Despenalizar abuso de autoridad
aumentará la impunidad

■ La reforma de la Ley contra la Corrupción promovida por el oficialismo está en consulta.

■ La contralora general Adelina Rodríguez se opone a que la declaración jurada de bienes sea un documento público.

■ La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional había acumulado 900 expedientes sobre irregularidades en la administración pública, pero la mayoría fue desechada.

■ El proyecto que el oficialismo promueve en todo el país elimina el castigo estipulado en la ley para los funcionarios que cometan excesos en el ejercicio de sus atribuciones y, en particular, en el manejo del patrimonio de la nación. “Las arbitrariedades deben ser sancionadas, especialmente en un país donde el sectarismo político es tan frecuente”, dijo el penalista Alberto Arteaga Sánchez.

Si usted, en un futuro, es agredido por un funcionario es probable que sólo pueda formular una denuncia, pero la irregularidad no sería sancionada. ¿Por qué? La reforma de la Ley contra la Corrupción, que debate la Asamblea Nacional, propone despenalizar el abuso de autoridad.

Antes, ese delito estaba establecido en el Código Penal y en la Ley de Salvaguarda, que sufrieron cambios, y la norma se incorporó en 2003 en la Ley contra la Corrupción, artículo 203, como “abuso genérico de autoridad” con fines de lucro. Luego, la Ley contra la Corrupción fue modificada, si bien quedó el delito (artículo 67) se eliminó el agregado “con fines de lucro”.

El actual Parlamento comenzó la consulta pública del proyecto anti-corrupción y deja fuera ese artículo.

El penalista Alberto Arteaga Sánchez señaló que la disposición tenía tradición en la legislación venezolana. “Figura desde hace 100 años en el marco jurídico y permitía combatir el abuso de poder, una expresión que afecta al ciudadano no cuando se comete un acto de corrupción o enriquecimiento que lesiona el patrimonio, sino en su condición de ser humano si es objeto de una medida política. Lamentablemente, eso sería derogado si se aprueba la reforma”.

Arteaga expresó su preocupación porque los funcionarios actuarían con impunidad. “Estoy en absoluto desacuerdo con la eliminación del delito de abuso genérico de funciones, restablecido por la ley de 2003 después de que la Ley de Salvaguarda lo sancionaba solo con fines de lucro. La arbitrariedad de un funcionario debe ser sancionada, especialmente en un país donde el sectarismo político es tan frecuente”.

Proyectos que caminan. La reforma recorre el país y los diputados del PSUV “venden” la idea de una legislación que incluye otras penas.

“Más severas”, advierte Jesús Montilla, presidente de la Comisión de Legislación de la Comisión de Contraloría del Legislativo. Esta semana el proyecto será presentado en Barinas; luego, al bloque oriental en Anzoátegui y al centro-occidental, en Zulia.

Montilla destacó que el proyecto controlará los fondos de los consejos comunales, aspecto apoyado por Arteaga y por el diputado de La Causa R, Andrés Velásquez. “Lo más importante es el control a todo el que administre fondos públicos, incluyendo a los consejos comunales”, dijo Arteaga. Sin embargo, alertó que la corrupción no se enfrenta con una ley. “No se puede por manía magnificar la ley y pretender que resolverá los problemas.

Las leyes son necesarias, pero no son suficientes. En 2002 se cambió la ley anticorrupción y se derogó la Ley de Salvaguarda y hoy, ¿cuál es el saldo? En 1982, los diputados se abrazaron cuando sancionaron la Ley de Salvaguarda y nada cambió.

Las normas sólo han servido para que los gobiernos pasen facturas y los partidos impidan las acciones penales, con la excepción de Acción Democrática que castigó a Carlos Andrés Pérez”.

En 1992 Pérez fue juzgado por presunta malversación de 250 millones de bolívares y sacado del poder. Arteaga defendió al ex presidente porque entiende que hay delitos, como malversación genérica y calumnia, que pueden conllevar penas leves en determinadas ocasiones, pues no lesionan el patrimonio como para destituir o sacar a alguien del poder.

“La corrupción -indica- no se combate con una ley, nuevos tipos delictivos, ni incremento de penas. Se combate con voluntad política afincada en un cambio de mentalidad que en verdad censure o repruebe el aprovechamiento ilícito de fondos públicos y enjuicie a los responsables de graves hechos de asalto a la cosa pública, sin complicidades automáticas ni chivos expiatorios”.

