¿Quién se llevó mi oro?
■ La única empresa mixta que hay en el sector minero ya tiene denuncias.
■ El sindicato de Venrus señala que desaparecieron más de 30.000 toneladas de material aurífero.
■ Aunque el Presidente anunció desarrollar empresas mixtas, en Bolívar advierten que no bastan para acabar con las mafias.
■ El sindicato de Venrus señala que desaparecieron unos lingotes que pudieron dar para 81 maletas como la de Antonini.
De las 23 millones de toneladas de oro que el año pasado salieron del país, solo 6 reportaron impuestos. Lo dijo el propio Presidente de la República en cadena nacional. “¿Qué es eso?”, preguntó el martes desde el Palacio de Miraflores. “Mafia, contrabando, y eso tenemos que acabarlo”. En El Callao agregan, sin embargo, que los ilícitos pasan en las narices del Gobierno.
Los trabajadores de la mina La Isidora advierten sobre el robo, pérdida o evaporación de más de 30.000 toneladas de material aurífero, la materia prima del oro. “Se los tragó la tierra”, asegura Edward López. De factura en factura y junto a otros compañeros de sindicato, ha venido denunciando que las cantidades que pesan desde el año pasado no coinciden con las que registran los despachos de la empresa. “Nos roban la mitad a nosotros y al Estado”.
Todo empezó por un problema de comisiones: los trabajadores notaron que la cantidad de materia prima que extraían de ese lugar del estado Bolívar, no coincidía con las ganancias de sus recibos de pago. Así siguió una retahíla de demandas y contrademandas, que aún reposan en los tribunales Primero, Segundo y Tercero de Juicio de Puerto Ordaz.
Por un lado, la empresa procedió penalmente contra cuatro dirigentes sindicales; los acusó de obstrucción al trabajo y agavillamiento tras las huelgas y manifestaciones que paralizaron la mina en junio del año pasado. Pero en la otra acera, los trabajadores sustanciaron un expediente con el que acusan una estafa a la nación.
Lingotes perdidos:
“Nos metieron el embuste de que cada camión sacaba 11 toneladas de material aurífero”, dice Edward López, uno de los sindicalistas procesados. “Durante año y medio peleamos por una balanza y resulta que cuando la instalaron nos dimos cuenta de que cada camión salía con varias toneladas de más”.
Sólo en este caso, hay más de 65 millones de dólares que desaparecieron del mapa. El oro superó esta semana la barrera de los 1.800 dólares por onza, los lingotes que se perdieron de la mina La Isidora en este momento habrían dado para 81 maletas como la de Antonini Wilson. Pero más allá de la suma, la empresa señalada es nada más y nada menos que Venrus, la única a la que el Gobierno nacional había convertido en socia todavía antes de los anuncios de nacionalización.
Las mafias del oro a las que el presidente Hugo Chávez pidió erradicar esta semana en cadena nacional no están tan escondidas. Lejos de las trochas del sur del país o los vuelos fantasma que abundan por la selva, el sindicato de la mina La Isidora señala que buena parte del contrabando sale por los canales regulares y hasta bajo la figura de empresas mixtas como la que el Gobierno constituyó bajo el nombre de Venrus, en sociedad con capitales rusos.
Anuncios oficiales:
El presidente Hugo Chávez anunció esta semana en Consejo de Ministros un nuevo plan estratégico para las zonas mineras del estado Bolívar. Desde la semana pasada venía advirtiendo sobre una nueva ley para el sector y el martes, con un lingote de oro entre manos, finalmente terminó de informar que la explotación de ahora en adelante se desarrollará bajo la figura de empresas mixtas que desde hace años operan en el sector petrolero.
Días antes, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ya había adelantando parte de los planes: “Todo el que conoce la parte sur del país, el arco minero de Guayana, se da cuenta que el oro ha estado en manos de transnacionales que operan de distintas maneras: encubierta y al margen de la ley y nos están saqueando nuestros recursos naturales”.
Ramírez habló de un robo a la nación y para evitar que continúe en estos días en que el valor de la onza de oro ha llegado a su máximo histórico, añadió que a través de una nueva ley -vía habilitante- el Estado nacionalizará las minas auríferas.
Ya queda claro que lo que el Gobierno ha llamado como la nacionalización del oro busca sustituir las concesiones de siempre por modelos de empresas mixtas, en las que el Estado se garantice la mayoría accionaria de las firmas que extraigan el mineral. Pero en El Callao insisten en que la figura de las empresas mixtas no suficiente.
“Estamos de acuerdo con la nacionalización, pero si el Estado no le pone la mano van a seguir robando”, señala López. Es lo que asegura que ha pasado en Venrus, cuyas acciones comparte el Gobierno en igual porcentaje con la rusa Rusoro Mining Ltd, que cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá.
En Venrus han optado por el bajo perfil. Aunque se intentó pulsar su opinión, sus representantes no respondieron al teléfono. Por lo pronto no han indicado qué harán frente a los cambios que anuncia el Gobierno, tampoco a las denuncias que les achacan sus trabajadores.
Desde Londres, sin embargo, el presidente ejecutivo de Rusoro, Andre Agapov, manifestó la semana pasada que cuando el primer mandatario nacional anunció la nacionalización del oro no se refería a todo el sector, sino que la medida iba diseñada para combatir las mafias, que atribuye principalmente a la pequeña minería.
