuviéramos un enlace directo con el Presidente.

Él pidió a las autoridades que no se olvidaran de nosotros, pero parece que ya no quisieran atendernos”.

Los hermanos de la fallecida ponen un ejemplo para ilustrar los efectos de la tardanza. “Estuvimos 4 meses con la casa abierta porque instalaron el techo y no hicieron el cerramiento con la pared.

Unos ladrones se metieron y le quitaron varias cosas a mi mamá”, relata Nairobi Marrero. El problema de albañilería se solucionó, pero los objetos hurtados siguen perdidos. A pesar de sus quejas por las labores pendientes, los familiares de Evelyn Marrero admiten que han recibido apoyo económico del Estado. Los 3 hijos y la madre de la víctima recibieron una indemnización de 25.000 bolívares cada uno. Adicionalmente, la Gobernación de Aragua entregó al más joven de los hermanos una beca de 1.000 bolívares mensuales. Itriago, al sacar las cuentas, concluye así: “Casi todo el dinero se ha usado en las mejoras de la vivienda, somos 13 personas aquí”.

Otra cubierta:

Las reparaciones de las platabandas y paredes fracturadas forma parte de una segunda etapa del plan de contingencia que todavía no se ha iniciado, de acuerdo con los voluntarios que trabajan en las obras. La prioridad hasta ahora fue la sustitución de los techos que fueron dañados por las piezas de metal. “Se instalaron nuevos o se entregaron los materiales a los beneficiarios en más de 90% de los casos”, dice Vanessa Rodríguez, vecina de La Coromoto. Pero la tormenta eléctrica del sábado 20 de agosto hizo surgir dudas sobre la calidad de los trabajos.

Las ráfagas de viento desprendieron las cubiertas que se habían colocado en varias casas: hubo láminas de acerolit terminaron colgadas en los postes del cableado eléctrico.

Haydeé Galíndez, habitante de Caña de Azúcar, fue una de las personas que quedó a la intemperie por segunda vez en menos de 7 meses. Como otros afectados, insistió ante los medios regionales en que las cuadrillas que hicieron las reparaciones después de la explosión de Cavim no colocaron conexiones firmes entre las paredes y los techos: en muchos casos había espacios abiertos de 30 centímetros. Rodríguez, sin embargo, cree que fue un hecho fortuito: “Fueron vientos muy fuertes que afectaron no sólo a los vecinos cuyas casas fueron reparadas a raíz de la emergencia de enero”.

Flor de Cobos, de 86 años de edad, se lo ha tomado con paciencia. El martes todavía hacía esfuerzos para sacar el agua de su vivienda de La Coromoto: el piso de la cocina y de las habitaciones estaba completamente inundado. También era la segunda ocasión desde enero en que su techo colapsaba. Se lo habían reparado en junio, cinco meses después de la explosión. Si antes lo inutilizaron las esquirlas y la onda expansiva, esta vez fueron los vientos. “Eso fue tremendo. Yo soy hipertensa, pero parece que tengo el corazón bueno porque voy resistiendo de susto en susto”. Como todos los demás vecinos de Maracay, espera que nunca vuelva una tormenta como la que vio hace una semana y mucho menos una detonación como la que amenazó la vida de Maracay hace siete meses.

El polvorín:

El presidente Hugo Chávez no tardó en expresar en público sus dudas. Cuando le correspondió hablar sobre la explosión ocurrida el 30 de enero en las instalaciones de la empresa Cavim en Maracay, soltó una declaración enigmática. Dijo que el suceso pudo tener “causas extrañas”. Acto seguido, agregó: “Es lo menos que puedo decir”. Apegado al librito, también afirmó que no descartaba hipótesis y que el origen del hecho sería determinado científicamente.

Si el jefe del Estado no ocultaba cierta perplejidad aquella mañana, el resto del país tenía las mismas inquietudes en relación con un hecho que puso en riesgo una de las principales ciudades de Venezuela. Al cabo de siete meses, sin embargo, el público no conoce el estatus ni los adelantos de la investigación que recayó en manos de la Fiscalía Militar, órgano de justicia que aún depende del Ministerio de la Defensa. Hasta los familiares de Evelyn Marrero, la única persona que murió a raíz de los hechos, han señalado que quieren saber qué pasó, mientras el silencio sobre el caso se ha impuesto.

La Asamblea Nacional, que tiene atribuciones constitucionales para ejercer la contraloría de los poderes públicos, decidió descartar la posibilidad de abrir una investigación. Hiram Gaviria, diputado opositor por Aragua y miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento, llevó a sus colegas la propuesta de constituir una subcomisión especial, que emitiera un informe que no sólo explicara al país las causas del hecho, sino que recogiera un pliego de recomendaciones para evitar que sucesos semejantes se repitieran en el futuro. “La mayoría oficialista se opuso con el argumento de que ya había una comisión de la Fiscalía Militar haciendo las pesquisas y que no era necesario que el Parlamento investigara. No estuve de acuerdo porque la asamblea tiene facultades para averiguar”.

Desde la madrugada en que comenzaron a escucharse las detonaciones, las preguntas sobre cuál debe ser el objeto de la pesquisa no han cambiado sensiblemente. El general retirado Gonzalo García Ordóñez, quien fue jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, expresa la primera interrogante: “Hay que establecer por qué esos materiales tan peligrosos se tenían tan cerca de un centro poblado”. El oficial recomienda indagar sobre los protocolos de seguridad de la empresa. Hay además un punto que no soslaya: “Cavim es esencialmente una fábrica, y debería ser la Dirección de Armamentos y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional la instancia que esté a cargo del depósito y almacenamiento”.

