Hoy pasa por uno de sus peores momentos,
acumulando irregularidades de todo tipo
■ Casi suma 11 años intervenida en los que ha sido dirigida por siete equipos distintos nombrados a dedo.
El bachiller estaba raspado. La profesora Ibonne Mejías no tenía duda de eso: Chinchilla había reprobado Cálculo II. Ella misma, como corresponde, ingresó las notas de la materia al sistema informático de la universidad utilizando su clave privada y en el acta el estudiante apenas sumaba un punto en una escala de cinco. Pero la pantalla del monitor le mostró otra cosa: su alumno aprobado con 3,20.
Hizo entonces lo que debía hacer: fue a la oficina de atención de profesores del programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil, Arse, -es decir, donde controlan el sistema- y expuso el problema. Lo que encontró fue aún más misterioso: el cambio de nota se hizo con su nombre de usuario y su clave. La denuncia la presentó el 18 de octubre de 2010, pero la irregularidad no fue corregida.
A la profesora Alicia Mejías le sucedió algo similar. Cuatro jóvenes -tres mujeres y un hombre- que habían reprobado la materia Cálculo integral, de forma inexplicable resultaron aprobados. Cabrera, Chaparro, Galíndez y Montes no llegaban ni a 1,5 puntos; pero en el Arse todos, quién sabe cómo, superaron la asignatura con más de 3 puntos.
Al caer en cuenta de la situación, el 28 de marzo pasado, la docente ingresó a la red, corrigió las notas e imprimió una copia de la planilla. Pero el 12 de abril, “revisando mi cuenta de Arse, encuentro que ya tres de los alumnos no aparecen”. ¿Desaparecidos? No. Se presume que fueron “transferidos” de manera subrepticia a la lista de algún otro profesor que no sea tan quisquilloso o que, en todo caso, participe de esto que se supone debe ser un buen negocio que está en pleno desarrollo en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Unellez.
Al día siguiente, Mejías presentó la queja por escrito a la autoridad inmediata: el vicerrector académico, Edison Pérez. Pero nadie se ha hecho cargo del asunto. ¿Estos dos son los únicos casos? ¿Hay que armar un escándalo por semejante cosa? No son los primeros, ni serán -desafortunadamente- los últimos. Pero con ellos se comienza a documentar lo que hasta entonces era práctica circunscrita al rumor y ahora adquiere rango de denuncia formal.
De hecho, el 13 de junio pasado la fiscalía de Barinas recibió un documento firmado por Alba Avilán y Zulay Acosta en representación de los docentes de la Unellez en el que se exponen estas irregularidades y exigen la activación de un proceso invocando artículos de la Ley contra la corrupción. En concreto, solicitan que se investigue a los funcionarios de la oficina de Arse y a los encargados del Centro de Tecnología y Sistemas de Informática de la universidad y se establezca si hay profesores involucrados en esta suerte de tráfico de notas.
Pero más allá del sello de “recibido”, -que se sepa- nada se ha hecho.
Recurrir a la Fiscalía regional es una más de las acciones que los profesores de la Unellez han tenido que hacer para enfrentar el actual panorama de la universidad: “Hay tantas irregularidades que no sé por dónde comenzar”, apunta Zulay Acosta, presidenta de la directiva de la seccional Barinas de la asociación de profesores de la Unellez, Apunellez: “La universidad va a cumplir 11 años intervenida y hemos tenido siete equipos rectorales elegidos a dedo, uno peor que el otro, cada uno agrava la situación académica que deja el otro”.
La “guinda de la torta”, explica, fue justamente constatar la vulneración de notas: “Teníamos profesores que sospechaban que les estaban cambiando notas, así que empezamos a revisar y logramos que la profesora Alicia Mejías hiciera la denuncia formal de sus cuatro casos, eso ha hecho que recibamos otras más”.
Una de ellas también está en los folios presentados al Ministerio Público: el profesor “contratado” Rafael Díaz, jefe del subprograma (cátedra) de Ingeniería Agroindustrial, el 6 de abril envió un oficio al docente de planta Alejandro Rojnik para que eliminara de su lista de estudiantes en Laboratorio I de Agroindustria Animal a un bachiller de apellido Vivas con el argumento de que ya había cursado la materia en otra sección. Vivas, por supuesto, estaba reprobado con 1 punto.
¿La idea era borrarlo del salón donde había raspado y hacerlo aparecer aprobado en otro? Es lo que presumen y por eso Rojnik guardó copias impresas del listado de su sección y presentó la queja ante la Apunellez. Rojnik, además, denunció por escrito que el profesor Díaz amenazó con no asignarle horas de clases sino eliminaba la nota del estudiante Vivas. Y también aclaró que desde julio del año pasado recibía presiones por el estilo.
“El profesor tiene las pruebas en las que consta la asignación de ese bachiller a su lista de alumnos”, advierte Zulay Acosta: “Sospechamos que pagó para que lo pasaran”.
