Sistemas de pensiones y
salud están pendientes

Sindicalistas y empresarios afirman que el elevado costo económico impide regresar al viejo modelo de prestaciones

“Creo que ya es hora de que nuestra Asamblea Nacional apruebe otra Ley del Trabajo, no la podemos seguir retardando”, dijo el presidente Hugo Chávez el primero de mayo de 2011. Dirigentes sindicales de varias tendencias recuerdan, sin embargo, que el mandatario ha hecho esa oferta desde hace 13 años.

La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para regresar a la retroactividad de las prestaciones sociales, entre otras cosas, fue una promesa que Chávez hizo en la campaña para las elecciones presidenciales de 1998 y es un mandato incluido en la cuarta disposición final de la Constitución de 1999.

“Dentro del primer año la Asamblea Nacional aprobará, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen de prestaciones sociales, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado”, dice la disposición.

Ni la promesa ni el mandato han sido cumplidos, a pesar de que Chávez ha tenido cuatro leyes habilitantes (1999, 2001, 2008 y 2011) que lo autorizan a legislar por decreto y una mayoría parlamentaria permanente que le permite aprobar todas las regulaciones que propone.

“La tarea pendiente del Gobierno en materia laboral es la Ley Orgánica del Trabajo, que en nuestra opinión debe ser una norma nueva y no una reforma que sólo cause efectos puntuales”, expresa Marcela Máspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores.

“La reforma de la ley es la principal deuda. Ellos han dicho que está incluida en la agenda de 2011, pero ya tienen una mora de más de 10 años”, agrega Froilán Barrios, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y el Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

“La modificación de la LOT es urgente. Mientras no haya una regulación definida, los derechos de los trabajadores siguen en veremos y el aparato productivo continúa a la deriva”, señala José Elías Torres, presidente de la Federación de Trabajadores Bancarios y directivo de la CTV.

Deuda que traba:

Aurelio Concheso, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, asegura que la deuda con los empleados públicos por concepto de prestaciones sociales es el factor que ha persuadido al Gobierno de aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Concheso indica que muchos organismos deben el bono de compensación acordado cuando se modificó el sistema en 1997, y casi todos presentan retrasos en los aportes al fideicomiso del esquema actual. “El primer pasivo sumaba 15 millardos de bolívares hasta 2009, el otro es incuantificable”.

Antonio Suárez, presidente de la Federación Única Nacional de Empleados Públicos, también cree que el principal inconveniente son los compromisos pendientes en materia de prestaciones sociales.

“Ese tema tranca el serrucho.

El costo es muy elevado”.

Los ministerios de Educación y Salud encabezan la lista de organismos que no han cancelado el bono por la reforma de 1997, recuerda Suárez.

Edgar Machado, secretario general del Sindicato Venezolano de Maestros en Caracas, lo ratifica.

Máspero considera que el problema es otro: la falta de voluntad política de la Asamblea Nacional. “Se decía que el Gobierno no estaba interesado porque el cambio es muy costoso, pero Chávez hizo un llamado el primero de mayo para que se aprobara la reforma”.

Sistema incompleto:

La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo no es la única tarea pendiente del Gobierno sobre regulaciones laborales. El sistema de seguridad social continúa incompleto porque no se aprueban unas normativas y no se aplican otras.

La Ley Marco de Seguridad Social, aprobada en diciembre de 2002, establece que el sistema de bienestar de los venezolanos está compuesto por los regímenes de empleo, pensiones, salud, seguridad laboral, servicios sociales al adulto mayor y vivienda.

Entre mayo y septiembre de 2005 se aprobaron las leyes que regularán cuatro de los regímenes, apunta Suárez, pero faltaron las más importantes: salud y pensiones. De la primera se sabe que ha estado en discusión en la Asamblea Nacional, pero de la segunda ni siquiera se conoce un proyecto.

Orlando Chirino, dirigente del Fadess, afirma que la carencia de un régimen de pensiones y de un sistema de salud público dignos son faltas graves en un país donde el Gobierno “ha destruido el salario real de los trabajadores con aumentos por decreto que no cubren la inflación acumulada”.

Los regímenes aprobados tampoco han servido para brindar seguridad social a la población. La protección a los desempleados y la atención a los adultos mayores aún presentan muchas deficiencias, según los dirigentes sindicales.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se incumple en empresas privadas y organismos públicos, denuncia Máspero. “Lo peor es que el Inpsasel no hace nada”.

Discusión con las bases:

Orlando Chirinos, dirigente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, considera que una de las deudas más importantes del Gobierno en la cuestión laboral son las convenciones colectivas sin discutir.

Antonio Suárez, presidente de la Federación Única Nacional de Empleados Públicos, señala que lo más urgente es la discusión de la convención marco, porque regula todos los organismos que no tienen contratos propios. Suárez agrega que Fentrasep y Fedeunep, con las que el Gobierno se niega a sentarse porque sus autoridades tienen los períodos vencidos, propusieron que la negociación sea con sindicatos de base que han renovado las directivas.

Hasta ahora el Ministerio del Trabajo no ha querido hacerlo, pero las federaciones insisten en la petición.

“Hacemos otro llamado al Gobierno para que convoque a los sindicatos de base e inicie la discusión del contrato”.

Froilán Barrios, dirigente del Fadess, indica que la negativa a discutir las convenciones no sólo está presente en la gestión central sino también en los gobiernos regionales. “Lo más lamentable es que algunos gobernadores y alcaldes de oposición copian el modelo del oficialismo y no discuten contratos. Sólo hacen aumentos por decreto”, dice Barrios.

Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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