Relaciónan a delincuentes
con autoridades del Psuv

BARINAS, Venezuela.- Oscar Pineda se mantiene atento al espejo retrovisor mientras se detiene en una cafetería. Entra, ve a dos policías y se apresura de nuevo hacia su auto, uno de los pocos lugares en los que se siente seguro para hablar.

Durante los últimos tres años, Pineda ha participado en una actividad controvertida en este pueblo agrícola de Venezuela: llevar registros de los delitos.

Barinas es la ciudad natal del presidente Hugo Chávez y su hermano, Adán, es el gobernador. Su padre, el ex gobernador, es un prominente hombre de negocios.

Esto ha hecho que hablar sobre el crimen -o sobre cualquiera de los problemas del estado- sea semejante a un asalto político contra el partido en el poder. Y esto ha hecho de Pineda uno de sus críticos más visibles.

Las amenazas de muerte son constantes; dos de sus tres hijos abandonaron el país, temiendo por sus vidas, y él dice que a menudo es seguido por la policía.

“Ellos siempre dicen que soy un portavoz de la oposición, pero la mayoría de las víctimas de los delitos aquí son chavistas’, dijo Pineda mientras daba un rodeo a su oficina en previsión de una emboscada. “No hay nada político en lo que hacemos, estamos en busca de la justicia”.

Los datos sobre la delincuencia son difíciles de encontrar en Barinas. El Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar cifras en el 2003. La oficina del procurador de justicia de Barinas dijo que no estaba autorizada a proporcionar datos o a hablar con los medios de comunicación internacionales. Y la policía local se ofreció a proporcionar cifras, pero nunca cumplió con la solicitud.

Sin embargo, en su austera oficina, rodeado de fotos de personas que han sido secuestradas, Pineda hojea los periódicos locales, escribiendo los nombres de las víctimas de asesinatos en un cuaderno de tapas duras. Según su cómputo, desde el 2008 ha habido 1,085 homicidios en Barinas -410 sólo el año pasado. Eso le da a este somnoliento estado agrícola de 822,000 habitantes, con sus tranquilas calles y calladas plazas, una tasa de criminalidad comparable a la de los agitados estados metropolitanos que rodean Caracas.

Venezuela tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Unas 13,894 personas fueron asesinadas el año pasado: un aumento de 73 por ciento desde el año 2000, de acuerdo con el Incosec, una organización sin fines de lucro que recopila estadísticas sobre la delincuencia.

Pero la principal razón por la que Barinas puede avergonzarse es por ser la capital del secuestro en Venezuela. En el 2009, 73 personas fueron secuestradas aquí en plena calle: más que en cualquier otro estado. El año pasado, hubo 20 secuestros, pero otras 43 personas simplemente desaparecieron, dijo Pineda. Las autoridades admiten que hay problemas, pero dicen que las cifras de Pineda son exageradas y que están siendo utilizados por la oposición para golpear a los políticos locales.

“Las personas que siempre están hablando de la delincuencia en Barinas son parte de la escuálida oligarquía. Ellos son los que no dejan a Chávez hacer su trabajo”, dijo Ligia Chalbaud, concejal de Barinas y miembro del partido gobernante, PSUV. “No se puede creer cualquier cosa que diga ese hombre, Pineda”.

El secretario general del estado de Barinas, Carlos Arturo Hernández, dijo que el crimen se ha reducido en 20 por ciento respecto al año pasado.

“Hemos reducido la delincuencia mediante el establecimiento de un comando central que coordina las fuerzas nacionales y municipales”, dijo a The Miami Herald. “Sí, hemos tenido cinco secuestros en los últimos 15 días, pero creemos que fueron realizados por la misma banda. Esperamos tener resultados pronto”.

Sin fines de lucro:

Pineda, ingeniero retirado, tiene el pelo entrecano, usa gafas rectangulares y lleva una gruesa cruz metálica bajo su camisa a cuadros. Tiene el aire nervioso de un profesor que consume demasiada cafeína, y a menudo tiene que hacer un esfuerzo por contener las lágrimas cuando habla de su trabajo.

