“Con jueces miedosos todos estamos
en peligro de prisión y de muerte”
■ Advierte que sin independencia judicial no hay democracia.
■ Afirma que el responsable de la crisis carcelaria es el Ejecutivo.
■ En contra de la negociación con los pranes, señala que del conflicto en Rodeo sólo quedan dudas.
■ La magistrada asegura que los ciudadanos no tienen garantía
■ La magistrada asegura que desde el Tribunal Supremo de Justicia se imparten instrucciones a los jueces penales sobre cómo deben decidir.
■ “Con jueces miedosos y dispuestos a complacer al que detenta el poder político o económico, todos estamos en peligro de prisión y de muerte”.
Hace 36 años la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León inició su carrera judicial como defensora pública de presos. “Uno de mis defendidos me dijo que tenía que pagar por dormir en un escalón del Retén de Catia. Tres décadas después, la variedad de negocios en nuestras prisiones se ha sofisticado al extremo de lo que hemos visto en Rodeo: una cárcel gobernada por los reclusos y unas autoridades incapaces de recuperar el control”.
Mármol de León afirma que el principal responsable de la crisis penitenciaria es el Ejecutivo nacional: “Aún si los jueces penales actuaran con diligencia para evitar el retardo procesal, no está en sus manos evitar el riesgo de morir por la extrema violencia en las prisiones venezolanas.
Por ejemplo, si el juez ordena el traslado de un preso al tribunal, pero no hay transporte, queda atado de manos. Los diagnósticos están hechos desde hace mucho tiempo, lo que hace falta son decisiones coherentes del Gobierno”.
— ¿Cómo califica el manejo gubernamental de la crisis en el complejo penitenciario Rodeo?
– No estoy de acuerdo con las negociaciones con los llamados pranes.
— Otra intervención militar habría causado una masacre.
– Eso deja al descubierto otro problema: ¿es que acaso los militares no están en capacidad de restablecer el orden en una cárcel sin provocar un derramamiento de sangre?
– Rocío San Miguel había advertido la posibilidad de fuga de los promotores del motín.
– Al final sólo quedan dudas: no sabemos cuántos murieron ni cuántos se escaparon.
¿Cómo se explican las fugas si la zona estaba acordonada? ¿Cómo se explica que sólo hasta ahora se hayan dado cuenta de que decenas de reclusos debían estar en libertad? Los jueces penales no sabemos si cuando condenamos a un hombre a tres meses de cárcel también lo estamos condenando a muerte, porque en Venezuela la prisión es una condena a muerte aleatoria.
— Los jueces de ejecución podrían trasladarse a las cárceles y agilizar los procesos.
– No podemos olvidar que la mayoría de los jueces venezolanos están atemorizados. Repitiendo lo que decía Couture, el jurista uruguayo: En el país donde los jueces tienen miedo los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. En Venezuela nadie puede dormir tranquilo y el que lo hace es porque no ha reflexionado sobre la gravedad del deterioro de la administración de justicia, porque no se ha dado cuenta de que con jueces miedosos y dispuestos a complacer al que detenta el poder político o económico todos los ciudadanos estamos en peligro de prisión y de muerte.
Ningún ciudadano tiene garantías de que un juez va a respetar sus derechos. Recordemos que si un juez acuerda la libertad de una persona que el Gobierno quiere mantener presa, puede ser destituido y hasta encarcelado, como la jueza María Lourdes Afiuni. La mayoría de los jueces no tienen fortaleza profesional ni ética para administrar justicia, y no vacilan en entregar la libertad de una persona a cambio de su permanencia en el cargo.
– Rafael Chavero y Laura Louza son los autores de dos libros recientes en los que concluyen que en la última década ha habido una involución en el Poder Judicial, ¿qué opina?
– La involución ha sido tal que los presidentes de los circuitos judiciales penales reciben instrucciones para que las hagan llegar a los jueces sobre cómo tienen que decir.
– ¿Quiénes dan esas instrucciones?
– Desde el Tribunal Supremo de Justicia. Así me lo han dicho.
— ¿Si no existe un Poder Judicial independiente puede haber Estado de Derecho?
– Imposible. No hay Estado de Derecho porque no hay autonomía e independencia de los poderes públicos, que es imprescindible en democracia. En Venezuela tenemos menos democracia porque tenemos menos jueces independientes.
— ¿Qué esperar de los jueces si la mayoría de los magistrados del TSJ admiten que están comprometidos políticamente con el Gobierno?
– Las máximas autoridades del Poder Judicial no pueden estar comprometidas con ningún gobierno ni con ninguna ideología política.
— Se ha denunciado el uso del sistema judicial como instrumento de persecución política.
– Absolutamente cierto. Lo acabamos de ver con la sentencia contra Oswaldo Álvarez Paz. El objetivo es criminalizar la disidencia.
– Las autoridades del TSJ proclaman la ética socialista, pero se aumentan el sueldo mediante un bono de alimentación, aparentemente, al margen de la ley.
– Considero que la Ley de Emolumentos es inconstitucional, pero está vigente y hay que cumplirla. Nuestro sueldo quedó reducido a 12.000 bolívares mensuales y ello ha causado situaciones absurdas. Por ejemplo, un asistente de magistrado gana más que el magistrado y un magistrado jubilado gana más que uno activo.
— ¿Qué sueldo mensual devengaba usted antes?
– Un básico de 30.000 bolívares y la prima correspondiente a la antigüedad.
— ¿Y el presidente del TSJ?
– Sé que gana más, pero no cuánto.
– ¿Qué opina de la despenalización del delito de abuso de autoridad, mediante la reforma de la Ley contra la Corrupción?
– El abuso de autoridad debe ser penalizado, sobre todo en un país donde es tan recurrente.
— ¿Que un magistrado se aumente el sueldo por encima de los límites establecidos en la ley constituye un abuso de autoridad?
– Podría ser.
Contra la censura:
Blanca Rosa Mármol de León se ha distinguido por decir lo que el resto de los magistrados callan. Lo dice en sus sentencias, pero también ante la opinión pública.
A veces funge como una corresponsal de prensa y comparte con los reporteros las dificultades derivadas de la cerrazón informativa en fuentes oficiales. Por ejemplo, no le permiten conceder entrevistas en su oficina y los empleados de prensa se suman a las labores de los militares para cerrar el paso a los reporteros. Martín Pacheco, que se identificó como asesor del TSJ, se limitó a decir: “Son órdenes de la junta directiva. No pueden pasar”.
La magistrada asegura que nadie la podrá silenciar. Recuerda que cuando tuvo al presidente Hugo Chávez de frente le dijo: “En 2012 nos vamos los dos, usted de Miraflores y yo del TSJ”.
Ficha personal:
· ABOGADA PROFESORA UNIVERSITARIA
· MAGISTRADA DE LA SALA PENAL
· DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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