Todo el catálogo:
Que se vulnere el sistema informático para alterar notas o que un superior le exija a un docente -incluso por escrito- beneficiar a un determinado alumno, lo asumen en la asociación de profesores como la expresión más acabada de la crisis de la institución. Y fijan el principio de ese declive el 13 de junio de 2001, cuando se formalizó la intervención de la Unellez.
Alba Avilán, presidenta de la Apunellez, cuenta que la universidad fue intervenida argumentando que el proceso de elección de autoridades en 2001 estuvo viciado. Fue, de hecho, declarado nulo y el primer rector designado a dedo tenía 6 meses para llamar a nuevas elecciones. Se fue y no lo hizo. “Más o menos cada dos años o cada año y medio cambia el equipo y cada uno viene con objetivos distintos”, señala Avilán: “Originalmente esto fue un problema administrativo, pero ya es un problema político. Tienen a la Unellez como bandera del oficialismo”.
“Los rectores son nombrados por el Ministerio de Educación Universitaria”, asegura su colega Acosta: “Pero con influencia del Psuv y hasta del gobernador de Barinas. Lejos de resolver un problema, la intervención nos llevó a una destrucción terrible en términos de academia, de valores e institucionalidad”.
En la Apunellez tienen un cuadro-resumen de los rectores interventores que puntualiza aspectos que suman efecto al deterioro de la universidad. Van desde reducción de 50 a 40 minutos la “hora” de clase, la incorporación de carreras ilegales, de la Misión Sucre sin tomar previsiones, dejar la seguridad en manos de “criminales”, abarrotar hasta con 100 alumnos aulas sin capacidad, detener ascenso de 100 profesores, no reunir requisitos mínimos para ser rector, intentar eliminar la Unellez separando sus cuatro núcleos -o vicerrectorados- (Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes) para convertirlos en universidades “socialistas”; incremento de la violencia y la inseguridad; violación de las normas para designación de jefes de cátedras (programas y subprogramas) y hasta dar ruedas de prensa desde la sede del Psuv.
Seguir la pista:
Pero esa lista no es tan elocuente como conversar con la docente Acosta y escucharle decir: “Acabo de recibir un acta de una profesora que señala que ya no puede seguir dando clases en un salón donde todos los días encuentra excrementos humanos y orine. Es muy triste lo que está pasando en la universidad”.
Acosta ilustra aún más: “El rector anterior se jactaba de que la Unellez tiene 58 mil estudiantes. Sí, pero están en la misma infraestructura de siempre. Aquí no se ha construido ni un pabellón nuevo, los salones están destruidos y los estudiantes se pelean por una silla”.
El Programa de Educación -es decir, la carrera- es hoy uno de los ejemplos más patentes de todo lo que señalan en el gremio. “El jefe del Programa no es profesor de planta”, dice Acosta: “Nombra a dedo a los jefes de subprogramas (materias) pasando por encima de la normativa, no sabe ni cómo se llevan los ascensos, no hay control de los horarios, no sabe si se vulneran o no los contenidos programáticos. Estamos pidiendo su salida desde el año pasado y algunos profesores han dejado constancia de los atropellos de este señor que se llama Francisco Caballero y que se siente respaldado por su militancia en el Psuv”.
El incremento en el número de profesores contratados es calificado de alarmante. De acuerdo a la Apunellez, son alrededor de 5 mil frente a poco más de 700 docentes de planta, incluyendo a 300 jubilados. Esa, señalan, es un arma política: la contratación que no obedece a necesidades reales, que vulnera las normas y que con demasiada frecuencia se le otorga a gente que no cumple con el perfil universitario.
Y eso no es todo: “Los profesores de planta que no tengan asignaciones especiales, dice el reglamento, deben tener hasta 12 horas de carga académica. Pero aquí hay contratados a quienes les asignan hasta 14 y 18 horas de clases, mientras dejan a los de planta con 3 o 4 horas”, señala Acosta, papeles en mano. Los profesores de planta cobran un salario fijo, mientras que el contratado recibe un pago por cada hora. Eso plantea un problema a futuro: el docente a tiempo completo podría ser llevado a contraloría por -en la práctica- incumplir su carga académica sin justificación. “Eso es corrupción”, sentencia: “Por otra parte, es cierto que hay contratados que merecen que se abran concursos y ser pasados a la plantilla de fijos, pero también hay otros que se presentan una vez y no vuelven más, o que cobran para pasar a los alumnos. El descontrol es terrible”.
El daño a la Unellez podría ser más profundo. De manera extraoficial, los directivos del gremio han recibido datos sobre una auditoría al Arse que arrojó al menos seis casos de graduados que nunca pisaron un aula. Según Acosta, algunos implicados han puesto sus cargos a la orden. Si hay voluntad, aclarar la situación y encontrar a los responsables sería relativamente sencillo. Pero hasta ahora la única respuesta del rector Angel Deza ha sido exigir a la Apunellez que muestren pruebas de que alguien ha pagado para aprobar materias. Y eso, se sabe, no suele dejar rastros visibles como los que sí dejan las operaciones electrónicas en el Arse.
Por: Oscar Medina
Educación | Política
EL UNIVERSAL
