Circular de Iris Varela busca
presionar al Poder Judicial

■ ONG expresan preocupación por la impunidad que podría ocasionar haber prohibido el ingreso de reos.

■ El ex procurador Nelson Socorro calificó de irresponsables los anuncios hechos por la titular de Asuntos Penitenciarios.

■ La directora de Cofavic, Liliana Ortega, considera que la orden de suspender el ingreso de presos a los penales atenta contra la independencia de poderes.

La circular emitida por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios que prohíbe a los centros de reclusión y a los internados judiciales del país recibir detenidos de cualquier cuerpo policial e incluso del Poder Judicial sigue generando reacciones por las consecuencias que traerá esa decisión.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, señaló que una orden como la dictada por la ministra Iris Varela sólo puede entenderse como una medida de presión para el Poder Judicial, pues considera que se debe respetar la independencia de los poderes públicos y que esa orden deja de manos atadas a los jueces.

“Las decisiones sobre las privaciones de libertad son exclusivamente del Poder Judicial, por lo tanto es quien debe tomar medidas sobre ese tema.

El Poder Ejecutivo sólo ejecuta, pero no pude decidir sobre los demás poderes”, expresó.

Para la directora de Cofavic es importante que las autoridades comprendan que la mejor manera de abordar la crisis penitenciaria no es sobre la base de la impunidad, como podría suceder si se toman medidas como la anunciada por Varela.

“El principio fundamental dice que las personas deben ser juzgadas en libertad, pero para eso debe haber medidas de seguimiento eficientes que permitan que se haga justicia.

También es cierto que el cumplimiento del respeto a los derechos humanos no implica promover la impunidad y lo que debió haber hecho el Estado es garantizar que la mayoría de los juicios se haga en libertad, pero garantizando que la gente sea sometida a la justicia, no presionar por esta vía a los jueces”, comentó Ortega.

Descoordinación:

En su cuenta de Twitter Marino Alvarado, coordinador de Provea, advirtió sobre las consecuencias de la resolución de la ministra Varela e indicó que tal medida podría colapsar en muy poco tiempo las sedes policiales del país. Recordó lo ocurrido en mayo en la sede del Cicpc de El Rosal, donde fallecieron tres detenidos.

“La resolución de ministra Valera puede colapsar recintos policiales. ¿Coordinó con el ministro Tarek? las consecuencias pueden ser graves”, escribió Alvarado a través de la red social.

Responsabilidad del Estado. El ex procurador general de la República, Nelson Socorro, advirtió acerca de la gravedad de la resolución ministerial y de las declaraciones que ha ofrecido Iris Varela desde que fue designada ministra.

“¿Qué va a pasar con esos asesinos que matarán gente en los próximos días? Entonces los van a mandar para su casa, porque si no los va a recibir el sistema penitenciario, para dónde irán a parar. Ella lo dijo claramente: `No acepto un preso más’, así que frente a esa declaración cómo queda la seguridad del venezolano frente a los asesinos”, expresó el abogado.

Socorro aseguró que Varela no tiene idea de la relevancia de las declaraciones que ha ofrecido públicamente desde que asumió el cargo, pues ha reconocido públicamente la responsabilidad del Estado en los retardos procesales y eso podría traer consecuencias.

“A confesión de parte, relevo de pruebas. La ministra Varela reconoció que es culpa del Poder Judicial el retardo procesal que padecen 20.000 presos. Si esas personas demandan a la República, el Estado estará en la obligación de indemnizarlas, porque ya ella como representante del Ejecutivo asumió la responsabilidad”, explicó el jurista.

Barbaridad constitucional:

Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano, dijo que el principio general de juzgamiento en libertad no es para todos los delitos, sino sólo para aquellos cuya pena no exceda los tres años.

Explicó que se excluyen de la norma delitos graves como homicidio, robo o violación, y que esas excepciones están establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

“Lo que va a ocurrir es que a los que agarren ahora los van a enviar a el Cicpc o a las policías regionales, que no tienen presupuesto para alimentación, entre otros gastos”, agregó.

La diputada se preguntó: “Qué se hace si hoy detienen, por ejemplo, a los que asesinaron a los pasajeros de Expresos Los Llanos.

¿Cuál es el procedimiento si detienen a un fugado del Rodeo?”.

En todo caso, la medida tiene que venir de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y no del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. “Lo recomendable sería ordenar el cumplimiento del 250 del COPP y no declarar esa especie de amnistía que está fuera de sus funciones. La ministra no tiene competencias jurisdiccionales. Lo que está haciendo es una barbaridad constitucional”.

Por: THABATA MOLINA
tmolina@el-nacional.com
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