Sólo 1 de las 28 leyes pautadas para 2011
se presentaron por iniciativa popular

■ En siete meses el Parlamento apenas aprobó dos instrumentos, uno de los cuales llegó por mandato directo del Presidente.

La oferta electoral que presentó el PSUV el año pasado para promover a sus candidatos al Parlamento y reforzar el carácter participativo de la revolución se quedó en consigna, a juzgar por el resumen del primer período de sesiones ordinarias, que culmina el próximo 15 de agosto.

De las 28 leyes pautadas en la agenda legislativa de este año sólo el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas fue presentado por el pueblo legislador, acorde con el artículo 204 numeral 7 de la Constitución, que establece que la iniciativa legislativa corresponde a la ciudadanía en un número no menor de 0,1% de los inscritos en el Registro Electoral.

La jefa de la bancada pesuvista, Cilia Flores, sin embargo, dijo estar satisfecha con la participación de la gente en el trabajo legislativo. “El concepto de pueblo legislador implica la discusión y la redacción del proyecto, el trabajo con los diputados en las comisiones y la consulta pública. Ahí tenemos la ley de arrendamientos presentada con 400.000 firmas”.

César Rincones (AD), vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, difiere de Flores en cuanto al pleno desarrollo de esa oferta: “En las 14 consultas públicas de la ley de arrendamientos nunca se hizo una presentación del articulado para que los asistentes opinaran. Lo que se hizo fue escuchar las denuncias de la gente sobre los alquileres.

Eso no es consultar una ley. Así como se ha planteado, el legislador sigue siendo el Parlamento, no la gente”.

Aunque valoró como positiva la apertura del oficialismo para escuchar a diversos sectores, Rincones advirtió que durante la segunda discusión de la propuesta en la comisión se han hecho sensibles modificaciones al proyecto inicial. “Por ejemplo el texto traído por la iniciativa popular y respaldado con 400.000 firmas hablaba de las garantías de los depósitos, pero en la reunión de la semana pasada la comisión eliminó eso”.

Reivindicación:

Otro instrumento promocionado como de iniciativa popular es el proyecto de ley para sancionar las violaciones de derechos humanos entre 1958 y 1998. Aunque asociaciones de familiares de las víctimas trabajaron en la redacción del texto final junto con un equipo parlamentario, el mismo fue entregado a la Comisión de Política Interior, que lo presentó a la plenaria para su primera discusión.

La ex diputada y promotora del instrumento Marelis Pérez admitió que las firmas consignadas en mayo, cuyo número desconoce, fueron de respaldo al proyecto, mas no tienen y el carácter establecido en el artículo 204, por lo que la ley no entra como iniciativa popular. No obstante, resaltó que la participación de familiares y diputados produjo un instrumento cercano a las aspiraciones de los beneficiados por la disposición.

Para Pérez el instrumento no es excluyente, pese a que deja por fuera a las víctimas de las ejecuciones parapoliciales, los asesinatos de campesinos y la muerte de disidentes en manifestaciones políticas registrados desde 1998 hasta el presente.

“Es una ley especial porque en esos 40 años el Estado montó una infraestructura de persecución y violación sistemática de derechos humanos. El actual gobierno ha sido consistente en la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos”, apuntó Pérez.

Comunicación:

La tercera disposición ofrecida como iniciativa del pueblo legislador es la que regulará la actividad de los medios alternativos y comunitarios, cuyo nombre fue cambiado la semana pasada a ley de comunicación popular. El presidente de la Comisión de Medios, Darío Vivas, fijó como meta presentarla el miércoles pasado, pero ni siquiera se ha anunciado la recolección de firmas, en cambio está adelantada la redacción del articulado.

Kenia Useche, vocera de los medios comunitarios de Zulia, se mostró satisfecha con el trabajo de asesoría que el Parlamento les ha brindado y negó que el PSUV haya secuestrado el proceso. “Desde la comisión y la mesa técnica nos han apoyado, pero la sistematización de las propuestas la hicimos nosotros”, afirmó.

El diputado de la comisión, Biagio Pilieri (Convergencia) consideró que la aplicación de la idea de pueblo legislador ha sido excluyente. “El pueblo legislador no puede ser una parte del pueblo, tiene que ser la expresión de todos. En las consultas previas de este proyecto sólo han participado representantes con una clara tendencia oficialista”.

Pilieri confirmó que los diputados de la oposición no han sido llamados a participar en la redacción del papel de trabajo e indicó esperarán hasta tener el anteproyecto definitivo para solicitar una mayor apertura en la consulta.

Tranquilos y sin nervios:

Una sencilla proyección permite vaticinar que este podría ser el período menos productivo de la Asamblea Nacional en comparación con los cinco años precedentes. En siete meses los diputados sólo han aprobado la Ley Orgánica de Política Exterior y la Ley de Endeudamiento Complementario; esta última, enviada por el Ejecutivo. En 2006 se aprobaron 46 leyes, en 2007 se redujeron a 19, en 2008 fueron 16, en 2009 se sancionaron 49 y en 2010, un total de 61.

Pero a Flores esas perspectivas no le quitan el sueño.

“Vamos sin prisa pero sin pausa. La Asamblea no es solamente para hacer leyes, es para atender coyunturas nacionales e internacionales, para debatir”. En este aspecto también aparecen números rojos, pues la reducción de las sesiones de 8 por mes a 4, sumado a la mayoría de diputados (98 a 67) que tiene el PSUV, casi ha borrado del Hemiciclo el término “debate”. La estrategia oficialista ha sido la negación constante de la discusión.

La oposición ha propuesto ­sin éxito­ debatir casos como la deportación de Pérez Becerra, las denuncias de vínculos del Gobierno con las FARC, las acusaciones del narcotraficante Walid Makled contra militares y altos funcionarios, las huelgas de hambre, los bombardeos contra civiles en Libia, la educación premilitar, la actuación de la GN en la crisis del Rodeo, el problema eléctrico y el acceso de los medios de comunicación al Hemiciclo.

“El caso de Makled ­respondió Flores­ es un caso judicial. Ese es un delincuente imputado por delitos de narcotráfico; no hay nada que discutir. En la crisis carcelaria hicimos nuestro trabajo y dejamos trabajar a las autoridades competentes. No era un tema para debatir, pues estaba en juego la vida de personas”.

Mientras todo lo anterior ocurre ­o mejor dicho no ocurre­ en el Capitolio, desde Miraflores (y también desde La Habana) el Presidente sanciona decretos-ley.

Ya van diez: Reglamento de la Ley de Alimentación, Instituciones del Sector Bancario, Comisión Central de Planificación, Emergencia para Terrenos y Vivienda, Atención al Sector Agrícola, Refugios, Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos, Contra el Desalojo Arbitrario de Vivienda, Precios Exorbitantes del Petróleo y, la más reciente, la Ley de Costos y Precios Justos.

Flores, quien presidió el Parlamento entre 2006 y 2010, parece estar tranquila y sin nervios: “La Ley Habilitante no ha interferido en el trabajo de la Asamblea. Nosotros tenemos nuestro trabajo y el Presidente tiene el suyo, y los decretos-ley que ha dictado son bien importantes para el país”.

Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
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