Gobierno maniobra para evitar voto de
un millón de venezolanos en el exterior
■ “Estamos denunciando por inconstitucional el artículo 124 de la ley Orgánica de Procesos Electorales dijo Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Miami.
Venezolanos en EE.UU. calificaron hoy de “inconstitucional” una ley que exige a los electores en el exterior tener estatus migratorio legal en los países donde residen para votar en los comicios presidenciales de 2012.
“Estamos denunciando por inconstitucional el artículo 124 de la ley Orgánica de Procesos Electorales. Es una maniobra del Gobierno para evitar que casi un millón de venezolanos en el exterior se inscriban para votar”, dijo a Efe Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Miami.
De mantenerse, ésta sería la segunda vez que el Gobierno de Hugo Chávez impone ese requisito a los venezolanos en el exterior desde que se celebró el referendo revocatorio a su mandato en agosto de 2004, cuando las autoridades electorales aprobaron una normativa similar de último momento.
Según la citada ley, los votantes también deberán presentar original y copia del pasaporte vigente, además de la cédula de identidad, que era el único documento exigido desde 1998 cuando los venezolanos comenzaron a votar en el exterior.
Se calcula que hay 980.000 venezolanos en el exterior, de los que 220.000 residen en Estados Unidos, según cifras de la MUD.
Sin embargo, sólo 57.010 venezolanos están inscritos para votar en el exterior y de ellos 25.903 en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Mena explicó que los congresistas venezolanos reformaron la ley en 2009 antes de las lecciones legislativas y aprobaron el artículo que indica que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.
Las autoridades consulares en Miami, donde está el centro electoral con mayor número de votantes registrados tanto en Venezuela como en el exterior con 16.006 electores, no solicitaron ese requisito ni el pasaporte en los comicios de septiembre de 2010.
Gisela Parra, coordinadora de asuntos jurídicos de la MUD de Miami, aseguró hoy a Efe que la ley “viola el derecho constitucional al sufragio” al exigir otros requisitos que no están establecidos en la Carta Magna.
Afirmó que el CNE, “extralimitándose en sus funciones al restringir el ejercicio de nuestros derechos”, ha dado instrucciones a los Consulados para que exijan prueba de residencia o permanencia, además de la cédula de identidad y el pasaporte vigente.
En el caso de EE.UU, precisó, al solicitar las autoridades consulares la tarjeta de residente expedida por el Gobierno están “usurpando funciones propias de las oficinas de Inmigración”.
“A esto se suma que la expedición de pasaportes en el Consulado tiene un retraso considerable, y por otra parte no está autorizado a otorgar cédulas de identidad”, resaltó la representante del partido Un Nuevo Tiempo en la MUD.
Consideró que estos “graves problemas impedirán que la mayoría de los venezolanos residentes en el exterior podamos efectuar nuestro derecho al voto en las próximas elecciones”.
A pesar de la “inconstitucionalidad”, el secretario general de la MUD en Miami exhortó a sus compatriotas que reúnen los requisitos exigidos a inscribirse en el registro electoral permanente “para evitar favorecer al Gobierno en las elecciones”.
“Si nos inscribimos en el exterior, al menos medio millón de votos podrían ser decisivos en los comicios presidenciales de 2012”, aseguró Mena.
Recomendó “no caer en el juego del Gobierno, que lo que quiere es que nadie se inscriba durante el lapso previsto. Esto no es un problema meramente jurídico, también político. La única forma de que la ley pierda su acción es a través de una solicitud de nulidad, pero mientras eso ocurre, finaliza el periodo de inscripción”.
La MUD en Venezuela está elaborando una demanda de nulidad del artículo para interponerla ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, según apuntó el activista.
Por: EFE