Versión oficial:

Los voceros oficiales explicaron la madrugada del 30 de enero que el incendio había alcanzado cuatro depósitos. El polvorín de mayor envergadura fue identificado por el general Clíver Alcalá Cordones, comandante de la guarnición de Maracay, con el código B-11.

Ese fue el que le dio más trabajo a los bomberos que participaron en la operación para sofocar las llamas.

La primera versión de lo ocurrido la dieron en una transmisión de Aló, Presidente dos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional: el distinguido García Gil y la teniente Morales. De acuerdo con lo que dijeron entonces, a las 3:40 am la oficial había hecho una ronda y no registró novedad alguna de su subordinado. Tan sólo 20 minutos más tarde regresó y fue entonces cuando escuchó las palabras con las que se estrenó la contingencia: “Mi teniente, hay una novedad. Se está incendiando el galpón”.

Chávez calificó de heroica la intervención de Morales, quien avisó rápidamente a un mayor de guardia y estableció contacto con los cuerpos de emergencia. Una de las primeras diligencias que efectuaron los investigadores del caso, según trascendió en su momento, fue hacer los cruces de más de 900 llamadas que se realizaron en los sectores cercanos a Cavim, entre 4:00 y 6:00 am: la hipótesis de que pudo haber un acto de sabotaje más que de imprudencia estuvo desde el principio en la bitácora de los encargados de aclarar lo ocurrido.

Mientras sonaban las primeras explosiones, al otro lado de la cerca la gente comenzaba a levantarse de la cama. Con el despiste del madrugonazo, hubo quien creyó que se trataba de una de las ruidosas celebraciones que se producen en Maracay cuando Los Tigres de Aragua consiguen una victoria. Eso fue lo que inicialmente pensó Juana Castillo, de 75 años de edad, y quien estaba recién operada de un ojo: “Escapé de aquí en una camioneta”.

Que la comunidad resultara afectada por una lluvia de proyectiles y metralla no es un asunto trivial para el general García Ordóñez: “En su calidad de víctima, debería tener acceso a los informes de la investigación”. En el caso de la familia Marrero, su condición para solicitar la revisión de las actas procesales está reconocida por la ley.

La mudanza:

Algunos vecinos no están seguros de si todavía existe material de guerra depositado en los terrenos donde sucedió la explosión hace siete meses. El jefe del Estado adelantó que consideraba la posibilidad de desalojar por completo el terreno y utilizarlo estrictamente como área para complejos residenciales.

La superficie cuenta con 340 hectáreas, de acuerdo con los datos oficiales, y en el interior hay una contratista de origen chino que construye un conjunto de edificios, que ya son conocidos con el nombre del sector: El Arsenal.

De acuerdo con las fuentes oficiales, los galpones que se encontraban en Maracay no contaban con la tecnología más avanzada. Hay vecinos que tuvieron oportunidad de visitar las instalaciones de Cavim: “Nos sentimos extrañados de lo que pasó porque es verdad que eran muy estrictos con la seguridad”.

Otros residentes de José Félix Ribas se declararon fundadores del urbanismo: “Cuando la empresa llegó, aquí ya había algunas personas asentadas. No fue al revés”.

La aclaratoria, en todo caso, tiene sentido principalmente como una precisión histórica: el crecimiento de las zonas urbanas en las adyacencias hace que la mudanza de la compañía sea algo difícil de posponer.

Mientras tanto, la convivencia estará llena de sobresaltos.

“Mucha gente quedó traumatizada. Cae una lluvia con truenos, y se asustan. Los vecinos de Cavim viven en zozobra.

Esa explosión fue muy grande y pudo haber causado una tragedia”, dice el diputado Gaviria. Aún las sensaciones que dejó aquella mañana se encuentran a flor de piel.

Una sigla en los titulares:

C avim son las siglas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Es una empresa de la Fuerza Armada Nacional que se dedica básicamente a la producción de municiones y explosivos. Sus áreas de negocio no abarcan solamente el sector defensa: la empresa fabrica lo mismo cartuchos 9 milímetros para civiles, que emulsiones detonantes para ser utilizadas en labores de minería. De acuerdo con la más reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa, la corporación registró ingresos por más de 589 millones de bolívares en 2010.

La preside el general Aref Richany Jiménez. En los últimos tres años, la empresa ha estado expuesta a grandes titulares de prensa.

No solo por la explosión del 30 de enero en Maracay. La compañía fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos en 2008 y 2011, en virtud de los acuerdos de cooperación militar que desarrolla con Irán. Proyectos como el de ensamblaje de la pistola zamorana fueron paralizados por supuestas irregularidades que son investigadas por la Fiscalía Militar.

El clima en la compañía no ha sido de total armonía en los últimos tres años. El personal se ha mostrado en desacuerdo con los retardos para ajustar los salarios de los trabajadores. Las tensiones internas están presentes, porque además a los empleados se les prohíbe la organización de sindicatos y las manifestaciones públicas por derechos laborales, lo que muchos consideran violación de garantías constitucionales.

Datos oficiales indican que la compañía fabricó el año pasado 10.657 toneladas de químicos y explosivos y más de 30 millones de productos metalmecánicos.

Si un cibernauta navega en la página de la empresa, constatará que no hay información sobre la producción propia de artefactos como los que invadieron el cielo y las calles de Maracay la madrugada del 30 de enero.

Por: DAVID GONZÁLEZ
ADRIANA RIVERA
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
CAVIN | PROTESTAS
EL NACIONAL