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Wednesday, November 20, 2024
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CNE: El voto que no se publica

En las presidenciales de 2006, el sufragio opositor superó cómodamente el del oficialismo. Desde ese año, el CNE no divulga el resultado de los comicios en el extranjero.

Exigen que se abran más centros de
inscripción para comicios de 2012

 

■ Votantes en el exterior denuncian discriminación.

■ En Miami, donde hay 16.037 inscritos, sólo existe un centro de votación, que además abarca los estados de Carolina del Norte y del Sur y Georgia. En Cuba ­donde están inscritos 663­ hay 4 centros.

■ Aunque la Constitución establece que para votar sólo es necesario presentar la cédula de identidad laminada, los venezolanos que viven fuera del país aseguran que cada consulado aplica normas diferentes.

El Consejo Nacional Electoral no divulga el resultado de las votaciones en el extranjero desde 2006. Los venezolanos que tratan de inscribirse en el registro electoral se encuentran con desinformación y contradicciones en las oficinas consulares. Grupos organizados se preparan para las elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente del año que viene. 

“Personas manejan hasta 24 horas y cuando llegan les dicen que no pueden votar sin el pasaporte o porque tienen la cédula vencida”, señala Graciela Suárez, que coordina una red de votantes en San Francisco.

” Mi experiencia se resume así: al Consejo Nacional Electoral no le interesan los votos del exterior”. Rosalba Guerra vive en Denver, Estados Unidos, y en 11 palabras abrevia la creencia de muchos de los venezolanos que han emigrado y que desde 2006 no aparecen en los resultados de las elecciones publicadas por el CNE en su página web.

Además de esta condición de invisibilidad ­que se replicó en el referéndum de 2007, la enmienda de 2009 y las parlamentarias de 2010­ los venezolanos que deben inscribirse en el registro electoral y ejercer el voto en las sedes consulares tienen otros problemas: información escasa y contradictoria, interpretación de la norma según inspiración libre de cada cónsul, dificultad de traslado para realizar los trámites en las zonas con más inmigrantes y el temor de las personas a decir su ubicación exacta por miedo a ser perseguidas.

Desde Denver, Guerra pagó un boleto de avión para San Francisco, donde está el Consulado de Venezuela que corresponde a su estado. Pudo haber manejado, pero habrían sido 20 horas al volante.

Hizo el trayecto para votar y para trabajar como testigo el 26 de septiembre de 2010, en el proceso en que podía elegir a los diputados al Parlamento Latinoamericano.

Es una diligencia en ocasiones enrevesada para un universo de 57.010 inscritos en el exterior, según el corte de 2010 del registro electoral. La última noticia que se tuvo sobre el comportamiento de esta población es que sufragaron 34.216 personas, hubo 40% de abstención y Manuel Rosales le ganó a Hugo Chávez con 75,37% de los votos.

Las organizaciones ciudadanas y políticas en el exterior tejen redes para ejercer presión institucional y hacer crecer el registro hasta medio millón de personas que, según cálculos independientes, cuentan con los requisitos para inscribirse.

En una elección con final ajustado, como podrían ser las presidenciales de 2012, en el voto extranjero hay un potencial apetecible.

“Conocí a varias personas que, como yo, pagaron su pasaje desde Los Ángeles, Seattle o Portland para ir a votar. Nosotros hicimos nuestra parte.

Yo pregunto: ¿cómo sabemos que nuestros votos se suman correctamente? Cuando no se publica esta información el CNE viola el artículo 125 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Los venezolanos en el exterior hemos enviado varias cartas a todos los rectores y jamás hemos recibido respuesta”, dice Guerra.

Una de las cartas que menciona, con fecha 21 de noviembre de 2010, alerta sobre una de las consecuencias que genera la omisión del CNE: “Desafortunadamente, este hecho desmotiva la participación de los venezolanos en el exterior en los procesos electorales y no apoya el papel que deben cumplir los consulados venezolanos en el extranjero”.

Vicente Díaz, rector principal, aseguró en un encuentro al que asistió El Nacional que a pesar de que el voto en el exterior no se publica, sí se contabiliza. La organización Súmate contabilizó, gracias a las actas que enviaron algunos testigos, el voto en 25 consulados en las parlamentarias de 2010. El resultado del Parlatino fue de 81,66% de los votos para los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática. Donde haya testigos de mesa, habrá resultados que defender.