A través de su organización sin fines de lucro, denominada Comité de Paz y Vida, desempeña un papel que en parte es de detective, y en parte es de molesto inquisidor. Ha entrevistado a decenas de familias de las víctimas, y mantiene bajo llave expedientes detallados sobre sus casos. Muchos dijeron que nunca habían sido entrevistados por la policía, y que Pineda era el único que había mostrado interés en su caso.

Pineda es también una presencia constante en la prensa local, lanzando acusaciones al gobernador, a la policía y a los poderosos sindicatos, a menudo con pocas más pruebas que los testimonios que recoge.

En el 2009, caminó 235 kilómetros de Barinas a Caracas para crear conciencia sobre los problemas de la ciudad.

Megdalia Soler es una de las personas que se han acercado a Pineda

Soler dijo que su hermano, Arnaldo Javier Vivas Soler, era miembro de la Unión de Trabajadores de la Construcción, un poderoso sindicato de Barinas que tiene estrechos vínculos con los políticos locales.

Soler dijo que el 2 de febrero del 2010 su hermano fue llamado a una reunión con dirigentes sindicales. Nunca volvió a aparecer. Ella fue a la policía con un testigo clave, uno de los mejores amigos de su hermano. Unos días más tarde, ese amigo fue asesinado a tiros en la calle antes de poder dar su declaración.

A continuación, Soler dijo que había recibido una llamada de un guardia sindical llamado Carlos Arteaga, quien afirmó que conocía el paradero de su hermano. Soler acudió a la policía con la información. Tres días más tarde, Arteaga recibió tres disparos. Sobrevivió a un atentado contra su vida y ahora está escondido en una casa de seguridad.

En una serie de declaraciones juradas hechas a Pineda, Arteaga dice que está dispuesto a declarar que los jefes de los sindicatos y la policía local han estado detrás de decenas de secuestros y asesinatos, entre ellos el del hermano de Soler. Arteaga afirma una de las formas preferidas para deshacerse de los cuerpos es dárselos a comer a un cocodrilo llamado “Pepito”. Otras víctimas han sido enterradas bajo rocas que requieren maquinaria pesada para ser removidas, dijo.

Estas explosivas acusaciones llamaron la atención de las autoridades nacionales. A principios de este mes, se envió un investigador de Caracas. Es la primera vez en cuatro años que el gobierno ha reconocido que puede haber un problema en Barinas, dijo Pineda.

Pero también ha hecho que la atmósfera se ponga tensa. La semana pasada, varios cientos de miembros del sindicato rodearon la estación de policía -donde el investigador estaba trabajando- para exigir que el caso se desestimara. También dijeron que Pineda se tenía que callar, o irse del pueblo.

Los líderes del sindicato no quisieron hablar sobre el caso.

“Hay una mafia aquí”

La estrecha relación entre los presuntos delincuentes y las autoridades locales es uno de los factores que alimentan el crimen, dijo Tarquino González, el secretario general de la asociación local de periodismo. “Hay una mafia aquí, formada por los sindicatos, los políticos y las empresas, de modo que no hay nadie a quien recurrir”, dijo. “No hay separación de poderes aquí. Eso hace que lo que Pineda está haciendo sea increíblemente peligroso”.

Ingrid Gil es la defensora pública de Barinas y también miembro del PSUV. Ella dijo que Pineda parece más interesado en hacer quedar mal al gobierno que en ayudar a sus víctimas. De los 53 casos de personas desaparecidas que está siguiendo actualmente, sólo una pequeña fracción se han presentado utilizando los canales adecuados, dijo.

“Queremos ayudar a esas familias, pero no podemos hacer nada si no han presentado la documentación, äfirmó. “La oposición cree que si atacan a Barinas están atacando a todo el programa social de Chávez”.

Pineda y varios miembros de las familia dijeron que la policía suele engavetar o perder sus archivos.

Pineda espera que el investigador de Caracas sea capaz de lograr lo que él no ha podido: llevar a la gente ante la justicia. Pero tampoco está dispuesto a renunciar. “Aquí estoy, que me maten si tienen que hacerlo”, dijo, dirigiéndose a sus invisibles perseguidores. “Después de que me maten, no hay nada más que me puedan hacer, excepto cantar el himno nacional en mi funeral”.

Por: Jim Wyss
jwyss@MiamiHerald.com