Comercios socialistas
cambian de apellido
■ La referencia ideológica desaparece de la nomenclatura oficial.
■ Los trabajadores denuncian desmejoras de las condiciones contractuales.
■ En el Comerso de Quinta Crespo solo se encuentra arroz, café, atún y aceite importado de Siria.
■ En un recorrido por la red estatal de expendios de alimentos, tiendas de ropa, cafés, caucheras y concesionarios se encuentran anaqueles vacíos y locales que no ofrecen los productos prometidos.
“Hay ahora más socialismo en los carritos de perrocalientes que en esas areperas”, asegura. El ex titular de Finanzas Rodrigo Cabezas defiende el Estado regulador y controlador, pero admite que “no hay que caer en modelos que generan pérdidas”.
En febrero de 2010 el Gobierno creó la corporación Comerso, con el objetivo de eliminar los intermediarios y abaratar los costos. Año y medio después el proyecto bandera la Arepera Socialista inaugurada por el presidente Hugo Chávez en Parque Central cambió de apellido y anuncia un “reimpulso”, mientras mantiene las puertas cerradas.
” ¿Ya quebró?”, espetó Antonio Gómez, un jubilado de 68 años de edad, cuando el jueves pasado se acercó a la arepera socialista de Parque Central, en el centro de Caracas, y la encontró cerrada. Comía allí con frecuencia y el cierre lo tomó por sorpresa. “Comprar en otro lado es muy caro; juraba que iba a resolver aquí el desayuno. Yo siempre hacía cola, tenían buenas ventas”, dijo. “Esta arepera funcionará hasta el 15 de julio. Entrará en reimpulso”, advertía una hoja pegada en la santamaría del local que en diciembre de 2009 inauguraron el presidente Hugo Chávez y el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán.
“Estamos haciendo una remodelación para prestar mejor servicio”, se excusaba la coordinadora del lugar ante los comensales que hacían fila en la arepera móvil, un camión para despachar alimentos que instalaron a pocos metros del local cerrado.
No sólo el cierre del establecimiento llamaba la atención de los transeúntes. Su publicidad también fue modificada. Se suprimió el apellido “socialista” y ahora se llaman Areperas Venezuela. No es un simple cambio de nomenclatura, la administración de los locales también varió. En mayo pasaron del Ministerio de Comercio al de Alimentación y este último cedió a empresas privadas la gestión de algunos de estos negocios, que ahora operan como una franquicia, según empleados de la cadena de comida criolla.
Ya no hay bandejas rojas ni servilletas con la estrella socialista. Los precios también dejaron de ser tan solidarios: de los 5 bolívares que costaba en 2010, la arepa pasó a 7,5 bolívares. Este año se creó la categoría de “arepas especiales”, como las de pernil o pepitonas, que cuestan 15 bolívares. Esta semana, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, inauguró en La Guaira la arepera número 37 y proyectó que abrirán 135 más el resto del año.
Sin relleno:
Durante la gestión de Samán, Chávez desplegó su idea de que el Estado participara en el comercio minorista.
Areperas, cafés, caucheras, farmacias, concesionarios, tiendas Alba (de ropa), los Abastos Bicentenarios y pequeños comercios constituirían Comerso, Corporación de Mercados Socialistas. “En Comerso la población podrá adquirir los productos a su costo real, porque el Estado se encargará de toda la cadena productiva, desde la materia prima hasta la comercialización”, dijo el Presidente en la inauguración de la arepera de Parque Central.
En la Gaceta Oficial del 3 de febrero de 2010 apareció la resolución mediante la cual se crea la estatal que tiene como propósito eliminar la cadena de intermediarios entre productores y compradores finales para abaratar los costos. El 30 de agosto de 2010 cambió su nombre a Corporación de Comercio y Suministro Socialista (Comersso).
Año y medio después de su inauguración, el proyecto bandera se alejó de la ideología que lleva en su nombre. Los primeros en notarlo fueron los trabajadores, el 31 de mayo. Ese día fueron citados por los funcionarios del Ministerio de Comercio a una reunión en los salones del hotel Alba Caracas. Allí les comunicaron que las areperas ya no dependerían de Suministros Venezolanos Industriales C. A., Suvinca, empresa adscrita al despacho de Comercio. Pasarían al Ministerio de Alimentación. Luego del anuncio, les presentaron sus cheques de liquidación.
Poco más informaron.
Por un nuevo contrato laboral que tuvieron que firmar, los empleados de una Arepera Venezuela en el centro de Caracas se enteraron de que ahora dependen de una empresa privada. “No sé si eso fue una concesión o si somos como una franquicia.