“Se habla de más de 200.000 venezolanos legales en Estados Unidos; eso es mucho más de lo que hay en algunos estados, como Amazonas, que tiene como 90.000. Es un número importante. Hay que hacer mucha campaña para animarlos a inscribirse”, dice Félix Arroyo, coordinador electoral de Acción Democrática.

Hace un mes, Tibisay Lucena dijo que fuera del país hay 60.000 electores y que sólo vota un promedio de 10.000. “Tenemos registro en todos los consulados, pero se intensificará la campaña de información”, aseguró.

Graciela Suárez es miembro del grupo Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior y coordina una red en San Francisco. “Me he cansado de revisar la página web del CNE y me da pena decirles `no nos publicaron otra vez’ y después instarlos a votar. El principal problema es que los venezolanos en el exterior se quieren movilizar cada vez menos porque sienten que sus votos no son tomados en cuenta”. La abstención también es un estado emocional.

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Centros rebasados:

En una road movie ­ese género cinematográfico en el que los protagonistas recorren largos trayectos en accidentadas tramas­ termina convirtiéndose el acto de sufragar. Se complica en Estados Unidos, donde los consulados habilitados para votar no son suficientes.

De acuerdo con el último censo de ese país, el número de venezolanos que habitan allí aumentó en la última década 135%: de 91.507 registrados en 2000 a 215.000 en 2010.

Según el CNE sólo están registradas 25.903 personas.

En Miami están inscritos 16.037 venezolanos. La jurisdicción de ese Consulado General abarca los estados de Carolina del Norte y del Sur, Georgia y Florida. Sólo hay un centro de votación: la sede consular en la Torre Norte del lujoso complejo 1101 de Brickell Avenue. En 2006, Chávez obtuvo allí 2,23% de los votos y Manuel Rosales 97,61%.

En el registro electoral de Cuba, por ejemplo, están inscritos 663 venezolanos. A pesar de que esta población ha ido disminuyendo ­hace 5 años sumaban más de 3.000 personas, según datos del CNE ­ recientemente el Gobierno venezolano aumentó el número de consulados y, además del de Ciudad de La Habana, creó 3 más: en la provincia de Matanzas, en Camagüey y en Isla de la Juventud. En Cuba, Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales de 2006 con 100% de los votos.

La relación entre los votos favorables al chavismo y las facilidades para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio parecen ser directamente proporcionales.

El diputado del Parlatino José Ramón Sánchez, de Primero Justicia, lleva el pulso de esta población. Indica que un aspecto crítico de los servicios consulares es que hay el mismo número desde hace muchos años, antes de que Venezuela se convirtiera en un exportador de viajeros sin boleto de vuelta. “El servicio no se ha adecuado para atender a esta diáspora de los últimos años. Reciben una atención de mala calidad y con sesgo político. El voto en el exterior es muy importante, pero si sólo los convocamos cuando hay elecciones estamos haciéndolo mal, porque lo que hay que pedir a la Cancillería y al CNE es que a los venezolanos en el exterior se les respeten sus derechos, sin discriminación.

Ellos merecen ser reconectados con su país”.

“He recibido denuncias de personas que manejan 24 horas y cuando llegan al Consulado les dicen que no pueden votar sin el pasaporte, o les impiden ejercer su derecho porque tienen la cédula vencida. Los que desconocen las leyes son engañados”, indica Suárez.

La Mesa de Unidad Democrática del circuito electoral de Miami envió a la nueva cónsul, Livia Acosta Noguera, una carta fechada el 30 de junio de 2011 ­que tiene firma de recibida ese mismo día­ en la que piden garantías de participación política para las elecciones presidenciales de 2012, apelando al derecho inalienable del sufragio, consagrado en el artículo 63 de la Constitución de la República.

Basados en los artículos 28 y 32 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el principio de igualdad del artículo 21 de la carta magna, solicitan la apertura de centros de inscripción, actualización y votación, adicionales al del Consulado de Miami.

