No controlarán productos de
lujo, cigarrillos ni licores

■ Ejecutivo podrá bajar o subir precios de rubros estratégicos.

■ Advierten que la ley causará la ruina de la economía popular

■ Elías Jaua dijo que la ley no atacará a los privados, pero fijarán la proporcionalidad de las ganancias.

■ El Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar considera que la Ley de Costos y Precios Justos afectará más a vendedores pequeños.

■ El vicepresidente aseguró que la superintendencia establecida en la Ley de Costos y Precios Justos para fijar porcentajes de ganancias no interferirá la fiscalización propia del Seniat, pero el Indepabis será sometido a revisión.

El Gobierno fijará los márgenes de ganancia y precios máximos de venta al público de productos y servicios estratégicos, según la nueva Ley de Precios y Costos que saldrá publicada en Gaceta Oficial.

“No vamos a regular todos los productos, sólo los que son esenciales para la vida de la familia. No vamos a regular cigarrillos ni alcohol, tampoco carros lujosos, eso no nos interesa. Vamos a regular alimentos, medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación, textiles, uniformes escolares y útiles, calzado, entre otros”, informó el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua.

Explicó que se establecerá un parámetro para analizar los costos de producción y aprobar alzas y bajas de precios que pueden ser mensuales, trimestrales o anuales, de acuerdo con cada rubro. Para tal fin, convocarán a partir de la próxima semana a los sectores privados relacionados con la producción, distribución, importación y comercialización de productos y bienes, para analizar las estructuras de costos.

Transcendió que algunos rubros que estaban listos para ser aumentados de precios, como el pollo y los lácteos, podrían esperar a que el nuevo sistema esté totalmente constituido.

“Probablemente queden para después estos incrementos”, dijo el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Jaua afirmó que el Gobierno no permitirá que las empresas y gremios como Fedecámaras impongan sus precios y ganancias. Negó que estén aplicando una economía de guerra o atacando al sector privado.

“Esta ley no está destinada a quebrar, a expropiar o a que las empresas produzcan sin tener ganancias o por debajo de la estructura de costos, sino a garantizar una transparencia en la que el pueblo sepa cuánto les cuesta a ustedes producir, importar; cuál es el margen de ganancia y el precio al que se venden los productos”.

Otro registro:

El vicepresidente destacó que la Superintendencia de Costos y Precios no interferirá en la fiscalización que cumple el Seniat y el Indepabis, pero aclaró que este último organismo será sometido a revisión.

“La superintendencia tendrá el objetivo de fijar los costos y precios y controlar las empresas cuyas ganancias son más que proporcional a sus respectivas estructuras de costos”, expresó.

En un reglamento se fijarán los parámetros de las ganancias.

Dijo que se apoyarán en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en las comunas.

Jaua anunció la creación de un registro nacional en el que las personas jurídicas tendrán que presentar el acta constitutiva de la empresa, la copia de la cédula del representante legal y la planilla dada por el organismo.

Indicó que se nutrirán de la información que manejan, por ejemplo, los ministerios de Alimentación, con el sistema de guías, y de Agricultura. Informó, además, que las empresas están obligadas a dar toda la información requerida por la superintendencia, incluyendo la revisión de los libros de contabilidad.

Sanciones:

Elías Jaua refirió que el artículo 56 de la Ley de Costos y Precios establece las sanciones por el incumplimiento. Recordó que la penalización va desde amonestaciones escritas hasta multas de entre 15 y 30 salarios mínimos urbanos, equivalentes a 21.112,05 y 42.224,1 bolívares, respectivamente. Mientras que las faltas graves estipulan la inhabilitación temporal del ejercicio de la actividad económica de la persona implicada en el delito o la ocupación de la empresa por parte del ministerio de la competencia. Aclaró que la ley no señala la expropiación, porque este mecanismo ya está consagrado en otros instrumentos legales.

Temen más sanciones:

La Ley de Costos y Precios Justos llevará a la ruina a bodegueros, carniceros, comerciantes de mercados municipales, vendedores informales y otros representantes de la economía popular privada, advirtió Alfredo Padilla, integrante del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.

“La ley está inspirada en la idea gubernamental de que el encarecimiento del costo de la vida es culpa de la especulación. Y como los especuladores están en las cadenas de distribución, según las autoridades, presumimos que los más afectados serán los comerciantes populares”, dijo.

Indicó que al ampliar la cantidad de bienes y servicios que estarán sometidos al control de precios oficial ­la lista incluirá alimentos, calzado, medicinas, útiles escolares y vestido, entre otros­ se masificarán las medidas punitivas contra el sector privado.

Padilla señaló que, aunque la ley perjudicará a todos los que produzcan, distribuyan y vendan productos considerados estratégicos por el Gobierno, las empresas grandes podrán afrontar las sanciones mientras que los comerciantes populares no tendrán cómo hacerlo.

“En la mira de esta ley punitiva están los pequeños. Por eso, el Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar alerta sobre lo que puede ocurrir: Provocará la ruina de la economía popular privada”, agregó.

Antecedente:

La aprobación de esta ley representa otro ataque contra los comerciantes populares, pues hace unos meses se intentó prohibir ­mediante resolución­ la venta de alimentos regulados en puestos callejeros, apuntó Padilla.

“El Estado debe recordar que esa resolución, que perjudicaba especialmente a los vendedores de mercados a cielo abierto, generó una reacción tan negativa que tuvo que revocarla de manera casi inmediata”.

Señaló que cuando se acusa a un buhonero de especulador porque vende un alimento por encima del precio regulado, no se toma en cuenta que pagó un costo adicional por obtenerlo (a empleados de Mercal, por ejemplo).

Por: KATIUSKA HERNÁNDEZ
khernandez@el-nacional.com
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