Nos dijeron que nos iban a reconocer el tiempo trabajado y que mantendríamos los mismos beneficios. No nos dieron tiempo de reaccionar, de organizarnos para reclamar eso. Pensamos que todo seguiría igual, pero nadie nos explicó que ya no dependíamos del ministerio. Tuve que firmar un nuevo contrato por tres meses con una compañía privada. El dueño nos dijo que estamos en período de prueba, que en cualquier momento nos puede botar”, asegura un empleado.
Dice que les redujeron las vacaciones de un mes a dos semanas; ahora tendrán sólo un día libre a la semana y no dos.
Los domingos, además, cobrarán un solo salario, no como antes, que percibían el doble.
El bono vacacional se redujo y los bonos por gastos de transporte, por hijos y por útiles escolares desaparecieron de sus recibos de pago. Tampoco tienen póliza de seguro. “Ahora tengo mi salario mínimo pelado. Uno tenía su vida planificada con el sueldo y nos lo redujeron. Eso no es socialismo, eso desmoraliza”, señala el empleado.
¿Franquicia socialista?
La Distribuidora Cuvempa C. A. es la que emite ahora los cheques de los empleados y suscribió con ellos nuevos contratos laborales. La compañía, que no aparece en el Registro Nacional de Contratistas, está a cargo desde junio según empleados de los locales de la administración de las Areperas Venezuela de La Bandera, Quinta Crespo y la inaugurada por Chávez en Parque Central.
Ante el Seniat, la empresa declaró que se encarga de la “venta al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico”. Cuvempa fue creada el 14 de agosto de 2009. Los hermanos Leonardo y Luisa Urdaneta Espina la inscribieron en el Registro IV del Distrito Capital y Estado Miranda y se apuntaron como presidente y vicepresidenta, respectivamente. Declararon que su objeto es “realizar actos comerciales y todo lo relacionado en el desarrollo de la compra venta, distribución, elaboración, comercialización de todo tipo de maquinaria, materia prima, productos y subproductos para la elaboración de bienes destinados al sector agroalimentario”. En los registros del Seguro Social, Luisa Urdaneta Espina aparece como trabajadora activa de la Comandancia General del Ejército, componente militar en el que el ministro de Alimentación tiene el grado de general. La dirección que coloca la empresa es de un edificio residencial en San Antonio de los Altos y al llamar al teléfono que registraron indican que el presidente de la compañía está fuera del país.
De acuerdo con la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio de Comercio, estos establecimientos tenían 130 trabajadores directos y 650 indirectos.
Los empleados desconocen el nuevo modelo de negocio que aplica el despacho de Alimentación en esos expendios. Un grupo asegura que hay un lote de areperas que pasaron a manos privadas y otro que sigue dependiendo de la cartera de Osorio, aunque a todos les desmejoraron los sueldos.
Trabajadores de las areperas de Fuerte Tiuna, La Bandera y La Rinconada se reunieron para reclamar los beneficios laborales perdidos después de que el despacho de Alimentación los liquidó en mayo. La semana pasada le entregaron al diputado Jesús Farías, miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, una carta en la que piden su intermediación. “Nos desmejoraron el sueldo y a otros los cambiaron de su lugar de trabajo. Hay gente de la arepera de La Guaira a la que transfirieron para La Rinconada, o a otros de Fuerte Tiuna para Catia. Estamos peleando para que nos devuelvan los puestos de trabajo. En Venalcasa (Venezolana de Alimentos La Casa, dependiente del Ministerio de Alimentación) indican que las areperas pasaron a manos privadas y hay gente que firmó contratos. No se sabe cómo es, nos tienen engañados.
En La Rinconada, los trabajadores firmaron un contrato por tres meses con Venalcasa, que es un organismo público, pero pusieron personal nuevo.
Después de ese tiempo pueden botarlos”, denuncia Mayerling Guillén, asistente de servicio de la arepera de Fuerte Tiuna.
En la arepera de Pérez Bonalde, en el oeste de Caracas, el encargado luce atareado un mediodía en el que las mesas estaban llenas y la cola de clientes casi salía del local. Señala que los suministros le llegan con regularidad; en la barra se ven 15 tipos de relleno, incluidos carne, cazón y el de la reina pepiada, que son de las más pedidas. Los jugos y los lácteos son de Los Andes, la pasteurizadora expropiada por el Gobierno en 2008. Cuando se le pregunta si siguen dependiendo del Ministerio de Alimentación, duda: “Somos una arepera pública, aunque en Parque Central (en las oficinas del Ministerio de Comercio) se corren rumores de que vamos a ser privados. Pero ahorita funcionamos muy bien”, afirma el coordinador.
