Exigen publicidad de
declaraciones juradas

“La reforma de la Ley contra la Corrupción no puede abrir espacios para la corrupción”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, frente a la propuesta de despenalizar el delito de autoridad que promueve el oficialismo y que está en proceso de consulta pública.

De Freitas explica que para el mejor uso de lo público con fines colectivos y no particulares se requiere una ley anticorrupción más eficaz, particularmente si se toma en cuenta el crecimiento del aparato burocrático del Estado.

En Venezuela, indicó la vocera de Transparencia Venezuela, los organismos públicos cada vez son más, el número de ministerios ha aumentado y, por tanto, el de funcionarios también ha crecido. Si también se considera el incremento de los ingresos por el alza del precio del barril de petróleo a más de 100 dólares, se tiene que concluir que es necesario afinar los mecanismos de fiscalización y control.

Entre otros procesos clave, mencionó la inspección y contraloría sobre los funcionarios públicos, la administración de los recursos de Estado y el seguimiento de los sistemas de procedimiento.

“Las declaraciones juradas de patrimonio es uno de los puntos más relevantes e importantes a debatir sobre esta ley”, señaló De Freitas.

Recordó que Venezuela es signataria de Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos internacionales, en virtud de los cuales se ha recomendado al Estado dar la mayor difusión posible a las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios. “Sin embargo, la contralora general de la República, Adelina Rodríguez, se opone a que la declaración jurada de bienes sea un documento público”.

Propuestas:

De Freitas explicó que la declaración jurada de patrimonio del funcionario debe alcanzar el escrutinio de los bienes de sus familiares y de personas relacionadas con el mayor detalle sobre las transacciones realizadas el respectivo año, con el objetivo de verificar si hay cambios sustanciales. “Eso es un requisito fundamental para el combate de la corrupción en la administración pública”, insistió.

También propuso garantizar recursos humanos y materiales suficientes a los organismos encargados de la evaluación de las declaraciones juradas de patrimonio, de manera que se puedan realizar un control a cabalidad.

Considera que el ingreso de funcionarios a la administración pública debe ser supervisado con más rigurosidad. Mediante concursos de oposición públicos y abiertos, se podría optimizar el proceso de reclutamiento y selección, y sobreponer los méritos para ejercer cada cargo por encima de cualquier otra consideración.

Debe haber claridad sobre los criterios utilizados para la selección del personal y, en este sentido recomendó analizar la fórmula empleada por países como Brasil, cuyo sistema de control de declaraciones juradas, del ingreso por concurso de los funcionarios y de la evaluación de desempeño con los cuales cuenta la administración del Estado federal “es de una transparencia y eficiencia comprobada”, aseguró.