Desde Raleigh, capital de Carolina del Norte, hasta Miami hay más de 1.200 kilómetros de distancia; desde Atlanta, capital de Georgia, hay 1.062 kilómetros. Esto equivale a tener que movilizarse el doble de distancia entre Caracas y Mérida para ejercer cualquier derecho ciudadano, con el precio del litro de gasolina casi 50 veces más caro que en Venezuela. La diligencia luce hostil.

Cédula y green card:

En 2009, con la aprobación de la Ley de Procesos Electorales, se añadió un atasco adicional al voto extranjero. El artículo 124 dice que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Este es un debate de interpretación legal que está vigente, sobre todo porque en cada Consulado se lee de diferente manera.

En la página web del Consulado de Barcelona, España, se señala que los requisitos para registrarse son cédula venezolana laminada (no importa que esté vencida), haber cumplido 18 años de edad y pasaporte. Para votar sólo deben estar inscritos en el registro electoral con la dirección actual y aparecer en las listas que envía el CNE, poseer la cédula y no estar sujeto a interdicción civil ni a condena penal.

Nada dicen de exigir algún documento que “denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Pero en la Embajada de Venezuela en Madrid sí exigen un certificado de empadronamiento, así como original y copia del documento de identidad local. Lo mismo pasa en Francia, Alemania y Noruega.

En China, en cambio, se conforman con que el interesado haya cumplido 18 años de edad y tenga la cédula laminada, vigente o no.

Desde España, Francisco Yrausquín, coordinador de Primero Justicia en ese país, ratifica que cada consulado exige papeles distintos. “Puede ser que mañana homogeneicen los requisitos, pero así es la situación al día de hoy”.

“He estado en los procesos de votación de ecuatorianos y peruanos que han ejercido su derecho en Venezuela y sólo les piden su documento de identidad nacional. Éste es el único gobierno que le exige la demostración de legalidad de residencia a sus electores. Esa es una forma de discriminación, para desmotivar el voto”, afirma el diputado Sánchez.

En algunos casos todavía hay algún margen de acción.

Gonzalo Aguerrevere estuvo presente en la reunión con la cónsul de Miami y aporta unos datos: “Se identificaron fórmulas para solucionar esto, porque como los funcionarios son venezolanos, no estadounidenses, no están habilitados para requerir documentos de este país. Una fe de vida debería ser un documento legal suficiente que muestra el sitio donde reside esa persona. Esa es sólo una solución posible, que hasta los momentos no se ha implementado. De acuerdo con la Constitución todo venezolano mayor de 18 años de edad tiene derecho de votar con sólo mostrar la cédula vigente o no y estar inscrito en el registro electoral”. El asunto es particularmente sensible en Estados Unidos, destino más común para los venezolanos, donde sólo 3 de cada 10 tiene ciudadanía, según el Centro Hispano Pew.

Para la elección presidencial anterior, el CNE dictó la resolución 061011-875, con las normas para el voto en el exterior, que establecía que para votar sólo había que presentar la cédula laminada, aunque estuviera vencida, y aparecer registrado. Nada más.

Unos sí, otros no:

El viernes 15 de julio debieron abrirse 1.300 puntos de inscripción en el registro electoral en Venezuela y en todos los consulados. En algunos ocurrió, en otros no.

Unas llamadas al Consulado de Buenos Aires, antes del 15 de julio, dejaron en claro que ese día no abrirían las inscripciones. Esta semana dijeron que comenzarían en unos días: todavía no tenían el equipo.

“Que yo sepa, en Italia y en Francia no se abrieron las inscripciones”, informa Blanca Briceño, residente en Milán. En Australia ocurre un caso particular: el Consulado queda en Camberra, aunque la mayoría de los venezolanos vive en Sidney. En un foro en Facebook informan que harán un operativo móvil de inscripción en esta ciudad, pero el 27 de junio la oficina consular sólo tenía material para 30 personas.

Estaban esperando apoyo de la Cancillería.