En Bellas Artes, las empleadas de la arepera móvil dijeron que no sabían si dependían del ministerio o de una empresa privada. “Cuando abran, van a vender las arepas a 10 bolívares porque se dieron cuenta de que estaba dando pérdidas”, revelan.
Los empleados de las areperas aseguran que sus compañeros de los Café Venezuela otra de las unidades de Comersso con sedes en el Ávila, la plaza Bolívar y El Calvario corrieron la misma suerte: sufrieron rebajas en sus salarios y no saben si fueron privatizados.
Experiencias truncadas:
De la Cauchera Socialista instalada en la zona industrial de Los Flores de Catia sólo queda el cartel con el nombre. “¿Cómo vamos a abrir si no hay cauchos? Estamos cerrados desde enero”, dice el funcionario encargado a través de una reja negra. Las llantas, que se vendían sólo a transportistas públicos, eran importadas de Uruguay. El hombre se niega a dar más información y se retira entre las decenas de carros que ahora colman ese galpón.
Unos autos tienen las piezas y puertas desmontadas y se ven mecánicos de braga azul con herramientas en mano.
Un empleado de la cristalería que se encuentra al lado afirma que desde los tiempos del ex ministro Samán, cuando la cauchera comenzó operaciones, no se ha visto más movimiento. “Antes venían autobuseros a comprar, pero todo este año han estado cerrados.
Eso se convirtió en estacionamiento y taller mecánico de los carros del ministerio”, expresa.
El proyecto original de Comersso incluía tiendas de ropa y mercados socialistas. En diciembre de 2009 se hicieron ferias de vestidos (Samán indicó que se importaría ropa de Bolivia) y de juguetes subsidiados por el Estado. Se abrieron dos tiendas Alba, en el hotel que lleva el mismo nombre y en la plaza Bolívar, en la que se ven pocos compradores un miércoles en la mañana.
Otra de las iniciativas, Comersso Auto, para la venta de carros, comenzó en diciembre de 2009 con la entrega de vehículos importados de Argentina en un acto televisado, en el que los beneficiados fueron empleados públicos. A principios de este año, cuando se reportó que habían vendido cerca de 5.900 unidades, comenzaron a importar autos Lada de Rusia. Sin embargo, aún no se ha construido el concesionario que se prometió a finales de 2009, que estaría ubicado en los sótanos de las torres de El Silencio.
La creación de las farmacias socialistas no pasó de ser un anuncio y nunca se concretó esta iniciativa a escala nacional, como se proyectó.
La expropiación de los supermercados Cada y los hipermercados Éxito alimentó la red Comersso, porque sirvió de infraestructura para los mercados Bicentenario. La expropiación le costó al Gobierno 690 millones de dólares, de los cuales se pagó una primera parte de 120 millones de dólares en septiembre de 2010 al grupo francés Casino. La convivencia de 16 sindicatos dentro de la nueva cadena ha generado problemas en la administración.
“No ha sido fácil, los empleados ahora se atienen a que son del Estado y se amparan en la ley para trabajar de forma ineficiente”, asegura un gerente que prefirió no ser identificado. Agrega que son muchas las cajas registradoras que no sirven y que las cajeras piden permisos y días libres sin justificativos. Los consumidores tienen que hacer largas colas para pagar en las tres cajas que operan mientras que cinco o seis están inutilizadas. En el Abasto Bicentenario de Parque Central, los consumidores manifiestan su descontento por el mal servicio. “Esto parece un Mercal, ahora hay que hacer hasta media hora o más de cola para pagar”, se queja una consumidora.
Entre semana, los pasillos del Centro de Economía Comunal Cipriano Castro de Quinta Crespo, creado por el Gobierno para impulsar el comercio socialista, tienen poco movimiento y muchos de los puestos están cerrados. En los anaqueles del Comersso que está en la planta baja de ese minicentro comercial sólo se encuentra arroz, café, atún y aceite de oliva importado de Siria. “No consigues leche ni carne, casi nunca hay nada”, lamenta una compradora.
Cerca de la cajera hay un cartel en el que se detallan los “precios socialistas” y los “capitalistas”: un limpiavidrios, por ejemplo, cuesta 10 bolívares en Comersso y 25 en otros establecimientos; el ahorro es de 60%, dice el afiche. Uno de los centros de compras que, según el Presidente, combatiría la inflación con mercancías importadas directamente por el Estado está desabastecido.
Afuera, en los puestos de los buhoneros cercanos al mercado, se encuentran más costosos los productos que la cadena estatal ya no ofrece.
Otra desviación del proyecto socialista.
Por: ADRIANA RIVERA
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