Cita la aprobación de un bono de alimentación por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como una irregularidad que forma parte de la cultura. “Lo central no es ley sino la mentalidad de viveza criolla que evidenció el TSJ. La ley hecha trampa. El problema es que la connotación del corrupto es hasta positiva. Si un funcionario roba es reconocido; quien no lo hace es tonto.

La tendencia es aprovecharse del cargo, un abuso de poder”.

Andrés Velásquez señala que “no bastan leyes, sino voluntad para atacar la corrupción, pues cuando un funcionario público se apropia indebidamente de recursos públicos, no sólo afecta a todo el país, sino a sectores empobrecidos y excluidos, pues cada bolívar que se roba es un bolívar que no llega a un hospital, una escuela, o a una carretera en mal estado”.

Arteaga discrepa del Parlamento, que califica de imprescriptibles todos los delitos de corrupción, es decir, no vencen y se pueden investigar, juzgar y sancionar sin límite de tiempo.

Explicó que hay irregularidades como la malversación genérica por el uso de una partida para atender otro problema social, la calumnia y la estafa, que no afectan al patrimonio público y menos a la humanidad y, en consecuencia, puede ser objeto de penas menos graves.

“La figura de la imprescriptibilidad debe estar reservada a hechos de gravedad que afecten a la humanidad, como el genocidio”.

Contraloría teme por privacidad:

La Contraloría General pondera aspectos de la reforma anticorrupción, entre esos que los funcionarios declaren los intereses que ganen en bancos. Sin embargo, la titular encargada, Adelina González, propone se tipifiquen los delitos de soborno transnacional y blanqueo de productos del delito ­como están en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Mundial contra la Corrupción-; la inhabilitación por conflicto de intereses de forma que no sea calificado con acción penal y que se elimine el término “probidad administrativa” y en su lugar se hable de “ética pública y moral administrativa”.

Acerca de la declaración de intereses propone que no sea corroborada como la declaración de bienes. “Si las declaraciones juradas de patrimonio serán del conocimiento público podrá solicitarlas la AN, pero por seguridad de Estado, y derecho a la privacidad de las personas, no puede venir cualquiera a pedirlas”, advirtió.

Sugiere cambiar el artículo 17 sobre la rendición de cuentas por pasajes y viáticos, de manera que no sólo se precisa el uso de los fondos sino el resultado de gestión. Rechaza la idea de establecer responsabilidades política y militar porque la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera establecen que “estarían limitadas a un ámbito de la población”.

Involucrado en caso de cabillas administró campaña del PSUV

La Comisión de Contraloría del Parlamento totalizó 900 expedientes sobre hechos de corrupción, la mayoría desechados porque llevaban 3 y 4 años sin investigación. La Subcomisión de Empresas Básicas, por ejemplo, cerró 50 casos.

“Carecían de elementos de convicción o pruebas. Fueron cerrados luego de una revisión con lupa”, afirmó el presidente de la subcomisión, Andrés Velásquez, que averigua casos de la Corporación Venezolana de Guayana y se topó con el caso de las cabillas.

“Esa investigación está a punto de ser paralizada.

El principal responsable, Luis Velásquez Rosas, tiene padrinos políticos como el gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez y el ex ministro Rodolfo Sanz, que se mueven para evitar un juicio. ¿La razón? Velásquez Rosas fue el responsable de las finanzas del PSUV en la campaña de Rangel Gómez en 2008, según consta en libros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el gobernador fue electo con reales de las cabillas. Es como si un narco financiara la campaña”, afirma Velásquez.

El diputado de La Causa R lamentó que Rangel Gómez en lugar de inhibirse ha salido en defensa de Velásquez Rosas, que está preso. “El gobernador tiene poder para que el caso se silencie en Bolívar. El Correo del Caroní y El Vene- zolano son los únicos que informan sobre el caso. La dirigencia del PSUV que acusaba a Velásquez Rosas enmudeció. Este obtuvo su fortuna luego de haber sido gerente de Sidor, interventor de Orinoco Iron, Matesic (Briqven), Alcasa, aduanas portuarias, Cemento Venezolano, y de la sociedad con el yerno del gobernador. En 5 años, luego de haber sacado un postgrado en España, hizo una fortuna”.

Andrés Velásquez cree que no hay voluntad política para atacar la corrupción.

“Este mal se ha convertido, sin duda alguna, en un tumor maligno que tenemos que extirpar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.

Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
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