La organización Voto Joven inició una campaña de motivación. Oriana Hernández señala el efecto: “Ha habido bastante receptividad para inscribirse, pero sí hemos recibido denuncias. Primero, los consulados que estaban atendiendo el registro como un servicio consular más, siguieron funcionando, pero otros como Costa Rica, Francia y Panamá, en los que el registro no está abierto normalmente, no arrancaron el 15 de julio. Sobre los recaudos también recibimos quejas, sobre todo porque varían mucho entre un país y otro; esa interpretación a conveniencia genera desconfianza”.

Existen algunas posibles soluciones: Graciela Suárez propuso hacer consulados móviles y la organización Voto Donde Sea de Miami logró que el Consulado fijara una jornada especial el 10 de septiembre. Hernández, de Voto Joven, apuesta por una cifra: “Nuestra meta es llegar a 400.000 inscritos”.

#EpaMaduro:

A partir de mañana y hasta el 8 de agosto se realizará una protesta en la red social Twitter bajo la etiqueta #EpaMaduro, para llamar la atención sobre las dificultades que tienen los venezolanos en el extranjero para inscribirse en el Registro Electoral a través de los consulados. VenMundo, Súmate, los partidos políticos que integran la Mesa de Unidad Democrática y otras organizaciones ciudadanas participarán de la actividad, en la que se publicarán los mensajes que envían desde el exterior denunciando la poca colaboración de los servicios consulares, dependientes de la Cancillería venezolana.

Rodrigo Diamanti de Un mundo sin mordaza señala que han hallado irregularidades en 30 países. “Sólo a través de una campaña de presión internacional mejorará la situación, por lo que estamos comenzando a planificar protestas internacionales. Queremos que los venezolanos en el extranjero participen en las Primarias, aunque el mecanismo para hacerlo todavía no está definido”, dijo.

El limbo de los asilados:

De los venezolanos que emigraron, los que llevan la peor parte para ejercer sus derechos ciudadanos son los perseguidos políticos.

El señor Hernández Borgo, ex cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela, expresó públicamente en ruedas de prensa, en la ciudad de Miami, que por ser el Consulado territorio venezolano, los asilados residentes en Estados Unidos, bajo su jurisdicción, considerados por él enemigos del Gobierno, deben abstenerse de pisar esa oficina”, señala una carta entregada el 30 de junio de 2011 por la Mesa de Unidad Democrática de Miami a la actual cónsul, Livia Acosta.

Después del golpe de Estado y el paro general de los años 2002 y 2003, la figura del asilado político es solicitada con más frecuencia por aquellos que se consideran perseguidos. En un número cada vez mayor, los Estados de acogida les conceden ­en ejercicio de una facultad jurídica soberana­ este derecho.

En marzo del año pasado, el entonces cónsul en Miami, Antonio Hernández Borgo ­destituido meses después en medio de un escándalo de supuesta venta de pasaportes­ hizo unas declaraciones en una rueda de prensa que abrieron el debate. “Los consulados y embajadas son territorio de Venezuela de acuerdo con la Convención de Viena, por lo tanto, los asilados que sean prófugos de la justicia no pueden ser aceptados ni pueden procesar documentos”.

El ex funcionario se refería a aquellas personas que tienen órdenes de captura. Sin embargo, las dudas que nacen de las varias interpretaciones se instalaron en los votantes, sobre todo de Estados Unidos.

La carta de la MUD hace referencia a leyes, tratados, convenciones y pactos suscritos por Venezuela en los que se determina que el cónsul debe proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que lo envía y de sus nacionales, con el propósito de garantizar sus derechos humanos. En su artículo 64, la Constitución dice que “son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. Se entiende que si sobre la persona no pesa una condena, mediante sentencia definitivamente firme, conserva sus derechos políticos.

El de Juan Fernández, ex gerente de Pdvsa que tiene una acusación formal por parte de la Fiscalía de Venezuela, es un caso emblemático. Vive en Miami, sin documentos y sin poder renovarlos. “El Consulado es una oficina de servicios, responde a la Cancillería venezolana, que es del Ejecutivo, y por otro está el CNE. ¿A quién obedece el cónsul? Creo que hay un conflicto de intereses. A los asilados prácticamente no se les considera ciudadanos”, dice Fernández.


Por: LAURA HELENA CASTILLO
LCASTILLO@EL-NACIONAL.COM
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