Agapov, que según The Wall Street Journal tiene vínculos y amistad con Chávez, cree que las palabras del jefe del Estado estaban dirigidas a quienes extraen oro de forma ilegal, sin permisos y con métodos que atentan contra la naturaleza y el medio ambiente. “Todo el oro está siendo vendido ilegalmente, el Presidente dijo basta”, afirmó.
Sin brújula:
No hay una política definida para el oro. Eso concluye el ex alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor. Habla incluso del “terrible fracaso de este Gobierno en materia minera”. Recuerda que primero lanzaron más de 260 cooperativas bajo la figura de la Misión Piar; luego la Reconversión Minera, más tarde emitieron un decreto que obligaba a las empresas a vender sus lingotes al Banco Central y, finalmente, anunciaron el Plan Caura.
En 13 años ha habido un desfile de planes y anuncios para las minas del sur del país, y ninguno ha logrado poner orden casa. “Aquí lo que estamos denunciado es una falta de políticas serias y claras”, señala Chancellor. “Este Gobierno ha fracasado en materia minera, no ha sido capaz de mantener la actividad y ni siquiera ha garantizado la conservación del ambiente”.
Para Chancellor, no es fortuito que el presidente Chávez incluyera el oro en la agenda de estos días. Ni siquiera cree que se trata de un anuncio electoral para ganarse el voto de los mineros, sino sencillamente de aprovechar la ola que ofrece el mercado. Los vaivenes de la economía mundial han multiplicado el valor de este y otros commodities y en esas circunstancias, el Gobierno apareció preocupado por las mafias que siempre han existido en las minas del país.
“¡Qué casualidad que en este momento, cuando el oro tiene un altísimo precio, el Gobierno quiere ponerle la mano al sector!”, dice. “Quiere cubrir insuficiencias presupuestarias, no está pensando en los mineros sino todo lo contrario: la pequeña minería ha sido acosada últimamente no solo por la Fuerza Armada Nacional sino también por una persecución judicial”.
Amigos y enemigos:
El propio Chancellor estuvo preso cuatro años, tras un juicio que le abrieron a raíz de las protestas que en 2005 paralizaron las operaciones que la empresa Cristallex tiene en el municipio Sifontes de Bolívar. En esos días el Gobierno apoyaba a la firma canadiense, mientras que los mineros de la población Las Claritas denunciaban presiones para desalojar una mina en la que estaban trabajando de manera informal.
Denunciaban además la desaparición de 15 millones de dólares que, de acuerdo con el contrato que otorgó el gobernador Francisco Rangel Gómez a Cristallex, prometía llevar tuberías de agua potable, cloacas y otros servicios a la población de Las Claritas.
La paradoja de esta historia es que las autoridades acusaron a Chancellor y otros dirigentes sindicales por enfrentar a la empresa Cristallex, que pasó de aliada a enemiga del Gobierno nacional. Su entrada y salida están llena de irregularidades: el Gobierno le entregó a dedo en 2005 la sexta mina de oro más grande del mundo y de la misma manera se la quitó este año.
Adiós Cristallex:
Crystallex, con sede en Toronto, indicó a principios de febrero a través de su página web que recibió una carta de la Corporación Venezolana de Guayana en la que le notificaban la revocatoria “en forma unilateral” del contrato que le permitía operar la mina de Las Cristinas.
A través de la comunicación, la CVG la acusó de haber abandonado la mina durante más de un año y por tanto, basó la revocatoria del contrato en “razones de oportunidad y conveniencia”. La empresa respondió, por su parte, que había cumplido con todas sus obligaciones y que había acondicionado el lugar para comenzar su explotación mientras esperaba por un permiso del Ministerio del Ambiente que nunca llegó.
Hasta el año pasado Crystallex mostraba a la mina de Las Cristinas como su mejor tarjeta de presentación; las 17 millones de onzas que calculan en la zona eran su activo principal. Sin embargo, las cosas cambiaron a partir del pasado 4 de febrero, sus acciones cayeron 6,23% luego de que el Gobierno los mandara a desalojar.
La firma canadiense ha emprendido desde entonces un proceso legal contra Venezuela, para demandar una compensación de 3.800 millones de dólares por la caída repentina de sus acciones en las bolsas de valores el mundo.
Chávez ya había amenazado el año pasado con retirar las concesiones de las empresas privadas. Había acusado a las multinacionales de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores mineros. Este año formalizó la salida de esa y otras concesionarias y anunció un plan para llevar la figura de empresas mixtas a la explotación minera.
En El Callao, Las Claritas y los otros pueblos mineros están a la expectativa. Este lunes improvisaron un cabildo abierto para pedir un referendo sobre el tema. Aunque algunos se opongan a empresas privadas como Cristallex y otros denuncien experiencias mixtas como la de Venrus, todos coinciden en que el Estado es el principal responsable. “El oro no se va por los caminos verdes y eso que quede claro, se va por los caminos rojos”, lamentó el sindicalista Sean Davids en la actividad.
Por: Joseph Poliszuk
jpoliszuk@eluniversal.com
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