ONG no descarta
culpa del Estado

■ Familiares de la víctima piden que se investigue lo ocurrido.

■ José Navas vivía en el barrio Las Brisas cercano al Rodeo y murió por un proyectil de AK-103.

Fueron 31 días de zozobra e incomodidades para los habitantes del sector El Rodeo, en Guatire. Para ellos, tener 2 centros penitenciarios en la vecindad jamás había sido un gran problema, hasta que los conflictos salieron del perímetro del complejo carcelario y acabaron con la cotidianidad de todos.

El martes 12 de julio a las 8:45 pm, un día antes de que culminara la toma militar que comenzó el 17 de junio en la madrugada, José Margarito Navas, de 58 años de edad y vecino del barrio Las Brisas, recibió un tiro en la cabeza, cuatro días después murió.

Los familiares aseguran que el proyectil salió del lugar donde se enfrentaban presos con militares, la misma noche en que ocurrió la supuesta fuga del pran “Oriente”.

“Su solución pacífica fue nuestra desgracia. No valieron todas las veces que nos lanzamos al piso para protegernos; le dieron un tiro a mi tío que estaba en su casa, tranquilo”, lamentó Ana Álvarez, sobrina de la única víctima extramuros del conflicto penitenciario.

Mañana se cumple una semana de la muerte de Navas y la única respuesta que han recibido sus familiares del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es la promesa de que el caso será investigado.

El proyectil que mató a la víctima fue entregado a las autoridades y, según los parientes, se trató de una bala de fusil AK103 ­utilizado por la FAN­ que le entró por el lado izquierdo de la cabeza, salió por la parte de arriba, atravesó una ventana de madera y finalmente cayó sobre una cama.

“Nosotros no queríamos ni queremos dinero. Lo único que pedíamos era que nos ayudaran con una buena atención médica. El hospital Domingo Luciani de El Llanito estaba colapsado y allí los médicos lo único que nos dijeron fue que debíamos esperar. Tal vez si nos hubiesen permitido trasladarlo para el Hospital Militar se hubiera podido hacer algo”, indicó Álvarez.

Obligación del Estado:

Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el Estado debe responder tanto por la muerte de Navas como por todo lo que ocurrió en el conflicto de Rodeo I y II, pues es ellos tienen el monopolio absoluto de la tenencia y manejo de armas.

“Siempre hubo la posibilidad y el riesgo de que personas que estaban cerca resultaran afectadas por un enfrentamiento entre reclusos y la Guardia Nacional, sobre todo si se tiene en cuenta el alcance de las armas que tenían ambos bandos”, dijo Alvarado.

Efectivamente, las víctimas pudieron ser más, pues en varias viviendas del barrio Las Brisas de El Rodeo quedaron las marcas dejadas por los proyectiles que impactaron en paredes, puertas, rejas y ventanas.

La señora Lucila Bandes fue otra de las vecinas que pasó un susto durante uno de los tantos tiroteos que hubo entre los reos y la GN. “Fui a cerrar la puerta principal y sentí como si me hubieran quemado la pierna. Cuando revisé, estaba la marca; tenía un morado y la bala cayó aún caliente en el piso. Me dio mucho nervio porque me pegó justo donde tengo la prótesis de cadera”, expresó, al tiempo que mostraba el proyectil que la rozó.

Alvarado cree que la iniciativa de resguardar el perímetro del penal pudo haber sido efectiva si las viviendas hubiesen estado más lejos. “Se trató de resguardar el área, pero era imposible evitar que ocurriera una desgracia de ese tipo. Hasta que no haya investigación, todo apunta a que fue una bala disparada desde el penal, pero será con la balística que se conozca el tipo de arma que se usó y desde dónde dispararon. Esperemos que se pueda determinar en manos de quién estaba el arma y ver si aparece”, agregó.

Investigación:

Los familiares de Navas esperan que se establezcan responsabilidades por su muerte, pues consideran que con la bala se podrá determinar quién disparó. “Está la bala, con la marca dejada por el fusil, y si es de la guardia, ellos deben saber en manos de quién estaba, pero cuando se la mostramos a un capitán de apellido Moro, se hizo el loco y dijo que no sabía qué calibre era”, relató Álvarez.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, señaló que antes de responsabilizar al Estado por las víctimas del conflicto en Rodeo I y II, es imprescindible que el Ministerio Público haga una investigación exhaustiva de todos los hechos que apunten a que situaciones como la vivida no se repitan en ningún penal venezolano.

“Debe haber una línea de investigación independiente y desprejuiciada en la que no deben participar los organismos presuntamente implicados. La tecnología da enormes posibilidades para hacer planimetría, pero que se haga con voluntad de resolver las incógnitas, y, finalmente, es importante que no se repita el patrón de la falta de información, como ocurrió con la masacre del Retén de Catia, en 1992”, expresó Ortega.

Ortega confía en que todos estos pasos servirán para que se determine si hay o no responsabilidad del Estado en la muerte de Navas y en todos los hechos ocurridos en el complejo penitenciario Rodeo I y II.

Vecinos afectados por una cárcel:

Los vecinos del barrio Las Brisas, aunque solidarios con los familiares de los reclusos que durante un mes estuvieron en los alrededores del complejo penitenciario Rodeo I y II, piden que se considere la posibilidad de sacar el centro de reclusión del área.

“Pasaron muchos años antes de que ocurriera un hecho de violencia en que se vieran implicados los presos. Pero ya vimos que sí puede pasar, y lo que le pedimos a las autoridades es que saquen esas cárceles de ahí, porque aquí vive mucha gente, niños que van a crecer viendo todas esas cosas malas”, expresó Magali de Flores.

En la casa donde fue herido Navas, una de sus habitantes guarda en una bolsita plástica por lo menos 10 proyectiles de los que impactaron en la vivienda en el último mes.

La reja principal, la puerta, las paredes del segundo piso y una ventana tienen las marcas dejadas por las balas.

“Dos semanas antes de que mataran a mi tío, estaba acostado en su cama y cerca de la parte donde tenía los pies pegó otra bala”, contó la sobrina de Navas, mientras mostraba el agujero que dejó en la pared de la habitación.

Los familiares indicaron que durante el tiempo que duró el conflicto en la cárcel, el simple hecho de salir a hacer sus actividades cotidianas se tornó imposible.

“Suspendieron las clases, los muchachos no podían ir a la escuela y nadie podía salir de su casa. Para agarrar los autobuses, había que caminar por donde la guardia decía, hasta Las Rosas; el camión del aseo no venía, y, de paso, cada vez que se armaba un tiroteo había que salir corriendo a esconderse. Ya no queremos vivir así”, dijo Lucila Bandes.

Por: THABATA MOLINA
tmolina@el-nacional.com
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