Los “precios justos” serán los que los
fiscales del Gobierno quieran fijar
La Ley de Costos y Precios Justos dictada por el Presidente de la República, en uso y abuso de la Ley Habilitante, no es otra cosa distinta a una condena a muerte a la economía privada en Venezuela, sea cual fuere su condición, tamaño o especialidad, sea industrial, agrícola, comercial o doméstica. No quedan ahí los fines y propósitos ocultos de la ley. No hay actividad de la clase o sector que sea, que la ley no pretenda afectar, regular, controlar.
Esa Ley de Costos y Precios Justos es un instrumento jurídico importado de Cuba, y probablemente haya sido redactada por los cubanos, expertos en policía y vigilancia de la sociedad. No es una ley económica. Aquí está el error en que la gente incurre por falta de información y de análisis del texto. Se trata, en una palabra, de una ley específica y exclusivamente policial, destinada al control de las actividades que lleva a cabo cada venezolano o venezolana.
La Ley de Costos y Precios Justos está dirigida a vigilar las actividades de quienes se ganan la vida en oficios cotidianos. Si usted tiene un pequeño negocio, una barbería, una venta de chicha, una sastrería, un taller mecánico, un modesto restaurante, una carpintería, allá irán los fiscales a investigar cuánto cuesta el jabón del barbero, cuánto cuesta el papelón de la chicha, etc. Los fiscales pondrán, entonces, lo que ellos ordenan que sean los “precios justos”.
La Ley de Costos y Precios Justos afectará a todo el mundo. Pero las grandes industrias ya están sometidas a rigurosos controles. Los precios están regulados, los insumos regulados, los costos y precios regulados. Ahora no se trata de los grandes. Con la Ley de Costos y Precios Justos el Gobierno se propone inspeccionar las más modestas actividades. Al controlar las actividades económicas, los fiscales investigarán los bancos con los cuales la gente tiene relación, sus cuentas y sus clientes, cada paso dé, qué hace, en qué trabaja, qué piensa, cuánto gana, cuánto gasta, en una palabra, la Ley de Costos y Precios Justos es la máscara de una red de control policial de todos los venezolanos, sean cuales fueren sus creencias políticas.
Los “precios justos” serán los que los fiscales del Gobierno quieran fijar. Si ahora están controlados los precios de los alimentos, con la ley policial estará regulado absolutamente todo. La regulación de alimentos ya arruinó a la agricultura, por eso más de 70% de lo que consume el pueblo venezolano viene del exterior. Las industrias confiscadas están en quiebra. Lo que el Gobierno toca, se acaba. Con los llamados “precios justos” todo el mundo será arruinado y el Ejecutivo tendrá que convertirse en una “casa de importación”.
Según algunos estudios sobre la ley, la conclusión es que “no funcionará”. Es una apreciación lógica. Pero eso, exactamente, es lo que el Gobierno busca, que nada funcione y que todo el mundo dependa del Gobierno. Que el fracaso sea general. Igual que en Cuba. Tendremos una sociedad asfixiada como la cubana, a menos de que despertemos y defendamos lo que son nuestros derechos a una vida digna, a un trabajo independiente, como lo garantiza la Constitución.
No permitamos que Venezuela se cubanice. Que nunca lleguemos a la ridiculez del comunismo subsidiado por el capitalismo. Ahora, en Cuba están creando unos extraños enclaves capitalistas para que los grandes millonarios del mundo vayan a la isla a divertirse y a dejar dólares. De esa manera, el comunismo reconoce su fracaso y su condición parasitaria. En suma, el comunismo necesita del capitalismo para alimentarse y prolongar su agonía.
Hacia allá, hacia esa sociedad pordiosera, nos quiere llevar la revolución bolivariana con la Ley de Costos y Precios Justos. No es una ley económica porque creará mayor escasez y más alta inflación. Es una ley policial destinada al control de la gente. Una ley, en fin, que ha comenzado a hacer todo el mal posible porque a nadie se le ocurre invertir un centavo sabiendas de que fiscales ajenos al proceso económico dispondrán de su trabajo y de su esfuerzo.
El Gobierno de la revolución bolivariana está importando de Cuba lo que allá fracasó después de medio siglo de comunismo. Ni los abundantes envíos de petróleo venezolano les han sido suficientes. Por eso nos quieren controlar y por eso manejan hasta nuestras cedulas de identidad. Una vergüenza nacional. Los venezolanos nunca habíamos atravesado una experiencia de tanto oprobio como esta, sometidos a un país extranjero.
Una sola consigna nos debe unir a los venezolanos de todas las regiones:
¡Todos contra el comunismo!
¡Por la vigencia del Estado de Derecho!
¡Por la libertad y los derechos humanos!
Caracas, 31 de julio 2011
Movimiento 2D • democracia y libertad
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