Apiur señala que el proceso
afronta trabas legales
■ Paralizada negociación para comprar edificios alquilados.
■ La Vicepresidencia espera que la Asamblea defina el método para calcular el valor.
El proceso iniciado en mayo por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para ayudar a inquilinos del área metropolitana de Caracas a comprar un grupo de 100 edificios para alquiler está paralizado, reconocieron arrendatarios y propietarios de los inmuebles.
Las negociaciones se estancaron después de que 70 de los 100 dueños según la Red Metropolitana de Inquilinos presentaron los documentos exigidos por la instancia gubernamental. Los avalúos para determinar el precio aún no se realizan y los propietarios no han sido contactados otra vez.
La paralización obedece a que la Vicepresidencia está esperando a que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley para regularización y control del arrendamiento de viviendas, que fue presentado por los inquilinos en marzo e incluye un método para calcular el valor de los inmuebles.
Funcionarios de la Vicepresidencia han acudido a las reuniones de la Comisión de Administración y Servicios, que prepara el informe para su segunda discusión. Pero la instancia parlamentaria ha diferido el debate sobre la fórmula para determinar el valor.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, aseguró que la definición del precio no será el único obstáculo que habrá que vencer para completar el proceso. Señaló que 95% de los inmuebles que los inquilinos quieren adquirir no tiene documento de condominio y, por tanto, los apartamentos no pueden ser vendidos en forma individual. Deben ir al régimen de propiedad horizontal. Agregó que algunos de los edificios que están en la lista fueron expropiados por la Alcaldía Metropolitana entre 2006 y 2007, por lo que se necesitará que ésta revoque los decretos o participe en la negociación.
Forman red de propietarios:
Los propietarios que mantienen acuerdos con los inquilinos constituyeron una red para defenderse de la ley para regularización y control del arrendamiento de vivienda, informó Alfredo Padilla, coordinador del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.
“Es una iniciativa voluntaria para ayudar y asesorar a las personas que tienen alquilada la vivienda completa, una habitación o un anexo y tienen el temor de perder su inmueble”, dijo Padilla.
Alertó que la legislación pasa por alto los derechos de una gran parte del pueblo, porque muchas personas de la clase media y popular arriendan parte de sus viviendas para completar el ingreso familiar. Agregó que el discurso del Gobierno ha creado desconfianza entre los habitantes de edificios, que se niegan a abrir sus puertas a los encuestadores de la fase de verificación de datos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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